OSCUROS INTERESES, RAZONES OCULTAS

La administración gallardista genera la impresión de que le encantan los desfiguros y no le tiene miedo al ridículo. Apenas una semana después de su primer esperpento jurídico-administrativo-lexicográfico en forma del decreto que dispone la reconfiguración de su ayudantía, el 21 de octubre ordenó publicar en el Periódico Oficial del Estado unos “lineamientos” expedidos por la Oficialía Mayor de Gobierno para consolidar y concentrar las compras y contratación de servicios de todas las dependencias estatales, plagado también de inconsistencias legales, disparates administrativos y atentados al lenguaje.

De esto último ya dio amplia y certera cuenta Adriana Ochoa en su columna del pasado domingo en estas mismas paginas. Quedó claro que la incompetencia jurídica del actual gobierno va en camino de volverse legendaria. Pretende que un simple y modesto Acuerdo Administrativo suscrito por el Oficial Mayor esté por encima de leyes emitidas por el Congreso del Estado y de reglamentos suscritos por anteriores gobernadores y sus secretarios generales. Eso por sí solo es suficiente para que los “lineamientos” sean inaplicables y botados al cesto de la basura. Sin embargo, no quiere esto decir que en automático serán cancelados, pues ya conocemos el empecinamiento autoritario que caracteriza al régimen gallardista: primero sostendrá que la tierra es plana antes de reconocer que se equivocó, aunque el equívoco sea tan flagrante.

Pero más allá de la mencionada exhibida dominical -que también reitera el lenguaje oficial, atroz e inescrutable, de este Gobierno- lo que hoy nos interesa abordar son las razones ocultas y los oscuros intereses, vinculados con la codicia y avidez tan propios del gallardismo, que asoman detrás de esos “lineamientos”. 

Hasta donde se logra entender de ese texto tan mal redactado, repetitivo y casi ininteligible, a partir de su publicación todas las compras y arrendamientos de bienes, así como la contratación de cualquier tipo de servicios que requiera el gobierno del estado, serán hechos por la “Unidad Administrativa” que designe la Oficialía Mayor. No queda claro si será una única “Unidad Administrativa” en general y para lo que resta del sexenio o si irán cambiando cada cierto tiempo o según lo que se trate de comprar o arrendar.

En una primera aproximación al tema, resalta que la Oficialía Mayor de Gobierno cuenta con una Dirección General de Adquisiciones (DGA) que se entiende no necesita más que cumplir con la normatividad que la rige para hacerse cargo de todas esas compras, arrendamientos y contrataciones. Esta dependencia, hay que recordarlo, le fue entregada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a su secuaz, terapista mental y eminencia gris Héctor Serrano, quien colocó ahí a su antigua colaboradora en el gobierno de la Ciudad de México, María Eugenia Guarneros. Los famosos “lineamientos” revelan que Serrano no quedó satisfecho. 

Paso a explicarme: las dependencias estatales que mayores volúmenes de compras o contrataciones manejan tienen sus propios comités de adquisiciones y no pasan por la dirección general propiedad de Serrano and Friends. Durante el sexenio carrerista, la DGA de la Oficialía Mayor hizo compras de bienes, contrató servicios y arrendó inmuebles por algo más de 400 millones de pesos cada año. Suma nada despreciable, pero evidentemente insuficiente para las necesidades de Serrano and Friends, sea que se trate de resarcir gastos de campaña, satisfacer compromisos con patrocinadores, simplemente llenarse los profundos bolsillos o comenzar a hacer “cochinitos” para necesidades futuras, sean electorales, propias o ajenas, o planes de jubilación muy anticipados.

Los interesados no tardaron más de unos cuantos días en descubrir que la Secretaría de Salud compra, arrienda y contrata casi mil millones de pesos cada año; el Sistema DIF estatal hace lo propio por una cantidad algo menor y la Secretaría de Seguridad Pública también eroga cientos de millones de pesos por esos mismos conceptos.

PROBLEMA PARA RESOLVER

El problemón para Serrano and Friends es que su accesoria, la Dirección General de Adquisiciones, no puede meter mano en los negocios ni de Salud ni del DIF ni de la SSPE. ¿Por qué? Porque los dos primeros tienen sus propios comités de adquisiciones, con el debido sustento legal, integrados por funcionarios de ambas dependencias, a los que no asisten ni en calidad de convidados de piedra representantes de la Oficialía Mayor y mucho menos de su DGA. La SSPE no tiene comité de adquisiciones porque no lo necesita. Por la materia que maneja, la ley le permite operar a base de adjudicaciones directas. 

Lo que se deduce de todo esto es que en el fondo esta maniobra orquestada por Serrano and Friends tiene como principal motivación hacer que sea “su” Dirección General de Adquisiciones la que a partir de ya se haga cargo de un paquete de compras, arrendamientos y contrataciones que de entrada ronda los tres mil millones de pesos y no los pinchurrientos 450 que tiene a su alcance actualmente.

Por cierto, de esos más o menos 450 millones anuales que ha venido manejando la DGA, poco más de 200 se gastan en seguros, de vida, de gastos médicos, de responsabilidad civil y contra robo de vehículos. Como usted recordará, aquí mismo le informamos que apenas unas horas después de haber tomado posesión, el 26 de septiembre, cuando ni nombramiento por escrito tenían, gente de la licenciada Guarneros instruyó por escrito a todas y cada una de las dependencias estatales para que de inmediato todo tipo de aseguramientos se adquirieran a través de un solo despacho de intermediación llamado “Grupo Metrópoli”. Este tipo de intermediarios operan con comisiones lo suficientemente amplias para “mocharse” generosamente. En este caso, supongo, con Serrano and Friends.

Hay otras dependencias que también manejan centenares de millones de pesos en compras o arrendamientos de todo tipo, que de entrada parecen estar fuera del alcance de la Oficialía Mayor de Gobierno y su DGA, pero hay que estar pendientes pues en cualquier momento los nuevos y nuevas Grandes Recaudadores y Recaudadoras se inventan algo para irse sobre ellas. Es el caso, por citar solo las más relevantes, de la Comisión Estatal del Agua, la Junta Estatal de Caminos, el Colegio de Bachilleres y varias más. 

Por cierto, habida cuenta de que la Oficialía Mayor de Soledad de Graciano Sánchez, que tiene centralizadas todas las compras, arrendamientos y contrataciones del vecino municipio, que por sí mismas suman decenas y decenas de millones de pesos, es encabezada desde hace un mes por Alejandro Serrano, hermano de Héctor. No se extrañe si en breve la identificación de este cártel pasa a ser Serrano Brothers and Friends.

A mi, la verdad, no me sorprenden todos estos arreglos para el saqueo -que ya está en marcha- pues de alguna manera el gallardismo lo ha venido anunciando desde hace más de una década con mayor o menor descaro. 

Antes de cambiar de tema, comienza a sucederme lo que a Catón con su eterna duda sobre cuál es la capital de Carolina del Norte. La que a mi me atormenta es para qué diablos están donde están el Secretario General de Gobierno y el Consejero Jurídico del gallardismo. Documentos tan mal hechos, incoherentes, inviables y desaseados como esos “lineamientos” de la Oficialía Mayor y el de la reconfiguración de la Ayudantía, en un gobierno serio, con sentido del decoro y autoestima, deberían haber sido suficientes para darles las gracias.

 Perdón por la insistencia, pero no se ve por ningún lado la supuesta condición de “buen abogado” que algunos despistados le atribuyen a José Guadalupe Uñas Largas Torres Sánchez. O sí lo es, pero es en otras oficinas distintas a la suya donde se cocinan esos escritos que dan pena. En tal caso, sería tan buen abogado como vasallo sumiso y comesapos del gallardismo más genuino. Igual su contlapache que colocó en la Consejería Jurídica.

COMPRIMIDOS

Finalmente, las instancias nacionales del PAN decidieron ahorrarse el seguro descalabro que les aguardaba en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y suprimieron de la convocatoria para elegir nueva dirigencia estatal los requisitos tan sesgados como ilegales que intentaron dejar fuera de la contienda a Josefina Salazar Báez, la candidata que más incomoda al grupito caciquil que tiene atenazado al panismo potosino. Al final del día, la maniobra vino a fortalecer la candidatura de la exdiputada, quien ahora tiene mejores momios.

Cerrado el plazo para registro de aspirantes el pasado fin de semana, quedaron inscritas tres: Verónica Rodríguez, Lidia Argüello y la propia Josefina. A más tardar el próximo sábado la Comisión Organizadora de la Elección debe dictaminar si cumplen los requisitos de la convocatoria para expedirles la constancia respectiva. Quienes pasen el filtro dispondrán luego de un mes para hacer campaña interna. El PAN potosino cuenta actualmente con 7 mil 400 militantes registrados, y con base en las experiencias de años anteriores acudirán a votar aproximadamente 6 mil. Si Lidia y Josefina son capaces de ponerse de acuerdo e integrar una planilla común, la ganan sin mayores problemas.

De repente en nuestro todavía reluciente gobierno estatal brotan síntomas de bipolaridad. O por lo menos de falta de congruencia, coherencia y lógica. Su titular del Ejecutivo, el mismo que decidió privar al erario estatal de ingresos por varios cientos de millones de pesos anuales, durante todo el sexenio, para cumplir su promesa de regalar placas de circulación y licencias de manejar, sale luego -y les juro que es el mismo- a decirle a los alcaldes que se pongan “creativos” para recaudar mayores ingresos. Eso se llama predicar con el ejemplo.

Recojo el comentario de un amigo por ingeniosamente certero: si la nueva Ayudantía de Palacio de Gobierno tiene, según su decreto fundacional, la obligación de salvaguardar también la integridad moral del gobernador, lo primero que tiene que hacer es actuar en contra del autor del más grave atentado en ese terreno. Se trata sin duda de Sergio Desfassiux, por culpa de cuya dirección de correo electrónico todo mundo anda ahora fijándose con incómoda atención en las características anatómicas del Ciudadano.

En el entorno de la doctora Mónica Liliana Rangel existe la preocupación de que después de todo el haberse apresurado tanto y tan obsequiosamente para ser la primera en levantarle la mano a Gallardo luego de las elecciones, de muy poco le va a servir ante tanta porquería que está apareciendo en los Servicios Estatales de Salud que comandó por más de cinco años. Hay quienes ven gruesos barrotes en su futuro. 

Hasta el próximo jueves.