La mentalidad de albañiles de los gobernantes, esa que los lleva a convencerse de que la única manera de alcanzar el reconocimiento popular y pasar a la historia es pegando ladrillos, suele causar daños a los gobernados y en ocasiones verdaderos estragos. En semanas recientes citamos este punto de vista (cuya formulación original es del ingeniero Héctor Ruiz Elías), lo que motivó que algunos lectores amigos nos pidieran mayor explicación al respecto. Hoy revisaremos algunos casos concretos que ejemplifican y acreditan tal afirmación.
Desde hace años, cientos de miles de habitantes de esta zona metropolitana, particularmente de la capital, Soledad y Villa de Reyes, respiramos veneno. Sus fuentes son varias y variadas, incluido el parque vehicular y cierto tipo de industrias, pero hay una en particular, altamente nociva, que está bien identificada y localizada: las ladrilleras.
Según nuestras indagaciones, en la zona norte de la ciudad y el sur de Soledad existen alrededor de 150 ladrilleras, en tanto que en ejidos de Villa de Reyes, como Pardo y Laguna de San Vicente, existen otras tantas. Así, la gran mancha urbana queda a dos fuegos en cuanto a emisiones altamente contaminantes y muy, muy dañinas para la salud humana, especialmente la de los niños.
Teóricamente, los rústicos hornos de las ladrilleras deberían funcionar con leña, pero desde hace años encontraron combustibles más baratos en las llantas usadas, basura y cosas por el estilo. Sin embargo, de un tiempo a la fecha los estudiosos del problema, técnicos y científicos, han detectado que esos hornos están quemando materiales peligrosísimos, tales como desechos industriales y, ojo, aparatos electrónicos inservibles con todo y carcasas de plástico.
Así, en vez de que con los años se lograra mitigar esta seria amenaza para la salud colectiva, que ha llegado a niveles alarmantes, lo que ha sucedido en los hechos es que empeora. No hay manera de exagerar los estragos en la salud de cientos de miles de potosinos, sobre todo niños, insisto, que las ladrilleras y sus quemas indiscriminadas están causando.
¿Tiene solución este grave problema? Sí, no es ni fácil ni barata –habría que sustituir esos centenares de anticuados hornos por otros de gas, eléctricos o de aceites reciclados- pero el verdadero drama es que desde el ámbito de las autoridades correspondientes, estatales, municipales y federales, no hay ningún plan específico para tratar de resolver tan delicada situación.
Frente a un desafío de esta naturaleza, que es cierto viene de muchos años atrás pero que lejos de contenerse o revertirse va agravándose, en lo que a nuestro gobernador toca se impuso la mentalidad de albañil.
Aprovechando bien su buena relación con el entonces secretario de Salud José Narro, el mandatario potosino logró una inversión que cerrará en cerca de mil millones de pesos, para construir el nuevo edificio del Hospital Central, que servirá de poco. Y faltan de conseguir o aportar otros 500 millones para su debido equipamiento.
¿Por qué digo que servirá de poco? Por una razón simple pero contundente y verificable: ese moderno edificio se aprobó y financió desde la Secretaría de Salud federal con el esquema llamado “por sustitución”, lo que implica que al concluirse las obras, el Hospital Central contará exactamente con el mismo número de camas, (250 censables y 34 en las diferentes áreas de terapia intensiva), los mismos quirófanos (13, de los cuales 6 son generales, 4 de ginecobstetricia y 3 de cirugía ambulatoria) y los mismos laboratorios. Tendrá más consultorios pero no más médicos: se subsana el hecho de que actualmente muchos consultorios son utilizados por dos o más doctores.
Las nuevas instalaciones serán más amplias, mejor iluminadas, más modernas pues, pero atenderán básicamente al mismo numero de pacientes. No hay ningún plan para ampliar su plantilla de médicos, enfermeras o laboratoristas, porque si se contrataran no habría dónde ponerlos.
Dicho de otra manera, esa inversión que al final del día rondará los mil 500 millones de pesos, mejorará la atención médica de los potosinos pero no la ampliará, no beneficiará a un número mayor de personas.
No debo omitir un dato: es verdad, el viejo HC es septuagenario, pero cada cierto tiempo se le ampliaba, remodelaba o equipaba. Con las obras actualmente en proceso, se demolieron quirófanos casi nuevos, construidos en la administración de Fernando Toranzo, con cinco o seis años de uso, y está por desaparecer el área de urgencias que construyó Marcelo de los Santos, hace unos 12 años.
Con esa inversión, o con una parte de ella, se podría estar enfrentando para su solución el gravísimo problema de las ladrilleras, que todos los días nos hace respirar muerte, lenta pero muerte al fin. Sobre todo a nuestros niños. ¿Por qué no se hizo? Por la mentalidad de albañil: construir columnas, muros, techos que se vean, que queden para la posteridad, aunque nos estemos envenenando diariamente.
OTRO ÁNGULO DE LA MISMA PROBLEMÁTICA
Frente a problemas reales y en ascenso en materia de contaminación atmosférica, nuestra capital y su zona metropolitana carecen de un buen sistema de medición de calidad del aire, necesario no solamente para saber qué estamos respirando sino para sustentar medidas correctivas y preventivas; para determinar eventuales alertas y para saber si mejoramos o empeoramos.
Actualmente y desde hace un buen número de años, la ciudad cuenta con cuatro deficientes estaciones de monitoreo de la calidad del aire, distribuidas en los cuatro puntos cardinales de lo que era la mancha urbana hace lustros. En opinión de expertos que no trabajan para el gobierno, se necesitan cuando menos tres más, una en Pozos, otra en Soledad y una más en la zona de las Lomas. Cabe destacar que las cuatro existentes cuentan con equipos que no cumplen a cabalidad su cometido, y es urgente que se modernicen. En teoría, cada punto de monitoreo debería medir seis elementos contaminantes. Ninguno lo hace. Alguno mide cinco y otros cuatro, si no es que menos.
Una estación de monitoreo moderna y eficaz cuesta aproximadamente 5 millones de pesos. Así, 15 millones serían suficientes para establecer las tres nuevas que se necesitan y con otros cuantos se equiparían apropiadamente las cuatro existentes.
Frente a requerimientos como éste, indispensables para prevenir una amplia variedad de males respiratorios, pulmonares, cancerígenos y neurotóxicos, el Gobierno del Estado, que no es el único al que compete la responsabilidad del caso pero al que sí le corresponde ser promotor o gestor de la participación de los niveles federal y municipal, en el Cuarto Informe de Gobierno recién rendido se destaca la construcción de un nuevo y moderno edificio para la Defensoría Pública estatal, cuyo costo solventaría la urgente necesidad de una red completa, moderna y eficaz de monitoreo de lo que respiramos todos, incluidos nuestros niños.
Sin duda que los empleados de la Defensoría Pública merecían espacios de trabajo más dignos y cómodos, pero no hay manera de equiparar con racionalidad esa “urgencia” frente a la otra que tiene un alto impacto en los niveles de salud del millón y pico de seres humanos que habitamos la capital, buena parte de Soledad y de Villa de Reyes. Es el triunfo clamoroso de la Mentalidad de Albañil de quienes nos gobiernan. Esta forma de entender y atender las responsabilidades de Gobierno, conduce inevitablemente a distorsionar el orden correcto de las prioridades; destroza la prelación socialmente útil de las tareas oficiales y de una forma u otra lleva a por lo menos a malgastar los siempre escasos dineros públicos.
Sobra decir que esa peculiar mentalidad no impacta únicamente en el campo de la salud pública. Hay otras áreas de responsabilidad gubernamental donde el afán de pegar ladrillos conduce también a decisiones difíciles de conciliar con la racionalidad. Es el caso, para no ir tan lejos, del flamante y aclamado C5i2 que se erigió con un costo superior a los 130 millones de pesos y que aún requerirá pronto de más inversión para completar su equipamientos, mientras que según lo admiten instancias oficiales nos hacen falta por lo menos mil 500 policías estatales más, para reducir a niveles aceptables nuestro déficit en la materia.
Sí, tenemos tecnología de punta para detectar rápidamente a los delincuentes (aunque todavía hacen falta centenares de cámaras de videovigilancia), pero no tenemos agentes del orden que vayan y los capturen; sí, los nuevos recursos de “inteligencia” que se supone trae consigo el C5i2 podrán indicarnos áreas de riesgo para la ciudadanía, pero no tenemos uniformados suficientes para vigilarlos. ¿Así cómo?
(Agradezco mucho la generosa y sabia asesoría para esta columna que me brindaron el doctor Fernando Díaz Barriga, el ingeniero David Atisha, el abogado y activista Luis González Lozano, y varios profesionistas más que prefirieron el anonimato).
COMPRIMIDOS
Si lo que pretendió mostrar fue astucia, en los hechos Cándido Ochoa Rojas exhibió, una vez más, su infinita capacidad para la desvergüenza. Evidenciado su abuso de poder, su inmoralidad profunda y su avaricia enfermiza con la muerte de un elemento policíaco comisionado como su escolta y los daños a la salud de otro, a quienes empleaba como mozos, el diputado Verde se puso nena y pidió a los periodistas que ya no le preguntaran de eso para “no revictimizar” a los afectados. No sé que tanto la mención mediática del suceso y sus secuelas implique una revictimización, pero de lo que todos podemos estar seguros es de que quien los victimó y ahora se quiere hacer tonto es Cándido Ochoa Rojas.
La decisión tomada el martes por la Comisión de Justicia del Congreso para devolver al Tribunal Estatal Electoral el asunto de la sanción que debe aplicarse al ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, es lo que en buen romance se llama “escurrir el bulto”. ¡Qué mal se vieron! Toca ahora a los magistrados del TEE actuar con rectitud y entereza y enmendarles la plana a nuestros legisladores que cobran mucho y resuelven poco.
Y para no cambiar de rumbo, finalmente de nada sirvió que hubiera relevo en la dirigencia de la Jucopo y llegara a presidirla un individuo que se supone serio, con carácter, sin hambre y avispado. De todas maneras autorizaron 15 elementos a la inútil Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia. Hay que recordarlo: alguien que de estas cosas sabe mucho, el contador Héctor Vicente Mayorga, sostiene que la UEC podría cumplir perfectamente sus responsabilidades con 6 empleados. Con todo y Rolando Hervert de presidente, se despacharon con más del doble. ¿Otra veta de moches?
En esta su sexta visita a nuestro estado, en poco menos de once meses, el presidente López Obrador vino a lo suyo. No trajo ningún regalo. A diferencia de veces anteriores que comprometió la ampliación y modernización del aeropuerto de Tamuín y de la carretera Valles-Tamazunchale, o que instruyó se acelere la declaratoria de área natural protegida de la Sierra de San Miguelito, esta vez vino a hacer política de su interés y nada más.
Hasta el próximo jueves.