Minimizar es peligroso para México
En días recientes, la decisión de Donald Trump, de nuevo presidente de los Estados Unidos, que designa a los cárteles de la droga mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) ha encendido una alerta que no debe pasar desapercibida.
Bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, según el original en inglés), esta clasificación permite al gobierno norteamericano imponer sanciones duras, congelar activos y, potencialmente, justificar intervenciones más agresivas en nombre de la seguridad nacional.
La lucha contra los cárteles de la droga no es un tema nuevo para las dos naciones. Durante décadas, ambos países han colaborado para combatir el tráfico de drogas y la violencia asociada a este fenómeno, o por lo menos lo hacían hasta que López llegó a la presidencia de México en dos mil dieciocho, quien se decidió más bien a abrazar a los delincuentes, en lugar de combatirlos.
Calificar a los cárteles como terroristas extranjeros introduce un nuevo paradigma que trasciende las estrategias tradicionales de cooperación. Sus consecuencias pueden ser devastadoras, sobre todo para México, sobre todo si la presidenta actual no lo toma en serio.
.Las empresas mexicanas que operen en regiones controladas por el crimen organizado o que, directa o indirectamente, interactúen con redes ilícitas podrían ser blanco de sanciones estadounidenses. Esto incluye desde productores agrícolas en Michoacán, por ejemplo, hasta compañías de transporte que, sin saberlo, podrían estar moviendo mercancías vinculadas a estas organizaciones.
Si la narrativa dominante es que México está “infestado de terrorismo”, Trump dixit, los inversionistas podrían optar por mercados más seguros. Pensemos como ejemplo en una empresa automotriz estadounidense podría posponer la apertura de una planta en México ante la posibilidad de que futuros bloqueos económicos afecten sus operaciones.
La extorsión, el robo de combustibles y la violencia han reducido enormemente la capacidad de sectores como la agricultura y la energía para operar con normalidad. La designación de los cárteles como organizaciones terroristas podría aumentar estas dificultades al entorpecer el acceso a financiamiento, encarecer las operaciones y reducir la competitividad en los mercados internacionales.
Un caso concreto es el de los productores de aguacate en Michoacán, quienes enfrentan extorsiones constantes de grupos criminales. Si a esto le sumamos sanciones internacionales que restrinjan su capacidad para exportar, la industria podría colapsar, dejando a miles de familias sin sustento.
Ante este panorama, México debe actuar con rapidez y precisión, ambos conceptos no muy propios de los gobiernos transformistas, como salta a la vista. Es fundamental que Claudia Sheinbaum fortalezca el marco legal y operativo para combatir al crimen organizado, no solo para satisfacer a nuestro vecino del norte, sino para garantizar la estabilidad y el desarrollo interno, aunque eso signifique que muchos de los apoyadores, patrocinadores y amigos de López y su política deban ser procesados criminalmente.
En el fondo, la designación de los cárteles como terroristas no resuelve el problema de fondo: la demanda de drogas en Estados Unidos y la desigualdad que nutre al crimen organizado en México siguen estando ahí. Sin un enfoque integral que aborde ambos lados de la ecuación, esta medida corre el riesgo de ser una pifia de funestas consecuencias.
Para esto, sin embargo, no debe soslayarse que la reacción de México ante las acciones del presidente Donald Trump, debe ser inteligente y de precisión. De ahí mi preocupación.
Cierro esta columna refiriéndome un lector que desgraciadamente se ha ausentado de este plano terrenal y a quien agradezco durante muchos años que siguiera mis colaboraciones semanales. A la familia de Don Gabriel Chaparro González mi condolencia y solidaridad. A usted, Don Gabriel, gracias por haberme leído. DEP.
@jchessal
