Juzgar a ex-presidentes
El 1 de agosto próximo se llevará a cabo una consulta nacional para determinar si es voluntad del pueblo mexicano juzgar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en su carácter de ex-presidentes de México. Aunque la pregunta que, finalmente, aparecerá en la boleta no refiere a estos personajes por sus nombres, queda claro que se trata de ellos y el período de tiempo que abarca los sexenios que gobernaron, esto es, de 1988 a 2018, toda vez que la pregunta inicial propuesta sí los contemplaba pero fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para precisar el objetivo último de tal ejercicio, orientado a reparar agravios de “posibles víctimas”.
La pregunta original estaba formulada en los siguientes términos: “¿está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y, en su caso, sancionen la comisión de delitos de los ex-presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus gestiones?”; en tanto que la pregunta que aparecerá en la boleta queda así: “estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
De 1988 a 2018, nomás treinta años en que los gobiernos señalados podrían dar cuenta de un amplio cúmulo de agravios que han quedado en la memoria colectiva del pueblo mexicano y que, ya se ha planteado en este espacio, fueron el acicate para que, siguiendo la famosa metáfora de Walter Benjamin, la sociedad mexicana metiera, en 2018, el freno de emergencia a esa locomotora de la historia que abarca esos años y que se había vuelto trágica para la mayoría en términos de violencia económica, política y social por los desatinos propiciados por unos cuantos que, además, no han cesado de seguir entrometiéndose en el derrotero de la vida pública mexicana, como si sus pretendidos liderazgos gozaran de una legitimidad incuestionable, ilimitada.
Pero, por definición, un liderazgo “perfecto” es el que conlleva su disolución, “cuando el que lo ejerce llega a aquel momento en el que, el que lo cumple con responsabilidad, sabe que el pueblo está preparado para prescindir de él por la participación institucionalizada efectiva” (Enrique Dussel, “Carta a los indignados”, La Jornada Ediciones, 2011, p. 83). Los ex-presidentes en mención, evidentemente, adolecen de esta condición y no digieren que la mayoría del pueblo mexicano los tenga, incluso desde antes de la consulta a realizar, en el banquillo de los acusados, nada más, para empezar, porque no han entendido que son ya un pesado lastre que, por su recurrente intromisión, aún se tendría que soportar.
Por lo anterior, el ejercicio de participación popular que implica la consulta para “juzgar a los injustos” como dijera Eduardo Moshes, es necesario en la medida en que “garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas” cuestiona toda esa moral vigente de la época en que gobernaron los ex-presidentes señalados y que nunca movieron un dedo para evitar que se redujera esa moral a una representación clásica del famoso “árbol que da moras”.
