NO TODO ANDA TAN MAL

Una de las mejores cosas que están ocurriendo en el país hoy día, al influjo de la 4T e impulsada de consumo por el Presidente de la República y el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el proceso de limpia en el Poder Judicial de la Federación, convertido al paso de los años en reducto de intocables. Aquí en el terruño, se están dando circunstancias favorables para que si hay voluntad política y entereza moral, los tres poderes conjuguen esfuerzos y hagan algo similar en beneficio de todos los potosinos.

La frase viene de mucho tiempo atrás y se le atribuye al presidente Adolfo López Mateos: "Tapaos los unos a los otros". Si en algún ámbito del Estado Mexicano se aplicó con virtuosismo esa recomendación,  fue en el Poder Judicial Federal, sobre todo a partir de que sus principales funcionarios -ministros, magistrados y jueces- fueron protegidos con el principio de inamovilidad, por efecto del cual pueden permanecer largos períodos en sus cargos sin posibilidad de ser cesados o siquiera suspendidos, salvo por causas graves, difíciles de acreditar, y mediante dilatados procedimientos.

Por supuesto que generalizar en el sentido de que todos o la mayoría de los altos cargos del PJF son imputables de malas conductas sería absurdo, pero a lo largo de los años se fueron acumulando evidencias de que un buen número de ellos cometieron actos de corrupción, traficaron con influencias, oficiaron incansables en el altar del nepotismo y con frecuencia eran acosadores sexuales o laborales. Salvo unos cuantos casos, muy esporádicos y casi siempre operados con mucha discreción, el manto de la impunidad se hizo presente. Si acaso, lo que más ocurría eran cambios de adscripción a lugares un tanto inhóspitos, pero nada más.

En los últimos meses, después del muy sonado caso del ministro Eduardo Medina Mora que se vio orillado a renunciar luego de que en una clara maniobra política la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda difundiera que le había detectado operaciones financieras, por millones de dólares y libras esterlinas, sin respaldo en sus ingresos, se han sucedido varios casos más de magistrados y jueces de Distrito cesados, suspendidos o removidos. 

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, llegado al cargo hace un año, con el evidente beneplácito, reconocimiento y respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, inició una amplia tarea de depuración en las más altas instancias del Poder Judicial de la Federación. Apenas ayer, ambos funcionarios presentaron de manera conjunta una iniciativa de reformas legales encaminadas, justamente, a consolidar el proceso de saneamiento y fortalecimiento institucional. Los detalles de este proyecto se conocerán en los próximos días, pero de entrada Zaldívar dijo que entre los propósitos que se persiguen destacan los de erradicar "la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual" en el Poder encargado de impartir justicia en el país.

Por otro lado, desde que se forzó la renuncia de Medina Mora y se separó de sus cargos a varios magistrados y jueces, fue perceptible que en todo el entramado del Poder Judicial Federal comenzaron a conducirse con mayor cautela a la hora de dictar fallos, meter parientes a trabajar, aceptar "atenciones" de los abogados litigantes y en el trato al personal, sobre todo el femenino. Decían en el barrio: "el miedo no anda en burro".

O sea, antes de que se modifiquen las leyes, se implanten medidas correctivas o se apliquen mayores sanciones, el solo hecho de hacer evidente que había la voluntad política suficiente para corregir lo que estaba mal bastó para que fueran disminuyendo los malos hábitos. In extremis, el mensaje fue muy simple: Ya no son intocables; se portan mal y con todo y la famosa inamovilidad se van a su casa o a la cárcel. Así, cualquiera entiende.

AHÍ NOS HABLAN

Nuestro Poder Judicial no anda bien. Puede ser que haya tenido épocas peores pero eso no es ningún consuelo. Sus fallas más perceptibles -corrupción, impunidad, nepotismo, rezago, opacidad y acoso- requieren una columna dedicada exclusivamente a detallarlas. En unas semanas más la publicaremos. Por ahora lo que nos interesa subrayar es que muy pronto estarán dadas condiciones para iniciar una amplia y vigorosa tarea correctiva. Se aproxima la hora propicia para sacar la escoba. Si no se hace, será imperdonable. La responsabilidad recae en los tres poderes estatales. 

La cúpula del PJE está integrada por los 16 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y tres integrantes del Consejo de la Judicatura. De los primeros, en octubre próximo hay uno que se va por haber cumplido el máximo de 15 años de ejercicio. Uno más estaría cumpliendo el límite de edad, pero existen dudas sobre si es aplicable esa causal de retiro (México es firmante de convenios o tratados internacionales que consideran que los límites de edad para ejercer cargos públicos son discriminatorios y, en consecuencia, violentan derechos humanos).

Otros nueve que fueron designados en el 2014 por el Congreso del Estado, a propuesta del Ejecutivo, cumplen también en octubre su período de seis años. Tienen derecho a ser ratificados. En caso de que lo sean permanecerán en el encargo nueve años más hasta alcanzar el máximo de 15. 

La gran mayoría de esos nueve magistrados  fueron impuestos por el entonces secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, con el irresponsable y holgazán beneplácito del gobernador Fernando Toranzo. Al paso de los años, algunos de ellos (son cinco mujeres y cuatro hombres), han acreditado independencia de criterio, índices aceptables de capacidad, probidad y laboriosidad. Pero otros hay que además de que han actuado como lacayos de El Gran Recaudador y consecuentemente han sido deshonestos, no han mostrado suficiente capacidad ni dedicación. Algunos incluso le han entrado con deleite a la práctica del nepotismo.

Con un mínimo de sentido de responsabilidad, el gobernador Juan Manuel Carreras, los diputados locales de todos los partidos y los integrantes del Consejo de la Judicatura (del que también forma parte en automático el (la) presidente(a) del Supremo Tribunal, tienen a la mano esta valiosa oportunidad de excluir de la máxima instancia de impartición de justicia a varios elementos indeseables por testaferros, corruptos y/o flojos.

En círculos judiciales, del Ejecutivo y desde luego del Legislativo, hay mucho escepticismo sobre la posibilidad de que se aproveche para bien esta oportunidad para deshacerse de los magistrados indeseables. 

Esa postura escéptica tiene sus nutrientes: a) se trata del tipo de asuntos a los que el gobernador les huye como si fueran el coronavirus, b) Juan Manuel Carreras le tiene mucho miedo a Cándido, como recién se vio con los policías muertos en su rancho por traerlos de mozos; c) si le encarga el asunto al Caco puede salir peor el remedio que la enfermedad y ver nuestro Poder Judicial totalmente colonizado por macabeos, d) el procedimiento estrictamente jurídico para negar una ratificación es complejo, está deficientemente regulado y si no se hace con gran consistencia es impugnable vía juicios de amparo que suelen ganarse, e) los diputados, por lo menos su mayoría, no sacan un perro de una milpa y solo ven por sus intereses,  y f) en el STJ les gustaría seguir como están: acatando consignas, agarrando billetes, colocando a toda la parentela, opacos, bien pagados (por arriba y por debajo de la mesa) y echándole los perros al personal.

No soy de los escépticos: Si Juan Manuel Carreras no quiere despeinarse, sudar o desvelarse, que encomiende el asunto a colaboradores suyos que sin ser el omnipresente Caco pueden sacar bien el asunto. Estoy pensando en su Consejería Jurídica que está en buenas manos, en otras instancias oficiales especializadas en Derecho, incluso distraer un poco a Daniel Pedroza, sacarle más provecho a Jorge Daniel Hernández Delgadillo y, si fuera necesario, contratar un par de consultores externos.

También, si es que es cierto, que deje de temerle a Cándido y que se acuerde que tiene en sus manos esas cosas que se llaman Poder y Fuerza del Estado. Por lo demás, en los últimos años la Suprema Corte ha modificado sus criterios excesivamente proteccionistas de los magistrados o jueces estatales que eran removidos de sus cargos. Es mucho menos complaciente en la actualidad. 

La filigrana jurídica se vuelve totalmente irrelevante si se opta por la vía política y, simple y sencillamente, se decide aplicar la técnica Medina Mora. Entre los diputados, haciendo bien el trabajo, el Ejecutivo puede encontrar suficientes aliados para sacar adelante los casos de ratificación o de no ratificación. Creo, por lo que de ella me han platicado, que con todo y sus orígenes candidistas la nueva presidenta del STJ puede ser una buena aliada, y con ella los otros integrantes del Consejo de la Judicatura.

El proceso de marras debe iniciar en abril próximo en el seno del Consejo de la Judicatura, cuyos informes pasan al Ejecutivo en julio, para cerrar el círculo en el Congreso en septiembre/octubre. 

Obviamente, la depuración que eventualmente se diera en el Supremo Tribunal antes de finalizar el año, sería el primer paso de una tarea más amplia y enjundiosa que recomponga las cosas en todas las instancias: desde el Pleno a los actuarios pasando por jueces y secretarios.

No creo necesario insistir en la importancia que para la vida comunitaria representa el funcionamiento aceptable del aparato impartidor de justicia. Máxime en las actuales condiciones de violencia e inseguridad que vive el país.

COMPRIMIDOS

Diría el clásico: "no se hagan bolas". Para la Fiscalía anticorrupción lo que hace falta es alguien con mucho empaque, con capacidad pero también con autoridad moral, alguien dueño de un prestigio que deba cuidar. Hombre, mujer o danzante, alguien que no se someta a órdenes indignantes ni acepte que le truenen los dedos. Así de fácil. 

El presidente López Obrador andará nuevamente por aquí (no visitaba la entidad desde octubre) el 4 o 5 de marzo. En principio, lo quieren llevar al C5i2 tuerto que tenemos. Han de querer ver si le bajan una lana para comprar más cámaras.

Con la detención de Emilio Lozoya la legión los peñanietistas no van a poder conciliar el sueño. "No se mandaba solo", comentó ayer mismo a manera de advertencia su combativo abogado defensor. Pues sí.

En el Comité Directivo Estatal del PRI, por mucho que les pese, van a tener que seguir el consejo bíblico "Si tu ojo es causa de tu mal, arráncalo". Lo repetiré una vez más: solo hay dos cosas peores que cometer un error, verlo venir y no evitarlo, e insistir en él. Pues sí, otra vez.

Hasta el próximo jueves.