Nuestros ilustres diputados, que en su gran mayoría cobran más de lo que desquitan y cuestan más de lo que valen, tienen ahora la oportunidad de hacer algo útil y benéfico en el terreno político-partidista-electoral. Ojalá lo hagan. Creo que la ciudadanía se los agradecería y el hacerlo podría lavarles un poco la cara.
Por mandato legal, ninguna norma electoral puede ser reformada menos de tres meses antes del inicio de los procesos electorales. En el caso potosino, dado que el proceso para las elecciones del 2021 arranca en septiembre del 2020, esto determina que el plazo para cualquier modificación concluye en junio próximo. Es decir, al Congreso local le quedan únicamente siete meses para trabajar en el tema. En términos legislativos es poco tiempo, pero suficiente si se trabaja a buen paso.
A la fecha, hay una propuesta de modificaciones presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que bien a bien no se sabe si es preliminar o definitiva, y algunas otras aportadas de manera individual por varios diputados. Faltarían, al menos teóricamente, las llamémosle oficiales de los distintos partidos políticos, quizá la de algún organismo no gubernamental y eventualmente alguna del Ejecutivo estatal, que hasta ahora no ha mostrado mayor interés en el tema.
Son numerosas las reformas que es aconsejable hacer para que apliquen en las elecciones locales del 2021, de las que saldrá un nuevo gobernador, nuevos diputados locales y ayuntamientos. Algunas son de escasa trascendencia, pero hay otras de mayor calado.
Por hoy queremos detenernos en tres que nos parecen de la mayor relevancia, por su impacto en la reconfiguración del elenco de competidores, en la supresión de prácticas viciadas que solo favorecen a unos pocos y en hacer menos fácil el acceso a las diputaciones de representación proporcional, mejor conocidas como plurinominales.
Una de las ideas a considerar, que sin duda suscitará polémica sobre todo por parte de los posibles afectados, es la de elevar del 3.0 al 3.7 por ciento el mínimo porcentual de votos alcanzados para tener acceso a las posiciones plurinominales y para conservar el registro estatal. Tomando como base los resultados de la elección de diputados locales en el 2018 y la proyección de incremento en el padrón electoral para el 2021, con un porcentaje de participación ciudadana similar, ese 0.7 por ciento de incremento significará entre 9 y 10 mil votos.
Es decir, en lugar de conservar el registro y tener acceso al reparto de plurinominales con un aproximado de 40 mil sufragios en las próximas elecciones, los partidos necesitarán un mínimo del orden de 50 mil. Puede parecer no mucho ese diferencial, pero hay partidos que conforme a sus resultados históricos simple y sencillamente no los alcanzarían y, por tanto, se quedarían sin diputados de representación proporcional.
¿Por qué elevar el umbral del 3.0 al 3.7 por ciento y no al 4, por ejemplo? Hay una razón interesante y defendible: el Congreso del Estado está compuesto por 27 diputados (15 de mayoría relativa y 12 pluris). Consecuentemente, cada diputación equivale precisamente al 3.7 por ciento del total. Con ese enfoque matemático más una consideración política, el mensaje para los partidos sería “¿Quieres una pluri?” ¡Gánatela!
Si se introduce esta reforma en la Ley Estatal Electoral de cara a las elecciones del 2021, es indispensable acompañarla de otra. Esta segunda modificación tendría el mérito adicional de alinear la legislación local de la materia con la federal, de la cual se encuentra desfasada en un punto relevante.
Me explico: desde las elecciones anteriores, a nivel federal quedó prohibida la transferencia de votos entre partidos, que se concretaba a través de convenios en los que se establecía previamente qué porcentaje de la votación recibida por la alianza pluripartidista correspondería a cada formación política. Así, la cantidad de sufragios que cada una alcanzaba no era resultado de la voluntad popular sino de los arreglos entre las dirigencias partidistas.
Mañosamente, a nivel estatal, en las últimas reformas electorales previas a las elecciones del 2018, la anterior Legislatura se las arregló para dejar viva en nuestra legislación la figura de la “Alianza Partidaria”, que permite lo que ya está prohibido en lo federal. Es un artilugio en estricto sentido inconstitucional, pero los liderazgos locales de alguna manera se conchabaron para no impugnarlas.
En estas circunstancias, si en el curso de los próximos 7 meses la actual Legislatura actúa con visión política, busca ahorrarse una acción de inconstitucionalidad e introducir mayor racionalidad en la integración del Congreso local dejando de repartir diputaciones plurinominales como si fueran caramelos, las dos modificaciones comentadas serían decisivas.
BOTES Y REBOTES
¿Damnificados? Sí, varios partidos de la llamada chiquillada. Si el boleto de acceso a las pluris se encarece y se proscriben las Alianzas Partidarias, muy probablemente quedarían fuera de la jugada por lo menos los partidos Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza (estos últimos dos perdieron su registro a nivel nacional pero conservaron el local). Estarían también en riesgo el PT y el PVEM. In extremis podrían desaparecer seis de diez. ¿Sería menos democrática una competencia entre cuatro partidos en lugar de entre diez? Por supuesto que no. Sobran los ejemplos de países con democracias altamente funcionales que tienen únicamente entre dos y tres partidos.
Pero además aquí no enfrentaríamos ese riesgo. Aun en ese supuesto radical de que seis partiditos se queden sin registro local, o sea sin derecho a participar en elecciones estatales (lo cual además aplicaría para el 2024, dependiendo de los resultados del 2021), no olvidemos que el INE recibió 106 solicitudes para la formación de nuevos partidos. Los procesos correspondientes concluirán dentro de tres meses. Según los avances conocidos, muy disparejos, podrían conseguir su registro, para participar en las elecciones del 2021, por lo menos 4 nuevas formaciones políticas. Como es sabido, si disponen de registro nacional en automático obtienen registro estatal.
Es decir, aún si seis partidos de los diez actuales se fueran al cesto de la basura, por lo menos cuatro nuevos entrarían en su remplazo.
Finalmente, la tercera posible reforma a la Ley Electoral Estatal que nos parece interesante y valiosa, es una que desde hace tiempo se maneja entre integrantes de la fracción del PAN en el Congreso: aumentar el número de distritos para elección directa de diputados locales, pero sin elevar el total actual de 27 legisladores. Lo que se haría es reducir el número de plurinominales.
Originalmente, la idea que nos fue comentada hace ya meses, hablaba de aumentar a 18 el número de distritos y bajar a 9 las diputaciones pluris. Pronto surgió un problema: si algún partido llegara a ganar todos los distritos o ganara por decir algo 16 y tuviera derecho a dos plurinominales, estaría teniendo en su poder la mayoría calificada (18 de 27) que puede modificar por sí sola cualquier legislación, de la Constitución para abajo.
Se explora un escenario diferente: aumentar a 17 los distritos y dejar en 10 las de representación proporcional, conservando la limitación actual de que ningún partido puede tener más diputaciones que el número de distritos existentes. Así, la mayoría calificada necesitaría mínimo el concierto de dos fracciones.
Veamos de qué están hechos nuestros legisladores. Un motivo de pesimismo: la comisión especial para procesar la reforma electoral la preside el jóven diputado morenista Edson de Jesús Quintanar, con quien el problema no es que sea inexperto, sino que le gusta (además del dinero fácil) echarse en brazos de sus asesores. Gabino, haz algo.
COMPRIMIDOS
Si tantita justicia hay en este mundo, cualquier responsabilidad de funcionarios públicos que se encuentre en la nueva investigación sobre el desaseado, chapucero y corrupto manejo del caso de la joven Karla Pontigo, el primerísimo lugar de la lista lo deberá ocupar Cándido Ochoa Rojas. Sí, es cierto que cuando ocurrió el lamentable acontecimiento el pillo éste ya no era Procurador, pero desde la Secretaría General de Gobierno (por la güeva de Toranzo) seguía manejando la Procuraduría a través de su títere Miguel Ángel García Covarrubias. Peor aún, en ese lapso, por decisión de COR, estuvo al frente de la entonces Policía Ministerial del Estado su achichincle Cristina Hurtado Barrera, quien no tenía ninguna experiencia policiaca pero le llevaba sus regalitos al voraz e insaciable individuo ese.
Hasta el final del sexenio torancista, en la Procuraduría no se movía una hoja, muchisísimo menos en asuntos relevantes, sin que Ochoa Rojas lo ordenara o lo autorizara. Todo en su beneficio. Ahora que pudiera llegar a ser en su perjuicio, que no le saque, que sea hombrecito y asuma las consecuencias de sus actos. Por cierto, una persona que con frecuencia acude a las instalaciones del Congreso del Estado comentaba en días pasados que evita a cómo dé lugar cruzarse con Cándido “porque huele muy mal, apesta”. Creí entenderle que no se refería a mal olor corporal.
Recién que la Secretaria de Salud estatal, Mónica Liliana Rangel filtró que tiene aspiraciones de ser candidata a gobernadora del estado (supongo que por el PRI, salvo que ya haya chaqueteado), me acordé de una anécdota que platica mi amigo Miguel Naya: cuandoLorenzo Garza toreaba y algún espontáneo saltaba al ruedo, lo dejaba hacer; impedía que sus peones lo corretearan y sacaran de cualquier forma. Cuando explicaba por qué esa actitud suya, comentaba que si a gente como él que desde niño había andado entre los toros de lidia, observándolos, conociéndolos, acercándoles pastura, cada que se descuidaba tantito le ponían unas revolcadas espantosas, cuando veía uno de esos jóvenes que se aventaban al ruedo con su pura osadía, él decía “¿Quieren toro? pues ¡dénles toro!” Ay Mónica, ay Mónica.
Con la llegada de la señora Rosario Piedra Ibarra a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el problema real (creo) no es tanto su perfil, su idoneidad, vamos ni siquiera su militancia partidista; el problema que produce rechazo y desligitima son los modos, la prepotencia de la mayoría morenista en el Senado, su impudicia. Por lo hecho y por lo que presagian.
Hasta el próximo jueves.