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Lavado de la arbitrariedad

Por Jesús Silva Herzog Márquez

Junio 26, 2023 03:00 a.m.

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El morenismo no es su dueño. No es el fundador, no es el político de las cuatro frases. El morenismo no es el espectáculo matinal que nos distrae cotidianamente. Morena es poder, es decisión y es, por lo tanto, responsabilidad. Si no hemos usado el término “morenismo” es porque su marca esencial ha sido el culto a la personalidad. Hemos estado en presencia de un movimiento extraordinariamente personalista.  Por eso hemos usado el apellido del caudillo para referirnos al movimiento que fundó. Pero, ahora que se acerca el relevo, es necesario pensar en su herencia, en esa extensa red de intereses, en esa coalición que gobierna en alcaldías, presidencias municipales, gubernaturas. Esa maraña de ambiciones sobrevivirá el sexenio, pero perderá la protección de López Obrador que pretendía retratarla como una fraternidad de idealistas que enfrentaba las peores perversidades. 

El morenismo es el reciclaje de viejos liderazgos y la proyección de nuevos. Es la restauración de prácticas que pensábamos superadas y es también experimento de estrategias nuevas. Se trata de una amplia trama de ambiciones y, en el fondo, de una vasta malla de complicidades. Desde hace unos años ejerce un poder sin control en gobiernos y congresos. Controla el gobierno federal a través de una selección de leales. Un grupo de cortesanos es responsable de una criminal política de salud, una ineficaz política social, una ruinosa estrategia de seguridad. Morena debe ser juzgado por sus efectos, no por sus propósitos. 

Morena es una red de complicidades que se sella en la cúpula. El presidente de la República hace cotidianamente el blanqueo de la arbitrariedad. El lavado de dinero es, al parecer, una ingeniería compleja. No debe ser sencillo encubrir el origen de fondos ilegales. En contraste, el lavado de las reputaciones morenistas es elemental: la palabra del Presidente es prueba suficiente. El atropello puede ser gigantesco y la fórmula es la misma. Cuando se le presentan pruebas indubitables del abuso de los suyos, limpia de inmediato su reputación con palabras de respaldo, lanzándose al mismo tiempo al descrédito de quienes la cuestionan. Su confianza es prueba suficiente. Si el Presidente confía en Satanás, no habría razón alguna para dudar de él. Al Presidente se le pueden presentar pruebas documentales, se puede hacer de su conocimiento el impacto de las decisiones de un subalterno con datos oficiales, se puede exhibir el abuso de un aliado y recibirá de inmediato la protección absolutoria. Se puede incluso mostrar que un colaborador desoye sus instrucciones expresas y él saldrá velozmente a exculparlo. Pienso en el caso del secretario de la Defensa, en el arquitecto de un operativo de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos. El mismo secretario que ha espiado a un alto funcionario del gobierno federal recibe apoyo del Presidente. El comandante supremo minimiza el espionaje militar, le cambia el nombre a esa inspección ilegal, pide al espiado olvidar el asunto y la emprende de nuevo en contra de los enemigos. 

La ilegalidad cuenta con el respaldo abierto del presidente de la República. Todos los días se expiden desde Palacio Nacional certificados de impunidad. El criterio esencial para la expedición de esos diplomas es, por supuesto, la lealtad. A los aliados se les entregan credenciales para el abuso o la ilegalidad. Se entregan para limpiar abusos antiguos o para enjabonar anticipadamente abusos por venir. Se expiden de ese modo invitaciones para violar la ley con estas charolas para el atropello. Si usted desmanteló el sistema de salud y coordinó una perversa estrategia contra el Covid, no perderá su empleo y recibirá los elogios del Presidente. Si usted es exhibida plagiando tesis tras tesis, escuchará el apapacho presidencial, mientras se lanza contra quienes descubren la deshonestidad académica. Si usted gobierna encarcelando opositores, críticos y jueces independientes, será celebrado como el mejor gobernador en la historia de Veracruz. 

La impunidad se decreta desde Palacio Nacional con una declaración solemne: este pillo tiene toda mi confianza.