Participación popular
Se ha pretendido descalificar la consulta nacional para determinar si se enjuicia a los ex-presidentes de México de 1988 a 2018, planteando, entre otras cuestiones, que sería muy difícil concretar un eventual encarcelamiento de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en caso de que se lograra alcanzar el número necesario de participación y de votos en favor del sí a la pregunta que propone: “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Tal escepticismo, evidentemente, parte de un reconocimiento implícito acerca de un déficit histórico en el proceso de hacer, procurar, impartir y/o ejecutar la justicia, y ya no digamos que “de manera pronta y expedita”.
Sin embargo, en sí mismo, el ejercicio señalado cumple con un reiterado reclamo de la mayoría del pueblo mexicano y que tiene que ver con ampliar su horizonte de participación política más allá del tiempo de las elecciones para definir a sus representantes en los poderes legislativos o ejecutivos, sobre todo considerando que se trata, regularmente, de candidatos más comprometidos con intereses de partidos y otros poderes fácticos. En todo caso, se trata de ir más allá de versiones como la de los tribunales populares que, al no contar socialmente con mecanismos como el de una consulta popular como la señalada, se manifiestan como expresiones legítimas de hartazgo popular para sentar precedentes de señalar la responsabilidad política, pero sobre todo ética en el ejercicio de un encargo público, cuidando no caer en los extremos de una tiranía de la mayoría o en la consigna de una minoría.
La importancia, pues, de una consulta popular que ya está contemplada y regulada constitucionalmente, como la que se llevará a cabo el 1 de agosto, tiene que ver con canalizar la expresión de un malestar social acumulado por decisiones tomadas en los mandatos de esos ex-presidentes y que causaron agravio al pueblo mexicano en su conjunto, además de quedar en la impunidad, propiciando que un ejercicio de participación resulte desde informativo (actualizando el memorial de ofensas y daños cometidos por acción u omisión en sus mandatos y que quisieran ya en el olvido) hasta didáctico porque muestra a la gente un camino alterno a seguir por el derecho para llegar a la justicia. Se trata, por supuesto, de superar una lógica distinta a la meramente legalista que procura agotar sus esfuerzos en el tiempo de la ley “tal y como está” (o estaba) y no como debería; así como el poder estatal como dominación y no como posibilidad obediencial.
Foucault, el famoso filósofo francés, recuerda en “un diálogo sobre la justicia popular”, que la revoluciones han sido, en primera instancia, anti-judiciales, contrarias a la forma en que un grupo detentador del poder -como dominación- dispensa la justicia, cuestionando su carácter burocrático y que se advierte hasta en esas figuras “invisibles” de los dispensadores de justicia (que brillan por su ausencia), trasladando el dilema, sea al tipo de control que requiere una instancia justiciera hacia la normatividad en la legalidad y equilibrio de poderes, o sea, de vez en cuando, en la manifestación concreta de la gente que “zarandea el árbol de la justicia para liberarse de sus manzanas podridas”. Si esta opción de reivindicar la dignidad popular se vuelve costumbre, algo se habrá ganado con independencia de lo que resulte.
