¿Para qué votar?
La pregunta no es ociosa, aunque pareciera de respuesta obvia, sobre todo en estos días de tanta confusión generada por los vaivenes de distintos actores políticos y fuerzas partidistas. Según la democracia moderna, sería para contar con gobernantes y representantes populares legitimados electoralmente. Sin embargo, el poder delegado por el pueblo no es para que el que manda, el mandatario, “mande, mandando”, sino para que “mande obedeciendo”; pero como ésta consigna implica el ejercicio de un poder obediencial, donde el representante o gobernante “no se manda solo”, generalmente termina por desecharse, dando lugar a lo que un clásico ha denominado como “la corrupción originaria de lo político”.
Que personeros de la clase política se refieran a sí mismos como la sede del poder político es, en efecto, una distorsión grave del compromiso que debieran mantener con el pueblo, la verdadera fuente o sede del poder político. Ese distanciamiento de la clase política con la sede del poder público ha llegado al extremo de no distinguir entre las fuerzas partidistas como medios para conseguir un fin y desconociendo hasta los fines mismos como principios éticos de la política. Por tanto, preguntarse sobre el para qué votar se vuelve crucial si atendemos a la importancia de sufragar no sólo por una persona en particular, sino por el programa político con el que se comprometa para actuar, socialmente, sobre todo en caso de ganar.
Así, es deseable que en este proceso electoral que se vive ya en el país, quienes resulten candidatos a un cargo de elección popular, consideren que su compromiso es abrevar en la fuente del poder político popular y, por tanto, escuchar con respeto sus peticiones, propuestas, reclamos acumulados, no sólo para tomar nota y hacerse guaje luego, sino para delinear su programa con apego a la realidad. Por tanto, ojalá y no haya más teatralidad y ofrecimientos vacuos. Que no se recurra más a la demagógica firma de ocurrencias ante fedatarios, porque se perciben como actos meramente publicitarios. Para eso están las plataformas programáticas de los partidos que postulan a los candidatos y que deben ser enriquecidas escuchando a los ciudadanos.
En este orden de ideas es de resaltar la reflexión que hace el licenciado Juan Ramiro Robledo Ruiz, a propósito de la iniciativa de reforma eléctrica del actual gobierno federal, que pretende recuperar para la nación mexicana lo que indebidamente arrebató el gobierno de Peña Nieto en 2013 para favorecer a ciertos grupos privados. El planteamiento del licenciado Robledo es contundente: las elecciones no vinculan a los ganadores de un proceso comicial a cumplir con la plataforma programática ofrecida, no sólo jurídicamente y, por tanto, debiera considerarse la revocación del cargo en tales supuestos, sino también, por la carencia de responsabilidad ética para cumplir el compromiso asumido, por corrupción originaria de lo político.
Robledo plantea: “si los resultados electorales no son causa legítima para hacer los cambios jurídicos a la vida económica y social, y en general, al destino de una nación, ¿para qué han de ser entonces las elecciones? (…) ¿qué razón tendría, únicamente sustituir a los gobernantes, obligados a continuar haciendo lo mismo que se hacía?”. El cumplimiento con un compromiso programático asumido, no sólo cuando se gana y se asume la responsabilidad de gobierno y/o representación política es una responsabilidad ética, que podría afirmarse mediante vinculación jurídica. En tal contexto, no hay por qué sorprenderse que el actual gobierno impulse cambios a las reglas de participación en un sector económico estratégico como el eléctrico, no sólo porque resulta de un compromiso programático sostenido desde hace tiempo, sino porque, como refiere el licenciado Robledo, esa es la cuestión: ¿tiene o no derecho la nación para hacer ese tipo de transformación?
