Marioneta fiscalizadora

Los perfiles a modo propuestos desde el poder para ocupar cargos públicos vacantes o de reciente creación no son cosa nueva; todas las administraciones federales, estatales y municipales los han propuesto y tenido pero no hay que perder de vista que en el pasado al menos se buscaban personajes con ciertos perfiles, experiencia profesional y una trayectoria que justificara la designación. Hoy eso ya no importa, forma y fondo son irrelevantes; los nombramientos van al gusto del que manda privilegiando siempre la incapacidad, la inexperiencia.     

De nueva cuenta lo veremos cuando, en fecha próxima, se elija al titular del recién creado Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí, órgano que reemplazará  a la ya desaparecida Auditoría Superior del Estado (ASE) y para el que se ha propuesto a Rodrigo Joaquín Lecourtois López, actual consejero jurídico de Gobierno del estado, personaje sin la experiencia ni los conocimientos necesarios  para desempeñar el cargo, pero hecho a las necesidades de los Gallardo y de José Guadalupe Torres, secretario general de Gobierno, de quien fue asesor durante su paso por el Congreso.  

Nada bueno se puede esperar. Recordemos que su nombramiento como contralor interno del ayuntamiento (propuesta del alcalde interino Juan Carlos Torres Cedillo), estuvo plagado de irregularidades en la sesión extraordinaria de Cabildo capitalino y, después, su trabajo resultó penoso, nunca se sancionó a un sólo trabajador municipal. La propuesta llegó por instrucción de Ricardo Gallardo Juárez, alcalde perredista con licencia y candidato a la reelección; había ganado su confianza desde el año 2010, cuando fue abogado del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. 

Existen mucho mejores perfiles no solo con más conocimiento y más experiencia en este tipo de labores fiscalizadoras, sin embargo esos perfiles no necesariamente se adecuarán a las necesidades palaciegas. Hacer trabajo de auditoria y fiscalización  implica meter las manos en la inmundicia para exhibir el desaseo y sancionar a quien lo merece. En esta administración, sin embargo,  lo único que se busca es que alguien tape toda la corrupción que se genera  y distribuye desde palacio.

Otra ofensa más para las instituciones y los servidores públicos potosinos: la convocatoria publicada para la búsqueda del perfil, no es la de un auditor, lo que se busca es un maquillista, un encubridor de la dilapidación del erario; una marioneta que legitime los desvíos (financieros) del gobernador. 

De llegar Lecurtois López al nuevo órgano fiscalizador nada se puede esperar en lo referente a legalidad y transparencia de cuentas; la corrupción será legalizada y legitimada por quien en el pasado no sólo solapó las inconsistencias en el Ayuntamiento capitalino, sino también asesoró a uno de los diputados integrantes de la ecuación corrupta. 

Detrás de la promoción a este personaje, la desaparición de la ASE y la creación del Instituto de Fiscalización hay una razón de forma y peso que permitirá legitimar cualquier atraco gubernamental: carecerá de autonomía. No será una sorpresa ver que los candidatos que se registren a la convocatoria, serán servidores públicos en la línea del ejecutivo buscando reforzar a la gente de la Consejería ya registrada. 

Sesgar  la autonomía técnica y de gestión no solo es un retroceso en materia de fiscalización, sino abona a imaginar que en un gobierno que se ha distinguido por no ser transparente, el ocultamiento y maquillaje de las cuentas será institucional. Otro dato importante es que la propia ASF había trabajado con las entidades para que los órganos de fiscalización fueran autónomos y con libertad técnica y de gestión (recordemos que mucho de lo que fiscaliza la federación es a través de los órganos locales por convenio de colaboración) por lo tanto en San Luis Potosí se irá en contra de esto.

Algo más: este nuevo instituto desaparece la Unidad de Evaluación y Control para que sus funciones operativas pasen a formar parte de la Comisión de vigilancia del Congreso del Estado. Esta Unidad era un mecanismo que fue recomendado (y es utilizado a nivel federal) con el objetivo de suprimir o evitar sesgos en la fiscalización;  ahora seremos  el único estado que no la tendrá.