México anestesiado
México atraviesa una encrucijada crítica: la reforma constitucional promovida por la administración de la presidenta plantea cambios que, lejos de ser un avance, representan una regresión en materia de derechos, justicia, medioambiente y economía. Lo que está en juego no es solo el marco jurídico, sino la estabilidad de todo el país. Nos enfrentamos a un poder ilimitado que pretende reconfigurar a su antojo las leyes y, en consecuencia, el tejido mismo de nuestra sociedad.
La supremacía constitucional implica que la Constitución es la ley suprema del país, y todas las demás leyes deben alinearse a sus principios. Cuando este principio se altera con reformas arbitrarias y sin visión a largo plazo, el resultado es un efecto cascada que desestabiliza el sistema jurídico y debilita las bases de la convivencia social. La Constitución, como columna vertebral de un país, garantiza la integridad de los derechos, el acceso a la justicia y las libertades económicas. Pero ¿qué ocurre cuando el poder busca modificarla para consolidar su propio interés? Vemos entonces cómo cada uno de estos pilares comienza a tambalearse.
Las recientes reformas aprobadas afectan directamente la interpretación de los DERECHOS HUMANOS. Este cambio no es menor: modificar la interpretación de estos derechos implica limitar el alcance de protección judicial y, con ello, reducir las garantías que protegen a los ciudadanos. Aquellos mecanismos que sirven para defender los derechos constitucionales se ven mermados, dificultando el acceso a una defensa justa y debilitando la capacidad de la ciudadanía para exigir sus derechos.
La INDEPENDENCIA de los órganos protectores de derechos humanos también está en riesgo. Estos órganos, cuya función es vital para el equilibrio democrático, corren el peligro de ser cooptados por el poder, lo cual mina su autonomía y, por ende, su eficacia. La reducción de su independencia significa que las decisiones se alinearán cada vez más a intereses políticos, dejando de lado la verdadera misión de protección al ciudadano.
El ACCESO A LA JUSTICIA es otro de los grandes sacrificios que esta reforma nos impone. Las modificaciones en los procedimientos judiciales prometen hacer el sistema judicial más complejo, lo cual se traduce en un acceso limitado a la justicia para el ciudadano común.
La reforma no es menos dañina en el ÁMBITO ECONÓMICO. La Constitución garantiza derechos de propiedad y libertades económicas que son esenciales para el desarrollo del país. Alterar estas garantías afecta directamente la estabilidad económica y desincentiva la inversión. Los cambios representan crean un ambiente de incertidumbre que hace peligrar los negocios y los empleos. La protección a las inversiones, que debería ser una prioridad para un país en desarrollo, se encuentra ahora en entredicho. En un entorno donde la seguridad jurídica ya no es confiable, el costo es evidente: el país pierde viabilidad económica, se reducen las oportunidades de crecimiento y se alejan los capitales necesarios para sostener su desarrollo.
Resulta alarmante la pasividad de la ciudadanía ante estos cambios que afectan profundamente la estructura del país. Nos encontramos en un estado de anestesia, donde el abuso de poder ya no provoca indignación, sino resignación. Es preocupante que aquellos llamados a defender los derechos y la justicia, como los abogados, permanezcan indiferentes ante una crisis que afecta la esencia misma de la legalidad. La responsabilidad de defender el patrimonio jurídico no es opcional; es una obligación profesional, social y ética. Sin embargo, parece que el gremio legal ha caído en una parálisis preocupante, ignorando el impacto devastador de estas reformas en la vida diaria de los ciudadanos.
El cambio prometido por la 4T se ha convertido en un fraude colosal. Se prometió un gobierno de justicia y de igualdad, pero lo que vemos es una reproducción del viejo régimen, con los mismos vicios y abusos que caracterizaron a administraciones pasadas. Esta supuesta "transformación" no es más que un espejismo que encubre una agenda de poder perpetuo y corrupción desenfrenada. Nos venden la idea de un nuevo México mientras nos arrebatan, sin pudor, las conquistas de las generaciones anteriores.
México merece más que esta parodia de cambio. Merece ciudadanos despiertos, capaces de exigir cuentas, y un gremio profesional comprometido con la justicia. El patrimonio jurídico no es una abstracción; es la base sobre la cual se construye la seguridad, la prosperidad y el bienestar de cada persona. Y hoy, ese patrimonio está siendo desmantelado pieza por pieza, con la complicidad de la apatía y el silencio.
Delírium trémens.- El nombramiento de Sonia Mendoza en SEGAM nos ofrece una esperanza cautelosa en Cambio de Ruta, ya que durante su candidatura municipal fue de las pocas en responder a nuestra solicitud sobre agenda verde. Aunque tiene experiencia limitada en temas ambientales, si muestra el mismo interés al trabajar con expertos y la sociedad civil y respeta el Acuerdo de Escazú, podemos esperar avances reales en las problemáticas ambientales. De lo contrario, seremos los primeros en señalar.
@luisglozano
