Libres para decidir
Siguiendo con el enorme agrado de compartir líneas con una amiga y colega, a quien verdaderamente aprecio, la MDH. Fátima Viera Gutiérrez, quien nos hablará del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sin más preámbulo he aquí su participación.
[“”] En este momento estamos enfrentándonos a una legislación draconiana y ante la omisión prejuiciosa, machista y misógina de los legisladores potosinos para actuar conforme a su obligación de promover, proteger, respetar y garantizar derechos humanos y despenalizar el aborto en los términos que se han explorado, es decir, no se trata de una despenalización absoluta, sino una despenalización regulada de acuerdo a los parámetros que se han desarrollado jurisprudencialmente, como por ejemplo dentro de las primeras 12 semanas y sin necesidad de acreditar ninguna condición, pudiendo acceder voluntariamente a la interrupción del embarazo en ejercicio de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, con lo que se protegería la maternidad voluntaria y no impuesta por el Estado al penalizarla.
En mi experiencia personal con la interrupción legal del embarazo, la despenalización solamente implica una cara de la moneda, la cual es muy importante, pero no la única, pues la otra cara es la garantía de acceso al aborto seguro, accesible y sin discriminación, lo cual no se logrará solamente con la despenalización parcial del aborto, sino que tendrá que desarrollarse una infraestructura especializada, sensibilizada y libre de prejuicios para que este procedimiento sea una experiencia lo menos traumática posible.
Para ser realmente libres de decidir necesariamente tendríamos que contar con clínicas y/o lugares accesibles en el aspecto geográfico, gratuitos, con personal médico, material quirúrgico de calidad y con el equipamiento correspondiente a los que pudiéramos acudir sin discriminación, sin ser estigmatizadas, sin recibir opiniones prejuiciosas y en los que se garantice la protección de nuestros datos personales, en especial la salud, lo que implica dos aspectos, el primero la autorización de recursos específicos para la habilitación de clínicas y todo lo necesario, y/o espacios especializados dentro de las clínicas que ya existen y el otro aspecto es perfeccionar la norma al crear un tipo penal para sancionar a quien niegue, limite o coaccione a una mujer o persona gestante para no acceder a una interrupción legal del embarazo.
Considero que es preciso aclarar que, aunque de manera simple pudiera parecer absurdo, NO solo las mujeres, las niñas y las adolescentes cisgénero podemos querer acceder a una interrupción legal y segura del embarazo, sino también las personas intersexuales, los hombres transgénero y las personas con otras identidades de género que tienen la capacidad biológica de quedar embarazadas, por lo que, en algún momento nos tendremos que enfrentar a la necesidad de avanzar en los estereotipos y estigmas sociales para lograr garantizar el acceso sin discriminación, lo que implica que los servicios de interrupción del embarazo o aborto sean accesibles e inclusivos, lo cual no representa el borrado de las mujeres, sino el reconocimiento de la diversidad humana y en sí mismo la protección del derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a decidir sobre nuestro proyecto de vida, a la identidad y a decidir sobre nuestro propio cuerpo, entre otros derechos humanos.
Otro aspecto importante es la objeción de conciencia, la cual implica que el personal médico puede eximirse de brindar la atención conforme a sus creencias; sin embargo, es importante considerar que, en su momento, la interrupción del embarazo o aborto se convertirá en un servicio público por lo que las instituciones de salud deberán garantizar que en todo momento exista personal médico especializado que no sea objetor de conciencia.
En conclusión, despenalizar el aborto de manera parcial es solo el comienzo de una lucha que aún se vislumbra larga, pues garantizar el acceso pleno a este servicio se encuentra directamente relacionado con la autorización de recurso público y diversas aristas para hacerlo una realidad. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya cumplió con su obligación al declarar la inconstitucionalidad de las normas que penalizan de manera absoluta el aborto y reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo así como el de las personas con capacidad de gestar, ahora le toca a los legisladores hacer los ajustes normativos necesarios y la autorización del presupuesto y al Ejecutivo diseñar e implementar los programas y políticas públicas que garanticen de manera eficaz ese derecho; acciones en las que pueden permear los prejuicios de quienes toman las decisiones, por lo que el trabajo en el aspecto social y de sensibilización será muy necesario.
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