Los mariachis callaron

En la prolongada sesión de 22 de julio, el Instituto Nacional Electoral resolvió centenares de quejas y miles de dictámenes de fiscalización de diversos partidos políticos. Fueron las más mediáticas las relacionadas con Movimiento Ciudadano y Samuel García, a quien se le impuso una millonaria sanción por la promoción que la influenciadora Mariana Rodríguez (cónyuge de éste) realizó en la campaña a la gubernatura por Nuevo León, así como la aplicada al Partido Verde Ecologista de México por casi cuarenta y un  millones de pesos, por la violación a la veda electoral que los días 4, 5 y 6 de junio realizaron en redes sociales influenciadores a sueldo, los días 4, 5 y 6 de junio.

En lo referente a San Luis Potosí, se esperaba resolución a la queja INE/Q-COF-UTF/940/2021/SLP interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra del Partido Verde Ecologista de México y su candidato a la gubernatura José Ricardo Gallardo Cardona. En ella se abordaron, según la rueda de prensa emitida por el PAN, los siguientes puntos: 1) Que el monto máximo permitido para gastos de campaña fue de 29 millones de pesos en números cerrados, siendo el monto exacto de $29’223,864.70; 2) que Gallardo Cardona reportó en su informe de campaña un gasto de 19 millones en número cerrados, o un monto exacto de $19’221,702.36; 3) que de la revisión de la agenda de eventos, los avisos de contratación y el monitoreo en redes sociales (herramientas de acceso público en el portal del INE) se observó un rebase del 24.10% sobre el monto de gasto permitido, mismo que en números cerrados equivale a siete millones sobre el total autorizado, o bien, un monto exacto $7’042,694.01. Es decir, la suma del monto autorizado más el gasto en exceso arrojaba un total de $36’266,558.71.

En este sentido es pertinente explicar cómo aborda el INE estos casos: una vez admitida la queja, se turna a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a efecto de que ésta realice la instrucción del procedimiento, y una vez que tenga su proyecto de resolución envíe el dictamen a la Comisión de Fiscalización, que está integrada por cinco consejeros que tienen que votarla antes de su envío al pleno del Consejo General del INE, que se integra por once consejeros. Encontrándose en ese nivel la queja mencionada, se tenía información de que el dictamen votado en la UFT por unanimidad, señalaba que no estaba acreditado el rebase de tope de gastos de campaña y sólo estaba impuesta una multa pequeña, por la aportación indebida de un sindicato a la campaña. Ése sería el dictamen sujeto a la aprobación del pleno.

La sorpresa llegó cuando, establecida la orden del día en que se votaría el dictamen, el consejero Ciro Murayama Rendón (Robespierre del Instituto) solicitó el uso de la voz para proponer que el dictamen fuera regresado a la Comisión de Fiscalización, a efecto de que ésta lo resolviera, acumulándola con otras dos quejas relacionadas con la indebida promoción de los  influenciadores al PV en la veda electoral, y a efecto de que se realizara una investigación más exhaustiva en la queja. La moción fue apoyada por el consejero Roberto Ruiz Saldaña, quien acusó una falta evidente de estudio en la queja y sus elementos, terminando esta propuesta con la aprobación de nueve consejeros a favor (entre ellos el potosino Martín Faz) y dos en contra.

Así, aunque la gallardía celebraba ya con primeras planas el inminente puntillazo a la coalición Sí por San Luis, y a su desparecido  candidato (casi en riesgo de activar para su búsqueda la alerta ámbar) Octavio Pedroza, parece ser que el subsecuente pulque y matracas tendrán que esperar. Es imposible precisar cuánto, aunque no se oculta la sorpresa y preocupación por este hecho, ya que cuatro de los cinco consejeros que votaron el dictamen en la Comisión de Fiscalización, cambiaron su voto en el pleno del consejo. ¿Qué situación habrán advertido?, ¿qué pruebas no fueron valoradas?, ¿por qué ésta fue la única queja que fue devuelta, de cientos que fueron resueltas?

Ante la sorpresa los mariachis callaron y el equipo de comunicación del gobernador electo Ricardo Gallardo optó por confundir al electorado potosino con verdades a medias, afirmando que el INE resolvió que no rebasó el tope de gastos de campaña. Es decir, aunque fue aprobado un dictamen de gasto consolidado de todos los partidos y candidatos de San Luis Potosí, incluido el Verde, esto no significa que dependiendo del resultado de la resolución de la queja, la resolución de ese dictamen no pueda moverse.

No hay impedimento para que la queja se pueda resolver más allá del 22 de julio, fecha que sí era límite para el dictamen consolidado, y aunque lo ideal es que los dos se resolvieran de manera conjunta, en caso de resultar fundadas las quejas se modificarán las cifras aprobadas en el dictamen, porque son sobre distintos hechos, como la cuantificación y prorrateo del gasto que puedan realizar de la multa impuesta por el tema de los influenciadores que evidentemente benefició al Partido Verde.

Es decir, contrario a lo que afirman Gallardo y los gallardistas, se puede aún sancionar más allá de la aprobación del dictamen cuando la autoridad encuentra nuevos hallazgos, de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, por lo que esta historia aún no termina.

***

En el asunto de la Sierra de San Miguelito, si ya celebraban los comuneros infidentes y voraces lotificadores, también callaron los mariachis. El periodista Julio Hernández logró posicionarlo en la opinión pública nacional, derivado de los frecuentes dislates cometidos por la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores. El miércoles veremos que dice en su conferencia mañanera el presidente López Obrador.   

Gracias por la lectura. El virus vuelve a la carga, no se descuide.