La ley de los caudillos
La comparación que hizo el presidente López Obrador entre la actual gestión de la ministra Norma Piña y la del ministro Arturo Zaldívar, definiendo un retroceso en la calidad del trabajo que hoy se realiza en el Poder Judicial, evidencia un conflicto.
El grave reproche que hizo el presidente López Obrador al juez que exoneró al exgobernador de Tamaulipas Cabeza de Vaca y la amenaza de investigarlo lleva implícito un reclamo a la ministra Piña por no controlar a los jueces.
Estos reclamos evidencian un grave conflicto entre estos dos poderes: el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Uno que pretende el control y el otro que defiende su legítima autonomía.
En un país donde prolifera la impunidad en la aplicación de la justicia frente al delito, esta narrativa presidencial destruye la autoridad moral del gobierno y la vigencia del Estado de Derecho, induciendo a las masas a la aplicación de la justicia por propia mano.
Sin embargo, en los países altamente civilizados, durante el último siglo la sociedad ha evolucionado hacia la institucionalización de las estructuras responsables de impartir justicia. Esta representa la mayor garantía de protección que tiene el ciudadano. Por ello este conflicto se vuelve preocupante.
Desde que asumió al cargo de presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña ha resentido una campaña de desgaste por parte del presidente López Obrador, quien desde la mañanera intenta desprestigiar su liderazgo y su desdén hacia ella queda manifiesto frente a un tuit que se ha convertido en un escándalo, donde desde la cuenta del usuario @vicaponch se exhibió una amenaza: “Si la ministra Piña es un problema, una bala es la solución”. A esta grave amenaza, el Presidente simplemente respondió argumentando que no descarta que los autores del tuit hubiesen sido los conservadores.
Los caudillos no pueden ejercer el poder autocrático si no es en el modelo paternalista, donde controlar la justicia representa la oportunidad de ejercer la facultad de castigar.
México ha sido desde siempre un país agraviado desde el poder, pues la autoridad del estado se ejerce generalmente con un toque patriarcal y autoritario, sustentado en el premio y el castigo.
Detrás del alto nivel de aprobación presidencial, contrastado con la ineficiencia gubernamental, hay un fenómeno psicosocial que no entendemos. Primeramente, son los resentimientos que anidan en el inconsciente colectivo de este país, que desde siempre se ha sentido agraviado e indefenso frente a las autoridades judiciales. Esto a su vez ha sido capitalizado por la narrativa reivindicatoria del presidente López obrador, quien —al desprestigiar al Poder Judicial— se pone del lado del agraviado y así fortalece su liderazgo. Hoy vemos que el Presidente ha designado como su enemigo al Poder Judicial, al cual pretende someter en nombre del pueblo agraviado.
El segundo aspecto a considerar es el estilo personalista de gobernar, de tipo paternalista. Frente a este halo invencible se rinde el ciudadano que desde su vulnerabilidad tiene “miedo a la libertad”. Así es como vemos que mientras la clase media manifiesta su vocación democrática —reivindicada este pasado domingo 26 de febrero con una manifestación multitudinaria—, el Presidente le habla a quien desde su sentimiento de vulnerabilidad prefiere una figura paternal poderosa que le garantice protección a cambio de que el individuo renuncie a su propia libertad.
Twitter: @homsricardo
(Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación)
