Mediante el decreto número 21 publicado fechado el 27 de diciembre del 2018, el Congreso del Estado creó la Comisión Especial para la Reforma Electoral (CERE). El 9 de mayo de 2019 se publicó otro decreto, el 163, autorizando a esa Comisión para firmar convenios de colaboración con el Ceepac y el Tribunal Electoral estatal, así como para formular una amplia convocatoria a todos los interesados en el tema. La CERE celebró trece sesiones de trabajo, cuatro foros regionales y un panel de expertos, en los que escuchó decenas de propuestas y observaciones. Por su parte, el órgano electoral celebró sesiones de trabajo ad-hoc cada mes, en las que participaron sus consejeros, representantes de todos los partidos, candidatos independientes, expertos propios y del TEE. Entre la Comisión y el Consejo produjeron documentos por más de 800 páginas. Todo esto ¿para qué? ¡Para nada!
Los esfuerzos, gastos, convocatorias, participación, desplazamientos, reuniones, foros regionales, paneles de expertos, sesiones específicas de trabajo, recolección de documentos, procesamiento de propuestas y observaciones, duraron casi 18 meses y costaron mucho dinero. ¿Para qué? ¡Para nada!
A mediados de marzo de este año, la Comisión Especial presidida por Edson de Jesús Quintanar (Morena) e integrada por un legislador de cada partido dio por concluida su responsabilidad y trasladó a la Comisión de Puntos Constitucionales el grueso legajo para que, conforme a derecho, procediera a formular el proyecto de dictamen correspondiente. Este grupo trabajó a marchas forzadas durante tres meses, depuró propuestas y planteamientos, las ordenó y le dio forma al documento final. El 24 de junio entregó en 324 fojas el texto para su discusión en el Pleno. ¿Para qué sirvió? ¡Para nada!
El primer domingo de julio del 2018 un millón 230 mil potosinos acudimos a las urnas a elegir diputados locales. Unos votamos por unos y otros votaron por otros, pero todos fuimos a sufragar para tener representantes (eso y no otra cosa son los diputados), con la esperanza de estar bien representados y por esa vía conseguir mejores leyes que contribuyan a armonizar nuestra convivencia comunitaria y, de ser posible, a mejorar la calidad de nuestro sistema de representación. ¿Sirvió de algo? ¡Para nada!
A esos traidores y voraces representantes (no todos, hay que precisarlo), les pagamos poco más de cien mil pesos mensuales netos, pero no por doce sino por 16 meses (agréguele tres de aguinaldo y uno de vacaciones); les abonamos 20 mil pesos cada 30 días para fondo de ahorro, les pagamos gastos médicos mayores y otros 80 mil pesos cada mes dizque para asesores, a los 27, más otros 40 mil a los diez integrantes de la Junta de Coordinación Política y otros 40 adicionales a su presidente. En resumidas cuentas, se llevan unos 3 millones de pesos al año los más fregados.
Desde el comienzo de los trabajos fue quedando claro que había dos puntos centrales que estaban en la atención de la gente; no solo de los políticos, los académicos o los expertos. Muchos ciudadanos del común arrastraban desde hace tiempo su insatisfacción con los partidos pequeños, cuyo problema no es su tamaño sino su condición de rémoras, de parásitos. Su persistencia a lo largo de las décadas tiene que ver, en nuestro caso, con dos disposiciones incluidas en la Ley Electoral del Estado: las Alianzas Partidarias y el porcentaje para tener derecho a diputaciones de representación proporcional.
En columnas anteriores hemos hablado ampliamente al respecto. Hoy solo reproduciré lo planteado en los documentos con que contribuyó el Ceepac:
“En el tema relativo a las Alianzas Partidarias comprendido del artículo 191 al 195, se propone la eliminación de esta figura de participación en el Estado, toda vez que no brinda certeza de candidatos a la ciudadanía, ya que previo al registro de candidatos se llevan a cabo los convenios de alianzas partidarias y al momento del registro no respetan sus convenios (y) postulan candidatos diferentes. Por otra parte, el elector al momento de emitir su sufragio solo tiene la certeza de que su voto será aplicado al principio de mayoría relativa, más no así sus implicaciones referentes a la representación proporcional dado que para este principio se contemplan en los convenios porcentajes de reparto (de los votos) sin ser del conocimiento de los electores, lo cual se traduce en una transferencia de la voluntad del electorado en la asignación de los cargos de Representación Proporcional de la elección que se trate, resultando con ello una afectación al voto ciudadano”.
Otras veces que hemos tocado el tema, llamamos a este fenómeno una forma de falsificar la voluntad ciudadana en las urnas.
Nuestra ley electoral dispone que cualquier partido que obtenga por lo menos el 3 por ciento de la votación válida tiene derecho automáticamente a una de las doce diputaciones plurinominales. Este Congreso tiene en su seno representantes de nueve partidos con registro, todos los cuales alcanzaron una de esas curules en 2018, porque el umbral para alcanzarlas fue bajo: unos 35 mil votos, que se ayudan a conseguir al margen de la voluntad ciudadana mediante convenios en las alianzas partidarias.
Esos nueve partidos participarán en las elecciones del 2021, más los nuevos que autorice el INE (se calcula que serán entre tres y cinco). En esa perspectiva, y con el tracaleo de votos que seguirán permitiendo las alianzas, es factible el siguiente escenario: que 12 partidos (con 3 nuevos se completan) consigan todos más del 3 por ciento. De ser así, en la primera distribución a prorrata se agotarán las pluris disponibles. Recibirán una cada uno lo mismo el partido que haya sacado 200 mil o más votos que el que haya cosechado los 34 o 35 mil mínimos necesarios. ¿Es equitativo, es equilibrado? Dígalo usted.
Con el ánimo de impedir este tipo de riesgos y de obligar a los partidos chicos a esforzarse más, se fue estructurando una solución: eliminar las Alianzas Partidarias (que a nivel federal fueron suprimidas hace seis años) y subir del 3.0 al 3.7 el porcentaje mínimo para tener derecho a una diputación plurinominal.
De haberse concretado esos cambios en la nueva Ley Electoral del Estado, los partidos más amenazados habrían sido Conciencia Popular, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.
Un par de datos muy ilustrativos: en 2015, el MC fue solo en la elección de presidente municipal en esta capital, con candidata propia. Obtuvo 3 mil 893 votos. En 2018 pactó alianza partidaria con el PAN, quien en la mesa acordó cederle el 8 por ciento de la votación que captaran. Su candidato, Xavier Nava, sacó 153 mil 892 sufragios, por lo que a Movimiento Ciudadano de Eugenio Govea le correspondieron 12 mil 311. Más del triple. MC no hizo nada para ganarse la voluntad de casi 9 mil nuevos votantes. Solo firmó un papel en lo oscurito con el PAN. Por supuesto que esos votos le ayudaron a conservar su registro.
En el 2015, el Partido Conciencia Popular de Oscar Vera compitió solitario en el distrito con cabecera en Salinas -donde teóricamente más simpatizantes tiene- y logró 4 mil 796 sufragios. Tres años después compitió ahí mismo en alianza con el PRI y el Verde, a los que convenció de que le cedieran el 25 por ciento de la votación conjunta, de manera que oficialmente se le acreditaron 8 mil 117 votos. Casi el doble, sin que los ciudadanos de ese distrito se enteraran.
TORNEO DE INCONGRUENCIAS
Queda claro que a Conciencia Popular y a Movimiento Ciudadano les iba la vida en las reformas a la Ley Electoral, y de ahí su oposición. Lo que no se entiende es la postura de Morena. Su coordinador parlamentario, Edson de Jesús, presidió la Comisión Especial y recibió de viva voz las muchas opiniones que proponían eliminar las alianzas y elevar el umbral de acceso a las plurinominales. La impresión que me queda es que al final del día no entendió nada.
La sesión virtual del Congreso celebrada el domingo 28, en la que se echó abajo el dictamen de la nueva ley electoral, fue un maratón de absurdos y un torneo de incongruencias. Veamos:
1.- Oscar Vera y Eugenio Govea en sus repetitivas intervenciones sostuvieron que la ley que se quería aprobar era inconstitucional y que sería muy fácil derrotarla en tribunales. Apenas 48 horas después, luego que le quitaron las novedades que les incomodaban, la votaron a favor. ¿Desapareció la inconstitucionalidad? No. Lo que apareció fue la desvergüenza de ambos individuos.
2.- Como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales que dictaminó el proyecto de decreto, Cándido Ochoa Rojas votó a favor del mismo el 24 de junio (tengo a la vista el documento donde aparece su rúbrica y de su puño y letra las palabras “a favor”). Cuatro días más tarde, sin que se le hubiera cambiado una coma pero cuando vislumbró por dónde iban las cosas, votó porque se rechazara. ¿Hay manera de entenderlo? Bueno sí: es un inmoral confeso.
3.- Luego de que la diputada Sonia Mendoza, como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales sostuviera que era falso que el proyecto de reformas hubiera sido elaborado en oficinas del Ejecutivo, el diputado Edgardo Hernández Contreras pidió el uso de la palabra para decir que qué bueno que su compañera había aclarado las cosas, porque si hubiera intervenido alguien de Palacio de Gobierno él no lo apoyaría. Todo mundo entendió que estaba a favor de las reformas. Media hora después votó en contra.
¿Cómo entenderlos?
Tres breves comentarios ya de salida: Uno, la principal defensa de lo que quedó de nueva ley electoral es el conjunto de disposiciones que combaten la violencia política por razón de género y las normas que consolidan las acciones afirmativas para garantizar la equidad de genero. Me da un poco de pena, pero hay que decir que todo eso fueron adecuaciones a las reformas federales hechas en abril a ocho distintas leyes generales, que por tener ese carácter son de observancia obligatoria en todo el país. Es decir, aún sin haberle tocado un pelo a nuestra legislación, esas disposiciones de contenido feminista las hubieran aplicado las autoridades electorales. Dos, la próxima vez que las instalaciones del Congreso sean objeto de la furia vandálica que los señores diputados no tengan el cinismo de preguntar ¿por qué? Y tres: a favor del proyecto votaron los seis diputados del PAN, los cinco del PRI, la diputada Paola Arreola del PT y la diputada morenista Rosa Zúñiga Luna, que no le hizo caso a Edson.
Hasta el próximo jueves.