OJALÁ APROVECHEN

En tanto las instancias correspondientes resuelven de fondo y en definitiva los litigios pendientes relacionados con la elección de gobernador, lo que ocurrirá en el curso de las próximas semanas, conviene abordar un tema de importancia para nuestra vida pública que se nos ha ido quedando en el tintero.

En fechas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado resoluciones que reivindican y hacen más potente el papel de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que vigilan el desempeño de la administración pública y, llegado el caso, denuncian irregularidades o de plano actos de corrupción con los dineros públicos. 

En su dimensión estatal, se trata de fallos de la máxima instancia judicial del país que vienen a ampliar y fortalecer el arsenal de que han venido disponiendo desde siempre organizaciones como Ciudadanos Observando, Frente Ciudadano Anticorrupción y Cambio de Ruta, A. C.

Antes de la entrada en vigor de los mandamientos judiciales a los que nos referimos, si estas u otras agrupaciones similares, al igual que ciudadanos en lo individual, decidían presentar ante las autoridades correspondientes denuncias por acciones indebidas en el ámbito de la administración pública, su capacidad de hacer se agotaba ante la ventanilla donde entregaban la documentación del caso. 

Con ese estado de cosas, los denunciantes no tenían derecho a participar en la tramitación ulterior, ya que no se les reconocía como parte de la litis y, peor aún, si la instancia encargada de investigar el asunto (fiscalías, contralorías y demás) decidía ignorarlo y arrumbarlo en un cajón, los ciudadanos u organismos interesados no podían impugnar semejantes decisiones mediante recursos como el juicio de amparo.

El panorama ya es otro: los denunciantes deben ser reconocidos como parte interesada en el procedimiento que se inicie por su iniciativa y, algo fundamental, si los ignoran ya tienen expedito el camino del amparo de la justicia federal. Estos son cambios cualitativos de alto valor.

El día seis de este mes, la SCJN publicó en el Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 2023419, la Jurisprudencia 2ª./J 33/2021, que en su parte medular establece: “La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el denunciante sí cuenta con interés jurídico para impugnar en amparo indirecto las determinaciones de la autoridad investigadora de no iniciar la investigación de responsabilidad administrativa”. 

Añade: “Lo anterior, ya que conforme al nuevo régimen de responsabilidades, el denunciante ha dejado de ser un simple vigilante para convertirse ahora en un actor central del control de la acción pública y combate a la corrupción; de ahí que se le otorgó una participación activa tanto en la etapa de investigación, como en el procedimiento de responsabilidad administrativa, al grado tal de que cuenta con la posibilidad de alegar en audiencias, aportar pruebas, interponer medios de defensa y, en general, realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de sus pretensiones…”.

EL COMPLEMENTO

Este dictamen judicial se vincula estrechamente con uno anterior, emanado también de la Segunda Sala de la SCJN, el 28 de abril pasado. Sobre el particular escribió un artículo muy preciso y claro Héctor Aguilar Camín, el 7 de mayo en Milenio, que reproducimos en lo sustancial:

“La Segunda Sala de la Suprema Corte emitió el 28 de abril pasado una sentencia que parece de matiz, pero que supone un gran cambio en los derechos de la sociedad para denunciar casos de corrupción, exigir su investigación y acompañarla no como testigo de calidad sino como parte agraviada. Hasta antes del fallo de la Segunda Sala de la Corte, las organizaciones que investigan casos de corrupción, como la muy famosa estafa maestra, podían convertir su investigación en denuncia y llevarla a la Secretaría de la Función Pública para ver si ahí alguien le encontraba méritos.

“Hasta ahí podía llegar. La organización responsable de la investigación y la denuncia dejaba sus papeles en la barandilla y no volvía a tener injerencia en el proceso. La sentencia de la Segunda Sala del 28 de abril abre paso a que la organización quejosa trasponga los linderos de la ventanilla judicial y pueda acompañar la pesquisa subsecuente del caso en calidad de 

agraviado directo.

“Lo que la Suprema Corte ha decidido es que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (o como Ciudadanos Observando o el Frente Ciudadano Anticorrupción, o Cambio de Ruta, agregaríamos nosotros) tienen interés legítimo como agraviados en sus denuncias, y son por lo tanto parte integral del proceso, a la manera del que denuncia un robo en su perjuicio y queda en situación de exigir resultados por 

su denuncia. 

“El criterio subyacente de la Segunda Sala es que los delitos de corrupción en agravio del erario público, al final de cuentas son también en agravio de la sociedad y ésta puede presentarse a reclamar justicia no solo como interesada moral, sino como víctima directa y parte legal del asunto. El espacio que se abre es enorme: la sociedad organizada puede actuar ahora como una especia de fiscal independiente en los actos de corrupción que ella misma investiga” (todos los subrayados son nuestros).

Conviene insistir en lo central de estos temas: hasta hace relativamente poco, las ONGs y ciudadanos particulares que se preocupaban por vigilar el gasto público y denunciar las irregularidades o corruptelas que detectaban, por la vía legal a lo más que podían llegar era a la presentación de la denuncia. Después, si la autoridad investigadora se hacía la desentendida y archivaba el expediente, los únicos recursos que les quedaban era acudir a los medios a quejarse o hacer manifestaciones ante las oficinas socarronas. 

En algunos casos, dependiendo de la autoridad involucrada, lo mejor que les iba era que los atendiere algún funcionario de segundo o tercer nivel, les diera explicaciones imposibles de verificar en su veracidad y los despachara con buenos modales en espera de que se cansaran. 

El giro es profundo. Desde ya, si una vez presentada la denuncia no hay ningún avance en la investigación, la organización o el ciudadano interesados pueden ahorrarse el desgaste de ir a la Plaza de Armas a buscar reporteros o de hacer manifestaciones de inconformidad. Cualquier abogado de medio pelo y no carero les puede elaborar una demanda de amparo que, declarado procedente, obligaría a las autoridades remisas a cumplir con su responsabilidad.

Más aún, la sentencia de abril pasado reconoce a los denunciantes de hechos ilegales en la administración pública su personalidad como partes del procedimiento, por lo que quedan facultados para hacerse presentes en la carpeta de investigación o en el expediente que corresponda a presentar testigos, a aportar nuevos elementos probatorios o simplemente a ver qué avance hay.

Un renovado y más eficaz desempeño de las ONGs locales que desde hace tiempo participan de los esfuerzos de fiscalización ciudadana sobre el manejo del dinero público en cualquiera de los niveles de gobierno, con este nuevo herramental jurídico pueden hacer mucho para que nuestras autoridades, las actuales incluidas y las que sean que sigan, no la tengan tan fácil para embolsarse esos millones, hasta por centenares, que tanta falta hacen para resolver ingentes problemas sociales.

Sobre todo ahora que tenemos en la sala de espera a auténticos artistas (¿o serán adictos?) del peculado, el desvío, el latrocinio, el apropiamiento y la desaparición de cuanto presupuesto público les queda al alcance de la mano, incluso el que se disfraza de prerrogativas a partidos políticos, como el PRD local para no ir tan lejos.

COMPRIMIDOS

Por lo pronto, este asunto debo guardarlo entre los pendientes de esclarecer satisfactoriamente, en espera de algún alma caritativa que me encienda la luz. La luna de miel entre los dirigentes de organismos empresariales y Ricardo Gallardo Cardona, si es que alguna vez la hubo, duró menos que un suspiro. Evidentemente que en lugar de hacer “click” hicieron “pum”, pues de otra manera no se explica que escasos días después de haberse sentado muy cuatitos y mutuamente solidarios, en dos medios informativos totalmente identificados con el gallardismo les pusieron una madriza espantosa. Les dijeron de todo: antorchistas con American Express, empresarios de medio pelo, inversionistas rabones, empleados de los de a de veras, contratistas fraudulentos, simuladores, carentes de representatividad y linduras por el estilo.

En particular la furia polluna se dejó sentir contra tres de estos personajes: Manuel Castanedo de Alba, el que hace cabeza y a quien señalan de no haber rendido cuentas claras de los muchos millones que recibió a través de su constructora para edificar la malograda presa La Maroma; Juan Branca, presidente de la Cámara de Comercio, de quien afirman que nunca en su vida ha montado un comercio, ni siquiera un puesto de pepitas o una tienda de abarrotes, y su antecesor Alejandro Pérez Rodríguez, fabricante de muebles al que acusan de estar vetado en la Expo Mueble de Guadalajara por “plagiar” diseños.  No, si le digo.

La versión más consistente sobre las posibles razones de semejante desencuentro, cuando apenas comenzaba a ser encuentro, es que los integrantes de la Alianza Empresarial Potosina andan emperrados en que los dejen poner secretarios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del próximo gabinete, así como titulares de varios cargos menores más. Les pintaron un chapulín por la ventana y los están madreando para que se aplaquen. Asumo que ya entendieron que no es lo mismo ser cortejados que andar de ofrecidos. A ver cuando van y se arrodillan de frente con quien sea que se ofrezca. De paso, ya se está mostrando el estilito.

Me cuesta trabajo imaginar una forma más absurda de perder el tiempo que eso de las Comparecencias de secretarios del gabinete de Juan Manuel Carreras ante diputados de la actual legislatura. A aquellos les quedan cinco semanas en el cargo y a estos poco más de tres. ¿Como para arreglar, enderezar o emprender qué? A ver si no los traiciona la nostalgia prematura y sueltan lagrimitas.

Mal, muy mal se vieron Juan Francisco Palabra de Hombre Aguilar y Rubén Guajardo mostrando resistencia, aunque sea nada más retórica, a que la próxima dirigencia del panismo potosino esté obligatoriamente encabezada por mujeres, presidenta y secretaria general. ¿Qué no habrán visto que el 52 por ciento del padrón electoral lo integran féminas?

Hasta el próximo jueves.