Morales no se vende: se defiende

El Parque de Morales no se negocia. Ni con discursos vacíos, ni con renders espectaculares, ni con promesas verdes disfrazadas de concreto. Este espacio —llamado formalmente Juan H. Sánchez, pero en el corazón potosino conocido simplemente como "el Morales"— representa mucho más que árboles, juegos, senderos y un lago: es un territorio emocional, un refugio urbano, un punto de convergencia generacional. Y, lamentablemente, también es ahora un campo de disputa entre la ciudadanía que exige respeto y las autoridades que insisten en atropellar.

Desde Cambio de Ruta, A.C., decidimos acudir al juicio de amparo no por protagonismo ni por obstaculizar el progreso, como cínicamente algunos funcionarios han insinuado, sino por una razón mucho más sencilla y poderosa: porque el derecho al medio ambiente sano no se negocia. Porque intervenir un parque urbano como Morales sin estudios ambientales, sin consulta pública y sin transparencia en el uso de recursos públicos no es solo irresponsable: es inconstitucional.

La narrativa oficial pretendía vendernos un proyecto "verde", con una inversión de cien millones de pesos para remodelar el parque. Sin embargo, jamás presentaron un proyecto ejecutivo completo, ni sometieron a consulta alguna las acciones que ahí pretendían ejecutar. ¿Qué especies planeaban sembrar? ¿Cuántos árboles serían derribados o reubicados? ¿Qué medidas de mitigación ecológica se habían previsto? Silencio. Puro silencio institucional.

Cuando solicitamos información, nos topamos con evasivas y, en la mayoría de los casos, con omisión total. Por eso el amparo fue necesario: porque no hay modernización posible cuando los derechos fundamentales son tratados como obstáculos. Porque la transparencia no es un favor que hacen los gobiernos, es una obligación constitucional.

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El resultado fue una sentencia compleja pero relevante: se reconoció que dos de las autoridades más implicadas en el proyecto —la SEDUVOP y la SEGAM— sí incurrieron en omisiones y violaciones a dichos derechos.

La sentencia concluyó que la ciudadanía sí tiene interés legítimo para exigir cuentas cuando se afecta un ecosistema urbano. Que sí hubo peticiones ignoradas y que las autoridades mintieron al negar su participación en el proyecto, cuando existen documentos públicos que las implican directamente. 

Además, se reconoció que la sola presentación de un proyecto sin estudios de impacto ambiental y sin consulta previa puede vulnerar derechos fundamentales, aun cuando la obra no haya iniciado. Esa es una de las grandes conquistas jurídicas de esta sentencia: la protección preventiva del medio ambiente, no como excepción, sino como mandato.

¿Por qué era necesario acudir a la justicia? Porque no bastaba la indignación. Porque los árboles no tienen voz en las conferencias de prensa. Porque no podíamos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo se anunciaba una "remodelación integral" sin estudio técnico alguno, sin transparencia presupuestal y sin escuchar a la comunidad.

El amparo no fue una frivolidad legal. Fue un recurso ético, jurídico y ciudadano. Fue la defensa de un principio: la ciudad no es un tablero de marketing político. Las autoridades frenaron, aunque no lo reconozcan, porque sabían que la justicia estaba siguiéndoles los pasos.

Defender el Parque de Morales es defender lo común. Es afirmar que el espacio público no puede seguir siendo manipulado bajo lógicas de clientelismo político. Es advertir que la memoria colectiva también es un bien jurídico tutelado: cada sendero, cada juego de fierro oxidado, cada árbol centenario es una página de la biografía urbana de San Luis Potosí.

No queremos un parque maquillado de modernidad superficial. Queremos un Morales vivo, plural, ecológico, funcional, histórico. Queremos decisiones participativas, no imposiciones verticales. Queremos inversión con diagnóstico, no anuncios sin planeación. Y sobre todo, queremos que se respete la ley, empezando por la Constitución y los tratados internacionales que garantizan nuestro derecho a un entorno sano y a participar en las decisiones ambientales.

Este amparo nos deja varias enseñanzas. Primero, que la justicia federal puede y debe actuar cuando el poder público abusa. Segundo, que los juicios no siempre se ganan en los encabezados, pero sí pueden lograr cambios de fondo. Tercero, que la defensa del medio ambiente requiere valentía jurídica, paciencia estratégica y profunda convicción ética.

Morales no es un parque más. Es un símbolo. Y los símbolos no se tocan sin memoria, sin respeto y sin permiso.

Delírium trémens.- Quienes gobiernan creen que el silencio es impunidad. Pero cada documento, cada acta, cada sentencia nos demuestra que no estamos solos. La lucha sigue, no solo en tribunales, sino en la conciencia ciudadana que, árbol por árbol, ha decidido decir: ¡Morales se defiende!

@luisglozano