¡PÁSELE A LO BARATO!

Si las y los saqueadores del dinero público, luego de unas semanas en la cárcel, pueden irse a su casa con solo devolver una pequeña parte de lo que se embolsaron, estarán haciendo un gran negocio y el gobierno estará haciendo el ridículo. Además, el conjunto de autoridades e instituciones involucradas en la procuración e impartición de justicia estarán enviando un mensaje muy tentador, más o menos en el sentido de “robar el presupuesto potosino sale barato, acérquese” (Eso explica en parte tan nutrida Legión Extranjera gallardista).

Según cifras antes divulgadas, contenidas en los dictámenes de las auditorías realizadas a los ejercicios presupuestales del 2016 al 2020 (2021 está en proceso) por la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado, solamente en la Secretaría de Salud/Servicios de Salud se detectaron irregularidades por aproximadamente mil 100 millones de pesos. Dentro de los plazos contemplados por la normatividad, los responsables de ese sector, encabezados por la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, pudieron solventar unos 400 millones.

Es decir, durante los cinco años que la doctora Rangel Martínez fue ama y señora del sector salud potosino, se robaron, desviaron, sustrajeron o esfumaron algo así como 700 millones de pesos. 

La carpeta de investigación consignada por la Fiscalía General del Estado, que sirvió de base para las órdenes de aprehensión que tienen en prisión a la doctora y varios cómplices, desde hace cinco semanas, les imputa responsabilidades en el mal manejo de aproximadamente 22 millones de pesos. En el caso del sucesor de doña Mónica, el doctor Miguel Ángel Lutzow, que estuvo en el puesto cosa de ocho meses, se le consignó por delitos que involucran 30 millones.

Según lo declarado en días recientes por el fiscal José Luis Ruíz Contreras, si los imputados devuelven ese dinero (algo más de 50 millones de pesos en total), podrán recuperar su libertad.

Permítaseme un ejercicio de cálculo simple: si MLRM participó en la sustracción de 700 millones de pesos, supongamos que salpicó hacia arriba, hacía abajo y hacía ambos lados, y que si acaso se benefició con una quinta parte (140 millones). Aún si ella fuera la única en devolver todo lo sustraído que consta en su expediente (22 millones), sin la cooperación de ninguno de sus coacusados, todavía le quedarían unos 120 millones para compensarse de las semanas en prisión, más en un cuarto de hospital que en una celda carcelaria. Buen negocio, sin duda.

Entrado en este tema, con la poca claridad de juicio que lo caracteriza, el gobernador Gallardo Cardona ha dicho que para los potosinos es mejor que los funcionarios corruptos devuelvan lo robado y no que estén en la cárcel. Depende, pues si como se perfilan las cosas la libertad se consigue devolviendo unos centavos por cada peso hurtado, eso equivale a una invitación a nuevos asaltos a las arcas públicas. 

Toda sanción legal por la comisión de un delito debe cumplir, entre otros, un propósito fundamental: desalentar la criminalidad, disuadir a potenciales delincuentes; hacerles entender que las conductas que lastiman a la sociedad serán castigadas. Lo que parecen estar fraguando Gallardo Cardona, J. Guadalupe Uñas Largas Torres y José Luis Ruiz Contreras -con el Poder Judicial de comparsa- va exactamente en sentido contrario. 

 Es casi una lección de cómo hacer las cosas para los actuales funcionarios estatales: “Róbense lo más que puedan, pero guarden algo para comprar su libertad”.

Hay algunas aristas interesantes en este asunto: si finalmente la doctora Mónica, el doctor Lutzow y coacusados devuelven lo que les están pidiendo, el gran total debe incluir los rendimientos financieros de esa suma, que dependiendo de los tiempos en que se sustrajo de las arcas públicas y la evolución de las tasas de interés bancarias, deben sumar por lo menos otros diez millones.

Un ángulo más que nos parece relevante: si los hoy encarcelados consiguen el acuerdo reparatorio que les permita irse a casa, existe la posibilidad de que lo hagan sin siquiera tener que depositar una fianza. Hasta eso se ahorrarían. Y se les facilitarían mucho las posibilidades de darse a la fuga.

Por cierto, ya que tan entusiasmado se ve con la posibilidad de recuperar 50 de 700 millones de pesos birlados, RGC haría bien -ya que tanto le gusta imitar a AMLO en algunas cosas- en revisar con cuidado la postura adoptada por el Presidente de la República a mediados del mes pasado, cuando Emilio Lozoya estaba a horas de recuperar su libertad mediante un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República por poco menos de 11 millones de dólares. En una de sus Mañaneras, como acostumbra, López Obrador dijo que se le hacía muy poco el dinero ofrecido por el exdirector de Pemex, y se cayó el acuerdo.

En respuesta a algunas inquietudes recogidas estos días, debo precisar que un arreglo como el que se perfila entre el Ejecutivo estatal (es la parte ofendida), la FGE, el Poder Judicial y los acusados, está permitido (pero no es obligado) por la ley. Es parte de las reformas constitucionales promovidas por Felipe Calderón en el 2008 en materia de procuración y administración de justicia, particularmente en su vertiente penal, que entraron en vigencia gradualmente hasta el 2016. En concreto, es lo que se conoce como modelo de Justicia Restaurativa. De este tema nos ocuparemos en la próxima entrega.

(No me olvidé de que Jaime Pineda, el ex secretario de Seguridad Pública, también está en prisión, y desde dos meses antes que Rangel y Lutzow. A él le imputan un daño a las finanzas estatales por menos de 3 millones de pesos, por lo que dada la obsequiosidad gallardista con los acuerdos reparatorios, es sorprendente que no haya recuperado su libertad. Al respecto hay dos versiones encontradas que tenemos en proceso de verificación. Espero pronto tener claro cuál es la más creíble).

SEXENIO FÁRSICO

La flamante Guardia Civil Estatal no es lo que se proclama, y en esencia está más cerca de la farsa que de la deslumbrante acción de gobierno. Contribuye a afianzar la impresión de que cada día que pasa nos adentramos más en un sexenio proclive a la simulación y el embaucamiento.

En estricto sentido, la GCE es la conversión de gran parte de la policía estatal de toda la vida, misma que con los años se ha venido haciendo chiquita. Son un millar o algo así de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, ahora denominada dirección de la Guardia Civil Estatal, que cambiaron de uniforme y vehículos.

Dicen los abogados que a confesión de parte relevo de prueba. Apenas el domingo pasado se publicó la convocatoria para reclutar y capacitar nuevos elementos para esa corporación. Es decir, el enorme despliegue discursivo y mediático se refiere básicamente a sacarse mil elementos de una bolsa y pasárselos a la otra. Poca seriedad y mucho afán de engaño.

Hay, ciertamente, más de 100 nuevos vehículos al servicio de la GCE, nuevos uniformes, nuevo nombre y algo de nuevo armamento. Pero el personal que utilizará todo eso es el mismo de siempre, en número y calidad. Es decir, el estado real de fuerza para proteger a los potosinos de todo el Estado es el mismo de los últimos años.

No se trata de menospreciar la aportación del nuevo parque vehicular, los nuevos uniformes y las nuevas armas, en todo caso de lo que se trata es de hacer patente una atenta, respetuosa y humilde petición: no nos quieran ver la cara de tontos.

Desde antes de que iniciara este sexenio, hace ocho meses, las aulas de la Academia Estatal de Policía han estado vacías. ¿Por qué el reclutamiento de nuevos elementos no se inició en octubre? Mediante cursos intensivos el pasado lunes hubiera estado lista una nueva generación de policías jóvenes, mejor capacitados y quizá con otra mentalidad. ¿Cuál era la urgencia de ir a comprar patrullas, uniformes y demás equipo moderno para ponerlo en manos sin capacitar? Tampoco hay mucho secreto. Es algo que se llama lonches, tronches, moches o algo parecido.

Nada impedía el lunes, con seriedad y algo de decencia, proclamar a los cuatro vientos que se ponían al servicio de los potosinos nuevo equipo de seguridad, pero que una nueva corporación, lo que se llama una nueva corporación, todavía no está lista.

En esa misma arraigada vocación de embustero que tiene este gobierno, en los comunicados oficiales del lunes se menciona que los elementos procedentes de la antigua policía estatal cuentan con “adiestramiento militar”. Si es cierto, hasta las mentes más simples entienden que el adiestramiento militar de poco sirve a los cuerpos policiacos. Yo sé que es perder el tiempo, pero ojalá el eficientísimo (a veces) equipo de comunicación gallardista nos pueda decir en dónde y cuándo se cumplió ese “adiestramiento militar”.

COMPRIMIDOS

Y lo de embustero no crea usted que es gratuito. El pasado miércoles 11, la columna institucional de este diario, De Todos, publicó que el avión oficial del gobierno potosino había viajado a Monterrey el viernes 6 y lo había hecho nuevamente el domingo 8. Entre ambas fechas se jugó en aquella ciudad el partido de repechaje entre el Atlético de San Luis y el Monterrey. En el primer vuelo, la nave matrícula XC-SLP (un King Air B200) permaneció en el aeropuerto regio una hora y 44 minutos. En el segundo, dos días más tarde, la permanencia en tierra fue de dos horas y once minutos. En respuesta, a través de Uñas Largas, el gobierno gallardista dijo que el aparato había hecho ambos viajes “para mantenimiento”. Hay mentiras piadosas, simpáticas, ingeniosas y estúpidas. Ésta es una de las últimas. En dos horas no se le da mantenimiento ni a una bicicleta.

Por cierto, si el susodicho exintegrante conspicuo de la Ecuación Corrupta sigue como va, no durará mucho en la secretaría general de gobierno. Ya enloqueció. El domingo pasado circuló en redes sociales un largo texto anónimo que, entre otras cosas, sostiene que si Ricardo Gallardo Cardona está haciendo un magnífico gobierno, es porque tiene detrás de él a Uñas Largas. Reproduzco dos de sus veinte párrafos: “Hace unos días las principales encuestadoras nacionales ubicaron en los primeros rankings como uno de los mejores gobernadores de México al gobernador Gallardo”. Agrega: “Y buena parte de estos resultados, la estabilidad y el buen gobierno que tenemos en San Luis Potosí, se debe al secretario general de gobierno, el licenciado José Guadalupe Torres Sánchez! ¡Órale!

Y a propósito, como dice un buen amigo, de las empanadas de calabaza, no sobra recordar una vez más la frase de Alejandro González Iñárritu: “La popularidad es la prima puta del prestigio”.

Hasta el próximo jueves.