A juzgar por los dichos y hechos más recientes, el alcalde Xavier Nava Palacios no piensa ceder un milímetro en su propósito de llevar ante la ley a los principales funcionarios de la administración municipal anterior, con Ricardo Gallardo Juárez a la cabeza. Y aunque nada hay, hasta ahora, en el ayuntamiento capitalino que involucre en ilícitos a Ricardo Gallardo Cardona, el auténtico contendiente de Nava Palacios, el cálculo es muy sencillo: el enjuiciamiento de cualquiera de ellos sería un golpe muy severo para el gallardísmo en su conjunto, que sin duda lo dejaría muy disminuido para la competencia electoral del 2021.
De ahí que el sábado anterior, al rendir su primer informe de trabajo, XNP haya dedicado un buen espacio a enumerar las once acusaciones penales que su administración ha presentado ante la Fiscalía General de la República, seis, y ante la Fiscalía General del Estado, cinco. Con mesura pero también con claridad, el alcalde añadió que “Ahora corresponde a las autoridades responsables llevar a los delincuentes ante la justicia. No más impunidad”. Lo escucharon presencialmente el gobernador Carreras y el fiscal Garza y seguramente el mensaje llegó también al fiscal federal Gertz Manero. Qué tanto caso le hagan, es otro cantar.
No conforme con lo anterior, dos días después el Ayuntamiento capitalino presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra Gallardo Juárez y quien fuera su tesorero largos años tanto en Soledad como aquí, Emmanuel Ramos Hernández, actual diputado local. De manera poco habitual, esa demanda incluye la sanción deseada: 20 años de inhabilitación para ocupar cualquier cargo público.
Se ve muy difícil que la solicitud prospere. De entrada, Nava Palacios no cuenta con ningún grupo de diputados ni dirigencia partidista que respalde sus intenciones. Los que más próximos parecieran estar al Alcalde, que son los panistas, no tienen el menor interés en apoyar sus intenciones por razones (pre) electorales y de militancia. Sin embargo, en la medida que el documento que demanda el juicio político esté bien hecho, debidamente fundado y argumentado, los legisladores tendrán que darle trámite y si de antemano tienen decidido rechazarlo, para hacerlo tienen que encontrar a su vez buenas razones jurídicas que sustenten
su determinación.
Si decidieran simplemente “congelar” el asunto, quedan expuestos a reclamos periódicos de incumplimiento por parte de sus promoventes. Es verdad que en los cajones del Congreso hay varios expedientes polvorientos de solicitudes de juicio político que nomás no caminan, pero casi en todos los casos se trata de acciones cuyos solicitantes dejaron de impulsar al paso del tiempo. Uno puede suponer que por lo menos durante los próximos dos años, el Ayuntamiento de la capital puede estar insistiendo, exigiendo tramitación y revisando la juridicidad de cualquier acuerdo.
Por lo que hace a las acusaciones penales enlistadas por XNP en su informe anual, la lista es la siguiente:
Las seis presentadas ante la Fiscalía General de la República son: 1.- (Violación a la Ley de Amparo) Desacato de una suspensión de amparo decretada por un juez de distrito, para modificar el uso del suelo de terrenos localizados en el Camino a la Presa, parte de los cuales eran propiedad de Gallardo Juárez. No existe un monto cuantificable de daño patrimonial al Ayuntamiento. 2.- (Peculado) Obras simuladas en la avenida Fray Diego de la Magdalena. Se erogaron aproximadamente 200 millones de pesos de recursos federales, sin que se hiciera nada de obra. Actualmente se busca el resarcimiento de 113 millones, luego de que varios contratistas y proveedores devolvieron lo que habían recibido.
3.- (Defraudación fiscal) Retención de 267 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre Productos del Trabajo a los trabajadores municipales en el período 2015-2018, que no se entregaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT). Se ignora su destino. 4.- (Defraudación fiscal) Compra de facturas falsas a la empresa “79 Integración Empresarial”, identificada por el SAT como EFOS (Empresa que Factura Operaciones Simuladas). Se le entregaron casi 5 millones de pesos y no hay constancia de que haya entregado ningún producto o servicio.
5.- (Peculado con recursos federales) Caso Sandra Sánchez Ruiz, supuesta proveedora de medicamentos a quienes se entregaron casi 43 millones de pesos sin que haya constancia de que el Ayuntamiento hubiera recibido las medicinas, y 6.- (Peculado con recursos federales) Desvío de 8.3 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Pública, para la adquisición de 40 mil ollas de cocina, cuyo destino final se desconoce.
Hasta aquí, los montos involucrados en peculados, defraudaciones fiscales y demás, suman 436 millones de pesos, en número cerrados.
Por lo que se refiere a las acusaciones presentadas ante la Fiscalía General del Estado, cinco hasta el momento, involucran diversas sumas de dinero por un total de 438 millones de pesos, que pueden convertirse en 633 si el valor de un terreno involucrado se toma a valor comercial y no catastral.
En resumen, para no extendernos demasiado, los asuntos en manos de la FGE se refieren al sobreprecio de 152.6 millones de pesos pagados por los servicios médicos en Interapas; la llamada Nómina Maestra, que mediante un esquema piramidal de pagos en efectivo, supuestamente se pagaron 62.2 millones de pesos a un solo empleado, quien no recibió nada y el dinero fue a parar a diversas cuentas particulares de funcionarios municipales, y el peculado cometido al pagarle 4 millones de pesos a una empresa fantasma de Morelos, que supuestamente recuperaría impuestos pagados por Interapas.
Finalmente, en la instancia estatal de procuración de justicia están otros dos asuntos: un por peculado de 6.1 millones que se pagaron a una empresa que supuestamente cobraría cartera vencida y que no hizo nada pero igual recibió sus pagos (y luego se “mochó”), y el caso de los terrenos del Camino a la Presa donde además de violar la Ley de Amparo, el cabildo gallardista autorizó la construcción de casas y departamentos en una zona natural protegida. Estos terrenos valen entre 213 y 408 millones de pesos.
Así, el exalcalde Ricardo Gallardo Juárez y varios de sus principales colaboradores enfrentan demandas que involucran montos por entre 874 y 1,070 millones de pesos. ¿Y luego? Buena pregunta.
AUTÉNTICO THRILLER
El proceso para definir la nueva dirigencia nacional de Morena está convertido en una película de suspenso seguida con gran atención y los nervios de punta por muchos actores políticos potosinos. Son los que entienden que la identidad del nuevo dirigente y las condiciones de fortalecimiento o debilitamiento con que salga ese partido de su proceso interno tendrán consecuencias importantes en la política local.
Por principio de cuentas, el proyecto gallardista puede fortalecerse o desfondarse dependiendo simplemente de quién quede al frente de Morena a nivel nacional. Por sus alianzas previas y por la fama que le precede, el proyecto que encabeza Ricardo Gallardo Cardona elevaría notoriamente sus bonos si el sucesor de Yeidckol Polevnsky fuera Mario Delgado, actual coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. Exactamente lo contrario ocurrirá -el Pollito y sus planes se quedarían sin oxígeno- si la elección la gana Bertha Luján o se reelige la propia Yeidckol. Ninguna de las dos quiere a los señores Gallardo, más bien los detestan. Lo mismo les sucede con Alejandro Díaz Durán, quien hasta vino a grabar aquí un video sentenciándoselas, solo que este aspirante no pinta en los momios.
Desde otra óptica, si Morena se desgasta en exceso con su proceso interno y una vez resuelto hay heridas serias, resentimientos y/o deserciones, las posibilidades de una alianza PAN-PRI-PRD-MC se esfumarán por completo, pues seguramente el albiceleste querrá ir solo, o por lo menos sin el PRI, para enfrentar al partido de López Obrador en el 2021. El PAN anda envalentonado desde los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio en seis estados.
Como ya hemos comentado aquí, en esas elecciones Morena acumuló en las seis entidades un total de un millón 940 mil votos en tanto que el PAN consiguió un millón 740 mil. Es decir, una diferencia de 200 mil en total, que a los azules se les hace poca.
Otra cosa será si, como muchos esperan, López Obrador pone orden, las cosas se civilizan, se logran buenos consensos y el proceso finalmente no solo no debilita sino que fortalece a Morena. En ese caso, para el PAN sería suicida ir sólo a las elecciones del 2021. Obviamente, lo mismo puede decirse de los demás partidos que no se sumen de plano a Morena, como sin duda lo harán el PT y el PVEM.
Conforme a las mediciones más recientes, sigue siendo el PRI el socio que más aportaría al PAN en caso de alianza, pero no hay que perder de vista ni al PRD, que aquí registra una de sus mayores intenciones de voto (entre 6 y 8 puntos porcentuales), ni al MC que si bien aquí anda muy bajo, puede ser reforzado por sus instancias nacionales.
Luego de la fallida sesión de su Consejo Nacional el pasado domingo, en Morena lo único claro es que todo está muy turbio. Cosa de tener un poco de paciencia.
COMPRIMIDOS
René Martínez Pedraza, el infortunado elemento de la Policía Ministerial del Estado que falleció en el rancho propiedad de Cándido Ochoa Rojas en Tancanhuitz, estaba comisionado con el hoy diputado local desde el 2014. Es decir, Cándido prácticamente se lo auto asignó cuando era secretario General de Gobierno y mandaba en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Allá, todo mundo identificaba a René como el capataz del rancho de COR, donde vive su señora madre. Nadie nunca recuerda haberlo visto en funciones de escolta. No olvidemos que al momento de fallecer en tareas domesticas del rancho su supuesto escoltado estaba a 300 kilometros de distancia.
Ayer, en conferencia de prensa, el vice fiscal del estado, Aarón Edmundo Castro, reveló que hay otro elemento de la Fiscalía General del Estado asignado “a la seguridad” de Cándido, luego como no queriendo, no sé si por ingenuidad o con gran malicia, comentó que ese otro agente aún se encontraba bajo vigilancia médica. O sea que también hacía labores de mozo en el rancho del ex secretario de Gobierno. Es difícil encontrar en estas tierras a un sujeto más miserable que Cándido Ochoa Rojas.
El diputado José Antonio Zapata Meraz (PAN), nuevo presidente de la Comisión de Vigilancia dice muy orondo que le hacen falta más asesores. O es muy burro o es muy rata: Esa comisión tiene siete integrantes. Cada uno recibe 80 mil pesos mensuales para asesores, con lo que se pueden contratar en promedio cuatro con un sueldo aceptable. Eso da 28 asesores, sucede que forma parte de esa comisión Rolando Hervert, quien por ser coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Jucopo, recibe otros 80 mil pesos para asesoría. O sea, la CV tiene para pagar 32 asesores. ¡Y Zapata Meraz quiere más! No chinguen.
Hasta el próximo jueves.