¿JUSTICIA O SIMULACIÓN?

Pese a que aún se encuentra en sus etapas preliminares, el caso del antro Rich ha adquirido ya una gran importancia como precedente disuasorio de malas conductas tanto públicas como privadas, que ojalá no se vea malogrado, echado a perder, por las autoridades que lo procesan.

Por lo que al primer punto se refiere, resulta obvio que la aplicación de sanciones penales a los presuntos responsables ya enjuiciados, que no son los únicos, constituye un potente mensaje de advertencia para quienes hagan mal las cosas en esa clase de actividades, sean particulares o funcionarios públicos.

En cuanto al segundo, los motivos de optimismo, aliento y encomio que significan la rápida y eficaz actuación de la Fiscalía General del Estado y los primeros fallos del Poder Judicial, que implican la permanencia en la cárcel cuando menos por varios meses más de tres de los presuntos responsables, ojalá y no se transformen en frustración y enojo colectivo si a poco andar la recta aplicación de la ley se desvía y comienzan a aparecer componendas miserables.

Las suspicacias respecto de posibles desviaciones a la legalidad para favorecer interesadamente a involucrados no son gratuitas ni fantasiosas. En más de una ocasión este gobierno -del que forman parte de una u otra manera la Fiscalía y el Poder Judicial- ha mostrado que se conduce más con espíritu centavero que justiciero. Así lo acredita, entre otros varios, el caso de la doctora Mónica Rangel, quien, como se recordará, después de haber desviado o malversado cientos de millones de pesos en la Secretaría de Salud recuperó su libertad, luego de unas cuantas semanas en un cuarto de hospital en vez de una celda, por haber reintegrado a las arcas estatales miserables 21 millones de pesos.

Con una administración tan gastalona y financieramente caótica como la gallardista, no es ningún despropósito asumir que una buena oferta económica en la modalidad que sea puede rápidamente abrir las rejas de la prisión.

El potente mensaje preliminar mencionado líneas arriba, puede simplificadamente enunciarse así: “Si dañas a mis hijos, seas empresario, funcionario o gestor, pasarás largo tiempo en prisión”. El temor más que justificado es que a poco andar se convierta en un “Si causas daño a nuestros hijos, pero te pones a mano con una buena lana, te vas pronto”.

En esta coyuntura la llegada de Manuelita García Cázares a la Fiscalía abre espacio a un razonable optimismo sobre la actuación de esa institución, más allá de la desaseada manera como fue llevada al cargo por el estilo atrabiliario del gallardismo.

Desde otra óptica, quienes han comenzado a sembrar dudas sobre la honestidad y acierto de su actuación son el Ejecutivo estatal y el Ayuntamiento de la Capital. Eso de que los funcionarios de ambos niveles involucrados de una u otra manera en la permisividad que propició la tragedia del Rich se beneficien de que las investigaciones del caso y el consecuente fincamiento de responsabilidades queden en manos de sus respectivas contralorías, tiene mucho de burla cínica y cruel.

Mínimamente, los titulares de la Dirección de Gobernación y la Coordinación de Protección Civil del estado, así como los de Comercio y Protección Civil municipales, junto con varios de sus inspectores y colaboradores, en unas administraciones decentes ya estarían suspendidos en sus cargos y puestos a disposición de la autoridad ministerial. Cero injusticias, pero también cero complicidades.

Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos harían mal, muy mal, si el categórico mensaje colectivo de “Si dañas a mis hijos lo pagarás muy caro”, lo sustituyen por el de “deja ver qué dicen los oscuros y obedientes burócratas de mi contraloría y luego te aviso a ver cuántos oficios y a quiénes tengo que mandar”.

Si el bienestar de nuestros hijos y nietos, esparcimiento sano, seguro y sin abusos incluidos, no preocupa y mueve a la búsqueda de justicia a nuestras autoridades, estamos jodidos, muy jodidos. Y si eso ocurre y nada hacemos o por lo menos decimos, merecido lo tendremos.

VOCACIÓN

DE BURROS

 Ese asunto de la extinción del Interapas que en apariencia promueven los diputados oficialistas, pero que todos sabemos de quién es la mano que mece la cuna, comienza a adquirir tonalidades extrañas, raras.

Más de una semana después de conocerse la iniciativa de decreto que dispone la desaparición del Interapas, es hora que varios de los protagonistas principales no dicen esta boca es mía. Ni siquiera los catorce legisladores que la suscriben, excepto su capataz El Chiquis; ni el verdadero papá de la criatura, Gallardo Cardona; ni los más directamente aludidos como son los alcaldes actuales, los electos y el reelecto de San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro, y ni siquiera el director general del organismo intermunicipal. Y ni qué decir del esfumado director de la Comisión Estatal del Agua. Todo mundo mirando para otro lado. 

En vista de esas extrañas ausencias, que ningunas vacaciones o misiones comerciales explican pues con la tecnología actual para efectos de presencia en la opinión pública lo mismo da estar en Kazajistán que en la esquina, conviene esperar un poco a que se fijen posicionamientos y, de preferencia, que se expliquen las razones de los mismos. Asumo la conveniencia de cautela porque con los elementos disponibles hasta el momento no me queda claro si es un agandalle del gallardismo contra los ayuntamientos, un arreglo top secret entre todos o parte de ellos; el poco probable lance descontrolado de los diputados oficialistas o qué carambas. 

En espera de que sepamos realmente de qué se trata, lo que sí ya está muy claro es que, si el proyecto avanza hasta su aprobación en el Pleno del Congreso, nuestros infatigables (para hacer tonterías) legisladores estarán reforzando su récord, que no me extrañaría fuera nacional: el número de veces que determinaciones suyas han sido echadas por tierra por tribunales federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluida.

No garantizo la exactitud de la estadística porque los registros oficiales son poco confiables, si no es que algo chapuceros, pero no menos de diez veces nuestra actual Legislatura ha sido jurídica y políticamente vapuleada. La tendencia es a registrar como decisiones adversas de la judicatura federal únicamente lo que tiene que ver con reformas legales invalidadas, pero también deben contarse casos como la suspensión de su inhabilitación a Alfredo Lujambio. 

En resumen, es difícil encontrar en el escenario nacional una Legislatura estatal que, en la docta, fundada e inapelable determinación de tribunales federales, haya cometido tantas burradas.

A lo que voy es que más allá de las razones profundas de esas ganas de esfumar al Interapas, y aun en el hipotético caso de un entendimiento enigmático entre autoridades estatales y municipales, todo apunta a que lo único que conseguirán nuestros necios diputados y nuestras obcecadas diputadas es que meses adelante la Corte les ponga otra madriza, a la que bien podría acompañar una nota a pie de página con la leyenda “¿Pero por qué carajos no entienden?”

El espacio se me ha reducido para entrar en una detallada explicación jurídica. Por ahora solo permítanme decirles que he conversado con media docena de abogados expertos en derecho constitucional, derecho administrativo y materias por el estilo, y no he encontrado uno solo que le vea viabilidad al proyecto.

Aprovecho las líneas que me quedan para llamar la atención sobre una variable que flota en el aire y que resulta un tiro por la culata: una revisión experta, imparcial, exhaustiva y honesta, conduciría fácilmente a la conclusión de que en buena medida los quebrantos y dificultades financieras que padece el Interapas tienen sus orígenes desde hace unos 15 años, que incluyen los mandatos de Ricardo Gallardo Juárez en los ayuntamientos de Soledad (2009-2012) y de esta capital (2015-2018), así como el trienio compartido entre Ricardo Gallardo Cardona y José Luis El Chiquis Fernández en el vecino municipio (2012-2015).

Una última cuestión: el principal argumento de los autores de la iniciativa para sustentar la desaparición del Interapas es que presenta “deficiencias o irregularidades en la prestación del servicio”. Vamos suponiendo sin conceder que tal imputación sea cierta, nuestros diputados y nuestras diputadas no pueden fingirse tan desinformados(as) e ignorar que por lo menos 55 de los otros 57 organismos operadores de los sistemas de agua potable de los demás municipios están radicalmente peor que el que quieren extinguir. Es decir, ¿son o se hacen? ¿O los van a desaparecer a todos? ¿Y luego?

COMPRIMIDOS

En lo que a nuestro quehacer político en general se refiere, qué tiempos tan feos estos. Lo que Sara Rocha y Alito Moreno, energúmenos ambos, intentaron hacer contra Edmundo Torrescano -expulsarlo del PRI para eliminarlo como oposición interna- es fascismo puro. No se trata de convencer o de vencer en buena lid a tus adversarios políticos. Se trata de eliminarlos, de sacarlos de la arena. Fascistas y cobardes.

En un par de meses se cumplirán dos años de que el gobernador Gallardo Cardona viajó en gira de promoción económica a Líbano y Arabia Saudita. Como que ya va siendo tiempo de preguntar correcta y respetuosamente qué resultados ha dado ese periplo. A raíz de esas visitas ¿qué nos han comprado o ya de perdido que nos han vendido? ¿Hay alguna inversión emprendida? Quizá del reino Saudí, porque Líbano anda con muchas dificultades financieras. Las interrogantes son oportunas ahora que está a punto de concluir el viaje promocional a Armenia, Qatar y quién sabe qué más.

Saber colgarse medallas ajenas es todo un arte que requiere habilidades y características no comunes. Lo acabamos de ver con el indulto a Sanjuana Maldonado, presa desde hace 15 años, hasta el jueves pasado. Su caso fue conocido por la organización no gubernamental Perteneces hace dos años, cuando Sanjuana estaba internada en la cárcel de Ciudad Valles, cuya directora había estudiado su expediente y llamó la atención sobre el mismo a los abogados del organismo civil. Los trámites específicos para el indulto se iniciaron en febrero pasado, sin contar en ningún momento con ningún apoyo oficial. Y ya vio usted quién resulto el Chanoc de la película. Me cai que es enfermedad.

Cada día estoy más convencido de que el fenómeno político más fascinante que nos va a tocar vivir en el futuro cercano es el de la definición de los términos reales y efectivos de la relación entre Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador. Lo delicado y riesgoso es que no se trata de un asunto entre particulares sino entre los dos principales actores de nuestra vida pública que, o nos beneficia o nos perjudica, y mucho, colectivamente.

Hasta el próximo jueves.