Informalidad

El gasto gubernamental se incrementó de manera significativa durante la pandemia generada por el Covid-19, cuyos recursos se utilizaron para sector salud e incentivar la actividad productiva; esto significo que, en los países de América Latina y el Caribe, incluyendo a México, el déficit fiscal alcanzará un promedio del 5% del PIB y la deuda pública representa el 70% del PIB. Esta grave situación financiera requiere tomar decisiones fiscales que contribuyan a incrementar los recursos gubernamentales.

El informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2022 propone un conjunto de recomendaciones de política pública para fortalecer las finanzas públicas. Según este informe, el área prioritaria que se requiere atender es la actividad económica informal, la cual no solo daña la seguridad social de los trabajadores, sino también a los ingresos públicos gubernamentales. La actividad económica informal en México a finales de 2021 fue del 55.8% y en San Luis Potosí de 54.3 %.

En la economía informal, las empresas y actividades laborales individuales operan al margen de la ley, por lo que no pagan impuesto, sus trabajadores no tienen acceso a la salud, vivienda y otras prestaciones laborales, por lo que se ven muy afectados en su calidad de vida. Para el gobierno tiene una doble problemática, por un lado, enfrentar a la evasión fiscal, y por el otro se incrementa la demanda de apoyos sociales para hacer frente a la precariedad en la que viven millones de personas en México.

La pandemia incrementó la informalidad, numerosos empleos formales se cancelaron, en otros se redujeron los sueldos, mientras que los empleos informales fue la manera como se enfrentó los efectos económicos generados por la pandemia; miles de trabajadores se emplearon como repartidores de comida, compras realizadas en tiendas comerciales y mercados, así como compras realizadas en línea. Con ello se agravó un problema estructural de la economía mexicana, pero fue la única manera de hacer llegar ingresos al hogar.

La inexistencia de datos confiables sobre la actividad económica informal hace difícil el cobro de impuestos por parte del gobierno; no se sabe quiénes son ni cuál es el monto de sus ingresos, por lo que no se puede cobrar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado en el caso de las transacciones comerciales, las cuales se hacen en efectivo y sin comprobantes. Estos actores económicos no contribuyen al gasto público, pero si se ven beneficiados del gasto aplicado en bienes públicos, los cuales se caracterizan por la no rivalidad y la no exclusión.

Las decisiones de política pública para combatir la informal giran en torno a contar con información sobre sus actividades y transacciones económicas; por lo que la estrategia es recabar datos confiables, elaborar padrones actualizados; sin embargo, el principal obstáculo son los gobiernos locales, quienes son los principales impulsores de la informalidad, ya que son sus instrumentos operativos en tiempos electorales, son quienes reclutan personas para asistir a los mítines políticos y los que acarrean personas a ejercer el voto el día de las elecciones.

La solución debe venir desde el gobierno federal, mediante la digitalización de las actividades y transacciones, economías, la automatización de los trámites, así como reduciendo el dinero que circula en la economía; en colaboración con los bancos se pueden generar incentivos para que más transacciones comerciales se realicen con tarjetas de crédito y débito, con ello, se podrán hacer cruces de ingreso, consumo y patrimonio de los consumidores. No es justo, que por motivos políticos la carga fiscal se concentre solo en los trabajadores formales de la economía.

En resumen, la pandemia incremento la economía informal, redujo los ingresos gubernamentales, pero también incremento el gasto público; el déficit fiscal y el endeudamiento afecta a la sociedad en su conjunto; se requieren decisiones que contribuyan a incrementar la calidad de vida de los trabajadores informales y que el cobro de impuestos no se concentre en pocos trabajadores formales; la decisión es política y requiere de un sistema de datos que crucen ingresos y gastos de los contribuyentes. Próxima colaboración: 13 de julio de 2022.

@jszslp