NUESTRA HUASTECA SUFRE

Ante una muy sospechosa pasividad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la delincuencia organizada avanza en su apoderamiento de partes sustanciales de la actividad económica más importante de la Huasteca Potosina, la siembra de caña y producción de azúcar. Con el membrete de falsos sindicatos y federaciones de trabajadores, lleva un año extorsionando a los productores y proveedores que abastecen el ingenio Plan de San Luis, el más importante de los cuatro que existen en territorio potosino y segundo a nivel nacional por su capacidad de producción.

   No son exageradas las versiones que corren en la Huasteca, en el sentido de que la empresa propietaria, Promotora Industrial Azucarera, S.A. (PIASA), parte del consorcio Arca-Continental-Femsa, ha comenzado a considerar su cierre, lo cual significaría un golpe demoledor para la economía de la región. En la zafra anterior, los productores que abastecen al ingenio le entregaron 1 millón 430 mil toneladas de caña, que se convirtieron en cerca de 200 mil toneladas de azúcar en sus diferentes tipos.

Hace apenas un par de meses, el gerente de la factoría decidió separarse del cargo, para no estar enfrentando las presiones de los delincuentes.

El Ingenio Plan de San Luis, con 35 años de antigüedad y considerado uno de los más modernos del país en servicio, es fuente de sustento para más de 4 mil familias en forma directa y de otras 2 mil 500 en empleos indirectos.

Para alcanzar sus ilegales propósitos, los delincuentes que pertenecen a uno de los grandes grupos delictivos del noreste del país, constituyen sindicatos y federaciones obreras falsos, mediante los cuales contactan a los dirigentes de las asociaciones cañeras y a directivos del ingenio, para obligarlos bajo amenaza a contratar con ellos todo tipo de servicios y abastecimientos.

Inicialmente, los “representantes” de las organizaciones-fachada ofrecían sobre todo servicio de transporte para la caña que se moviliza varios meses al año en grandes volúmenes, fijando ellos los fletes y demás tarifas. Posteriormente, ampliaron su oferta a otros rubros como suministro de fertilizantes y fungicidas, renta de maquinaria e incluso mano de obra.

Los dirigentes cañeros que se resisten han sido y son objeto de amenazas cumplidas. Hay datos consistentes de varios que han sido levantados, torturados y amenazados de muerte para que cumplan sin reparos el pago de las extorsiones.

Para la zafra en curso, a través de las agrupaciones de productores, los operadores del crimen organizado han impuesto una especie de cuota especial de algunos pesos por cada tonelada de caña entregada al ingenio, lo que significa algo así como un impuesto criminal que se traduce en un “ingreso básico” para los pillos de por lo menos 10 millones de pesos, únicamente por lo que hace al Plan de San Luis. 

Para controlar los volúmenes sujetos a las cuotas, los delincuentes requieren la complicidad de funcionarios y personal del ingenio que les entreguen la información necesaria, razón por la cual el consorcio dueño de la planta ha comenzado a analizar su eventual traslado a otra región fuera del estado.

En su condición de principal empleador y fuente de ingresos para miles de familias de Ciudad Valles y sus alrededores, la suspensión de actividades en el ingenio sería un golpe extremadamente severo para la economía regional.

Nuestro estado cuenta con cuatro ingenios en total, de los cuales el Plan de San Luis es el más grande y productivo. No hay informes consistentes de que la delincuencia organizada esté ya presente en alguno de los otros tres -Plan de Ayala, también de Valles; Alianza Popular, de Tambaca, y el Ponciano Arriaga, de El Naranjo- pero se asume como un hecho que no tardarán en extenderse, y muy seguramente que lo harán en caso de que el Plan de San Luis clausure o reduzca sustancialmente sus operaciones. También mientras sigan disfrutando de tanta impunidad. 

Las extorsiones, amenazas, agresiones e imposiciones a los cañeros huastecos comenzaron hacia finales del 2021, coincidiendo con los cambios de las administraciones estatal y municipal. En Valles se tiene por cierto que su actual alcalde, David Medina Salazar, mantiene algún tipo de tratos y una notable tolerancia hacia los delincuentes que lastiman a sus gobernados.

Llama la atención también el hecho de que una base operativa de la policía estatal ubicada frente al ingenio súbitamente desapareció. 

Inicialmente, con el membrete sindical que utilizan, los extorsionadores enviaron cartas a los líderes de las diferentes asociaciones cañeras, citándolos en restaurantes y no en alguna oficina. “Somos un sindicato y queremos que todos tus proveedores pasen a platicar con nosotros. Que se reporten a este número”, fue una de las exigencias iniciales. Posteriormente, la presión aumentó: “No te preocupes, si no se alinean tus proveedores, nosotros tenemos toda una cadena de suministro muy bien armada y te podemos surtir todo lo que necesites”. 

Todo este asunto fue abordado ampliamente a fines de agosto pasado por el periodista vállense Samuel Roa, cuyo trabajo fue retomado in extenso por los periódicos Reforma y El Universal así como por el portal La Silla Rota. Esta columna está nutrida en buena parte por el trabajo original y otros posteriores de Roa.

EVASIVAS SOSPECHOSAS Y MALOLIENTES

A raíz del tratamiento mediático de fines de agosto pasado, el secretario general de gobierno Guadalupe Torres Sánchez fue abordado sobre este tema por los medios y declaró que “no vamos a permitir que el ingenio Plan de San Luis cierre sus puertas por el crimen organizado; estamos buscando que haya seguridad para todos”. Agregó que pidió al secretario de Seguridad Pública Guzmar González Castillo, que se hiciera presente con los directivos de la empresa para que se entrevistara y escuchara sus necesidades.

“Vamos a brindarles toda la protección, toda la atención que se requiera, toda vez que no hay un poder más fuerte que el estado”, añadió el funcionario.

Hasta donde nos ha sido posible saber, el secretario de Seguridad tiene ofrecido ir en algún momento del futuro a la Huasteca para interiorizarse del problema. Los interesados suponen que los meses anteriores fueron de extrema ocupación para el militar en retiro, seguramente para cuidar que todo saliera bien en la Feria con su teatro del pueblo, en las posadas oficiales de muchos municipios y en la feria navideña que apenas está por concluir. Hay prioridades.

La única reacción oficial visible sobre esta trama criminal tan nociva y riesgosa, es que por ahí de septiembre el fiscal general del estado José Luis Ruíz Contreras envió a Ciudad Valles un equipo de ocho personas, principalmente agentes del Ministerio Público. Estuvieron allá dos días y se regresaron sin que se volviera a tener noticia de ellos. Del que se supo algo fue de su jefe el Fiscal, quien declaró sin inmutarse que no hay denuncias en ese asunto y que mientras no las haya él no puede hacer nada. El más fútil y cobarde o corrupto pretexto para evadir la acción.

En medio de estos temores, los vallenses recuerdan y refieren que hace cuatro años, también por extorsiones del crimen organizado -aunque al parecer de un grupo delictivo diferente-, la empresa industrializadora de lácteos Lala cerró su centro de distribución en la cabecera municipal, dejando sin empleo a un número importante de jefes de familia.

De acuerdo con informes confiables, las autoridades estatales, igual que las federales y municipales, tienen amplia información sobre los jefes delincuenciales y sus operadores en la Huasteca. Conocen sus nombres, apodos, domicilios, números telefónicos, redes de contactos y en general lo suficiente para actuar. 

La indiferencia, pasividad y omisión de todas las instancias oficiales ante este serio problema son, por decir lo menos, malolientes y sospechosas, muy sospechosas. La coartada de la Fiscalía General del Estado (seguro también tienen la suya la delegación de la FGR y la dirección de seguridad del ayuntamiento vallense) es insostenible. Eso de que si no hay denuncia no puede actuar tiene menos consistencia que un fideo mojado. Desde hace dos años la extorsión es delito grave y existe algo que se llama flagrancia y hay todas las condiciones para actuar en su momento. 

Finalmente, es obvio que en la noble y laboriosa Huasteca andan mal y de malas. Les suspenden sin decir agua va el presupuesto para la ampliación y modernización de su aeropuerto, clave para el turismo, y luego les cae la criminalidad impune. ¿Gallardo Cardona los va a dejar en el abandono?

COMPRIMIDOS

En la UASLP optaron por llevarse la fiesta en paz en su desacuerdo con el gobernador en materia financiera hasta en tanto pasen los festejos de su centenario de autonomía, la próxima semana. Después, el rector va a descubrir que hay muchos universitarios que para nada están dispuestos a permitir que el gobernador siga agrediendo verbal y financieramente a nuestra Máxima Casa de Estudios. O séase que esto se arregla pronto y bien o se va a poner cañón.

Desde hace un par de semanas en los círculos del Poder Judicial del estado se daba por segura la elección de Manuelita García Cázares como nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura. El consenso estaba amarrado -y funcionó como lo demuestra la unanimidad- y por eso sorprendió que se postulara la magistrada hermana del secretario general de gobierno Guadalupe Torres Sánchez. O se manda sola pero no es muy perspicaz o la mandaron a la guerra sin fusil. Obviamente, sobran quienes ven en este acontecimiento una derrota de Gallardo Cardona. Yo no lo veo así, me parece que fue pura chambonería.

La elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derrotando a la favorita presidencial, igual que la del nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desafecto de la 4T, implican muchas cosas, pero una sobresale: no hay poder omnímodo, es decir, sin límites. Ni siquiera el de Andrés Manuel López Obrador, quien probablemente sea el presidente de la República más poderoso desde Plutarco Elías Calles. Hay veces que la vida es generosa y ofrece experiencias ajenas gratuitas y benéficas. Ojalá lo entienda nuestro desaforado gobernador.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cada día le acerca más los fierros calientes a Héctor Serrano, por su participación en el entramado de espionaje telefónico y cibernético que él organizó y jefaturó en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Ayer la prensa nacional informó de dos detenciones relacionadas. Y luego se preguntarán por qué doña Claudia no nos quiere.

Hasta el próximo jueves.