Ni Salamanca ni Chalma
Lo que en otros espacios provocaría una profunda vergüenza en cualquier momento, aquí parece ser lo mismo motivo de orgullo que de algarabía. Todo cuanto dice el gobernador de San Luis Potosí, por disparatado que esto sea, tendrá como consecuencia inmediata el regocijo no sólo de sus primeros receptores sino de todo el aparato burocrático. En un inicio pudo ser risible pero ya llega a lo preocupante.
El problema de Ricardo Gallardo, o mejor dicho del gobernador de San Luis Potosí, no es hablar más rápido de lo que piensa, sino evidenciar de manera constante su enorme ignorancia y el profundo desprecio que manifiesta por todo aquello que pueda representar una barrera para conseguir sus objetivos, así sea la propia Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; de la local ni qué decir, para eso tiene un Congreso a modo en el que pareciera que los diputados se encuentran a su servicio. Y todavía falta otra legislatura.
En poco tiempo, dada la escasez de materia gris que padecen nuestros curuleros, toda ocurrencia del gobernador será presentada como iniciativa de ley. Tampoco hay mucho de qué sorprendernos, era previsible; allá en Soledad tanto él como su padre siempre hicieron lo que les venía en gana. El trasfondo de todo es el clientelismo electoral y el control total de los recursos económicos del estado.
Dentro de esa estrategia, lo que a nosotros pudiera parecernos absurdo es en realidad la principal carnada que todos acaban mordiendo en el anzuelo. “Hasta ahora y en tan poco tiempo, ningún gobernador había hecho tanto por tantos potosinos”, se escucha con frecuencia. Aunque no se cumpla, con que él lo diga y otros lo repitan, es más que suficiente.
No hay que ir muy lejos. De la amenaza de cárcel a los saqueadores del sexenio pasado, por ejemplo, se llegó a la conmutación de la pena gracias a la “simplificación administrativa”, ninguno de los verdaderos culpables ha ido a la cárcel pero en el imaginario colectivo se tiene la idea que sí. Por eso es importante encarcelar a quien no pueda aportar algo.
Ahí radica la utilidad de un fiscal palero y mediático, que si bien no impugnó la libertad de una doctora que saqueó los Servicios de Salud hasta donde ya no se podía, sí lo hará en el caso de unos médicos acusados de provocar, por negligencia, la muerte de una niña. Curioso, esto ocurre casi al mismo tiempo el presidente se pronuncia por la revisión en el asunto de un médico residente acusado de sustracción de material clínico de un hospital enfatizando “no vamos a cometer en ningún caso una injusticia.”
Mientras, como su ocurrencia de pena de muerte y castración ni siquiera será tomada en cuenta, a propósito de un linchamiento, ha corrido a pertrecharse en los supuestos: “creo que si estuviera la castración, a esta persona ya la hubieran castrado pero no la hubieran matado, por eso se necesitan sanciones más duras”. Pero si eso no funciona, la nota espectacular la dará el anuncio parroquial que amenaza con la cárcel a quien publique notas alarmantes, ya que contribuyen a regatearle méritos a su lucha contra el crimen: “es una locura lo que está sucediendo en las colindancias de San Luis Potosí y nosotros seguimos conteniendo que no se desborde la violencia, estamos haciendo un trabajo titánico.” ¿Sabrá que acabaron en el Tártaro?
Y como las cosas no le salen como él quiere, lanza sus rabietas de cacique contra los municipios a los que, antes que se le escapen, tiene que controlar en el ejercicio del recurso público, no vaya siendo que gasten de más. Parece ser que, con todo y que dicen que estudió Derecho, desconoce que es atribución única de la Auditoría Superior del Estado, y no del Ejecutivo; su secretario general debería ayudarle a comprender la Ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado, aunque sea sólo la fracción IV del artículo primero. Bueno, antes debieron explicarle, porque leer no creo que se le dé, cómo funcionan en México los salarios mínimos.
Es por demás, el asunto no tiene remedio, Salamanca no fue generosa y hasta Chalma tiene límites.
