La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una de las mejores universidades públicas del país, ha evolucionado favorablemente a lo largo de las últimas décadas; ha progresado tanto en lo académico como en lo material. Sin embargo, el método para elegir a su máxima autoridad ejecutiva, el Rector, resulta cada vez más arcaico, cerrado, opaco y manipulable. Se produce así el fenómeno de una institución moderna, que crece, que amplía su oferta educativa sin perder calidad y con instalaciones apropiadas, pero que elige a sus mandos directivos con esquemas peores que los de un comisariado ejidal.
En cualquier momento de abril próximo la UASLP elegirá nuevo rector para que rinda protesta y asuma funciones el día 30 de ese mismo mes. Este hecho abre la posibilidad de que nuestra máxima casa de estudios analice con seriedad la posibilidad de modificar las normas que regulan esa elección. No hay necesidad de correr aventuras o exponerse a riesgos por afanes democratizadores apresurados o hijos de la desmesura. Sí en cambio, con inteligencia, prudencia y visión de futuro, se puede conseguir que la unción de un nuevo rector sea más participativa, menos primitiva, menos manipulable y resulte una experiencia más satisfactoria para toda la comunidad universitaria.
En los términos imprecisos, breves y claramente anticuados establecidos a la fecha en el Estatuto Orgánico de la UASLP (artículo 36), antes del 30 de abril el Consejo Directivo Universitario, con 56 integrantes que tienen derecho a voto, debe elegir en votación secreta un nuevo rector con la mitad más uno de los consejeros presentes en la sesión respectiva, siempre y cuando el quórum sea por lo menos de dos tercios del total. O sea, con una asistencia mínima de 38 electores y una votación favorable de 20 es suficiente.
Lo que más llama la atención es que no existe debidamente establecido y normado un procedimiento de postulación. En la práctica, lo que ha sucedido en los últimos decenios es que él o los interesados envían al rector saliente una carta expresando su interés en alcanzar la rectoría, y es el mismo funcionario quien somete la o las opciones al CDU y éste resuelve en los términos numéricos ya descritos, pero no hay ningún proceso evaluatorio y justificatorio de la determinación.
En la lógica propuesta de no caer en apresuramientos que pudieron alterar la vida universitaria en su conjunto, la alternativa más razonable que hemos recogido entre algunos universitarios intachables, es que previo a la elección de abril el propio Consejo Directivo Universitario acuerde por mayoría la expedición de una convocatoria, fijando reglas simples y no discriminatorias, una de las más relevantes de las cuales sería que los interesados hagan públicas dos cuestiones: ¿Por qué quieren ser rector y qué programa de trabajo ofrecen para su ejercicio, en lo académico, lo administrativo, lo material y demás rubros?
Lo de hacer públicas ambas cuestiones implicaría que una vez revisadas las inscripciones de los aspirantes, para verificar que cumplan los requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 37 del Estatuto Orgánico, tanto el sustento de su pretensión como los pormenores de su programa de trabajo sean discutidos en el seno del Consejo Directivo, en sesiones abiertas a las que puedan acudir otros universitarios interesados. Podrían incluso llevarse a cabo en alguno de los amplios espacios universitarios con capacidad superior a la sala propia del CDU.
Deseable también sería que la votación dejara de ser secreta. Nada de fondo hay que justifique esa modalidad. Sin embargo, siendo realistas, ese cambio sí exige una reforma previa al Estatuto Orgánico y no parece factible que el actual rector y presidente del Consejo tenga ánimos reformistas, aunque fueran para bien.
La comunidad universitaria potosina está compuesta actualmente por unas 40 mil personas. En número cerrados, estamos hablando de 34 mil estudiantes, unos 4 mil docentes y 2 mil administrativos.
De los 58 ayuntamientos potosinos, 47 cuentan con menos de 40 mil habitantes. Ninguno se escapa cada tres años de celebrar elecciones constitucionales en los términos que todos conocemos. Con otro referente válido, el presupuesto global de la UASLP para este año es del orden de 3 mil 200 millones de pesos. El del Ayuntamiento de la Capital, el más grande de todos los municipales, es inferior en unos 100 millones de pesos.
Es difícil de asimilar que una institución tan importante en la vida pública potosina; con una capacidad de análisis y deliberación tan obvia, con una comunidad tan grande, intelectualmente rica y diversa; con un presupuesto tan importante y con grandes expectativas, vea llegar a su principal cargo directivo a alguien de quien se sabe muy poco, de cuyas calificaciones, méritos, capacidades y virtudes se conozca tan poco.
Hay que decirlo: al final del día, con el sistema y prácticas vigentes, llega a Rector aquel que decide su antecesor, tenga o no los merecimientos y aptitudes necesarias. Lo impone (casi siempre con la aquiescencia no gratuita de la mayoría de los consejeros). Le hereda el cargo a quien le parecer mejor para sus intereses, no necesariamente para los de la institución.
EL MISIL QUE NO FUE
De entrada, parecía que el ambicioso proyecto inmobiliario dado a conocer hace una semana por el Grupo México, para aprovechar las 470 hectáreas de terrenos urbanos que alguna vez ocupó su Planta de Cobre, era un misil dirigido al corazón de los intereses de los principales desarrolladores urbanos de esta ciudad, particularmente de las zonas poniente y surponiente, cuyo poder conjunto ha determinado que el de esta capital sea el suelo urbano más caro de la región Bajío y, comparativamente con ciudades similares, de los más caros en el país.
Pero no, Grupo México viene en son de paz. Desde hace meses, una vez que estuvo certificada por las autoridades federales competentes la remediación de esa enorme superficie y se avanzó el proyecto en planos y maquetas, GM empezó a tender lazos con los mayores desarrolladores inmobiliarios potosinos, ofreciéndoles la posibilidad de asociación en términos convenientes para todas las partes.
Las razones que hemos conocido de esta actitud de la empresa de Germán Larrea tienen sentido. Las principales son dos: La primera, el inmobiliario es un negocio muy menor en el conjunto de los intereses industriales y de servicios que abarca Grupo México (principalmente minería y metalurgia, ferrocarriles, construcción de infraestructura y desarrollos energéticos), y no le atrae la idea de convertirse en “lotero”. Esto implica que si hay acuerdo con los empresarios locales del ramo, GM vendería macro manzanas para que fueran los locales los encargados de lotificar, individualizar ventas y cobros y construir las viviendas. La segunda, que el Grupo siempre ha estado consciente de que involucrando a los capitales potosinos su proyecto se ahorra trabas y puede avanzar más rápido.
El desarrollo contempla 7 mil 500 lotes para vivienda unifamiliar y un conjunto de edificios de departamentos y corporativos, así como zonas comerciales, recreativas y de servicios. Llegado el caso, Grupo México se concentraría en las áreas comerciales y probablemente en los grandes edificios.
Cuando el proyecto se concluya, en un plazo no menor de 10 años, y se haya completado la inversión global estimada en 30 mil millones de pesos, en esa zona habrá espacio para que vivan entre 25 y 30 mil personas, y tengan ahí sus fuentes de trabajo varios miles más.
Las pláticas entre los representantes del GM y los desarrolladores locales están en fases preliminares, pero no se percibe ningún rechazo mutuo.
La clave, para los intereses de los simples mortales que habitamos esta ciudad es que, efectivamente, el Grupo México (la segunda empresa privada más grande del país, con su dueño que es el tercer hombre más rico de México) no venga acicateado por la codicia y establezca precios razonables a sus tierras, a partir de lo cual se pueda lograr un abaratamiento perceptible en los elevados costos del suelo urbano que enfrentamos.
En una perspectiva más amplia, los expertos saben hace tiempo que lo caro de nuestros terrenos urbanizables han restado competitividad a esta capital a la hora de atraer inversiones no industriales. Hay algunos corporativos de empresas trasnacionales que han sondeado la posibilidad de establecerse aquí, pero los desalienta lo excesivamente caro de las superficies para construir sus edificios o las residencias de sus ejecutivos.
Veamos cómo avanzan las cosas. Por ahora me permito parafrasear a Luis Donaldo Colosio, quien sostenía que “la democracia ha de servir para que la gente viva mejor o no servirá de mucho”. Diría yo: el proyecto de Grupo México ha de servir para bajar en algo los precios abusivos de nuestro suelo urbano, o no servirá de nada.
COMPRIMIDOS
En cualquiera de los próximos días se librará una nueva orden de aprehensión en contra de Juan Carlos “N”, el homicida confeso de Aurelio Gancedo. El nuevo mandamiento judicial será también por el delito de homicidio, cometido en perjuicio de un joven veinteañero una semana antes que el del exdirigente priista.
La renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola a la Fiscalía Especializada Anticorrupción estuvo largamente anunciada. Se fue porque estaba hasta la madre de que no lo dejaran cumplir con sus responsabilidades. El perfil de su sustituto dirá mucho de las intenciones de este sexenio dador de impunidades. Si es alguien “a modo”, todo seguirá igual.
Pocas iniciativas ciudadanas más interesantes y prometedoras que esa de algunos organismos empresariales para aumentar al máximo posible la instalación de cámaras particulares de videovigilancia. Se trata de aparatos de bajo costo pero de gran utilidad. Se habla de que cada uno ronda los 6 mil pesos, y serían instalados en viviendas y negocios. Conviene enfatizar algo: todos los videos que sirvieron para descubrir al homicida de Gancedo y trazar sus recorridos, fueron grabados por cámaras privadas. No hubo uno solo que aportara el celebérrimo y ultramoderno C5-i2.
Hace justo una semana se reunieron a desayunar el gobernador Juan Manuel Carreras y los 16 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como los 3 integrantes del Consejo de la Judicatura. Ante la proximidad de que inicien los procedimientos para ver si se ratifica o no a una decena de togados que concluyen su primer sexenio este año, todos los asistentes iban con el interés de descubrir alguna señal en cualquier sentido. Se quedaron con las ganas. Lo mismo hubiera dado que se trata de un té canasta.
Hasta el próximo jueves.