Mercado legislativo

A partir de la frase de William Kelvin, físico y matemático inglés: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre” y que hoy más bien se atribuye por la cultura popular a Peter Drucker, se ha generado un efecto nocivo en el trabajo legislativo en nuestro país.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en lo federal como en el régimen interior de las entidades federativas, corresponde a los poderes legislativos la formación, reforma y derogación de leyes. Esta tarea corre a cargo de diputados en el caso de los congresos locales y a diputados y senadores en el caso de la federación.

De los diversos requisitos que existen en las diversas normas que regulan el acceso a estos cargos, no hay uno que imponga la obligación de saber derecho; exigirlo sería algo completamente antidemocrático, ya que la esencia de la representación popular es, precisamente, que no existan condiciones para que ésta quede en manos de minorías selectas. Por eso, no se trata de entidades técnicas sino políticas.

Ahora bien, el derecho no puede, en forma alguna, desligarse de la política (en su más amplio y mejor sentido), la cual marca los rumbos, los alcances, las formas y las condiciones de nacimiento, vigencia y extinción de las normas. Ya el tema de como se maneja esta relación es otra cosa.

Sin embargo, siendo el derecho algo necesariamente técnico, no es incorrecto ni tampoco inadecuado que los diputados y senadores puedan tener acceso a asesores, consultores y expertos que coadyuven en su actividad; de hecho, es lo mejor, dada la amplitud del espectro de temáticas donde incide lo jurídico.

Pero, a partir de aquello dicho por Kelvin, se empezó a generar un efecto perverso en los poderes legislativos, que empezaron a ser evaluados de manera numérica, cuantitativa, tanto en conjunto como en lo tocante a cada uno de sus integrantes. Y ahí se perdió el rumbo.

¿Es posible una evaluación legislativa cualitativa, es decir, en cuanto a los productos y no a los procesos? La respuesta es sí. Basta echar un vistazo, por ejemplo, a lo que se conoce como el “Cuestionario Alemán”, tomado como guía obligatoria en Alemania desde mil novecientos ochenta y cuatro para legislar, en el cual se establecen lineamientos previos que deben tener respuesta antes de tomar la determinación de emitir una ley o reformar alguna existente, a efecto de conocer su necesidad, pertinencia, eficacia y oportunidad.

Sin embargo, esto conlleva poca visibilidad política, aquí entendida desde su sentido más ramplón: el legislador quiere echarse de ver, salir en medios y redes como alguien trabajador y dedicado, aunque lo que haga no sirva para absolutamente nada.

Por eso, se recurre al mercadeo de iniciativas de leyes nuevas y de reformas a las existentes sin trascendencia, sin sentido real, sin efecto práctico, sin necesidad y, en ocasiones, hasta risibles, cuando no de efectos nocivos. El fin perseguido, lo que cuenta para ellos, es tener buenos puntajes en esos ejercicios evaluatorios.

Vale más una sola iniciativa en la vida de un legislador, que tenga un efecto trascendente, real, práctico, necesario, serio y positivo, que dos o más que no reúnan tales condiciones.

Hoy sabemos (públicamente, pues era secreto a voces) que hay personas que han capitalizado esta circunstancia. En Zacatecas, por ejemplo, se ha descubierto una red de “empresas consultoras” que venden iniciativas y propuestas legislativas a los legisladores de ese Estado. Esto no tendría nada de malo, salvo por el hecho de que los datos fiscales corresponden a lotes baldíos o loncherías.

Que se vale ser consultor legislativo desde lo público o lo privado, claro que sí; que hay personas serias que se han profesionalizado en estas temáticas y conocen la técnica legislativa de manera impecable y merecen cobrar bien por eso, sin duda; que se requiere esta especialización como un área particular de ejercicio del derecho, por supuesto.

Lo que no se vale es lucrar vendiendo basura que se vota en los congresos solo por acuerdos políticos (en su peor e inconfesable sentido) para su puntaje de evaluación o algunos otros nefastos fines.

@jchessal