El poder obediencial no es otra cosa que practicar el arte de “mandar obedeciendo” por parte de representantes populares y servidores públicos. Y “mandar obedeciendo” no es otra cosa que cumplir con la responsabilidad legal y política que se deriva de la confianza popular depositada mediante el sufragio libre y efectivo. Lamentablemente, el gozo de las mieles del poder ha tenido el efecto de hacer, de no pocos de esos servidores, una casta dorada de sujetos que consideran que la fuente del poder de que disponen deriva de sí mismos o de una facción, por lo que se olvidan, convenientemente, de cumplirle a los ciudadanos, practicando el famoso dictum del “prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila”. Por tanto, frente a esos excesos y abusos que sentaron sus reales durante tanto tiempo (al grado de “institucionalizarlos”), ahora se busca legislar para que pueda cobrar carta de naturalización la denominada “revocación de mandato” o ejercicio pleno del poder obediencial.
En esta semana se discutirá en el Senado de la República el proyecto de revocación de mandato que ya fue aprobado por los diputados federales y que ha generado un falso debate sobre los riesgos de una eventual reelección presidencial, por parte de algunos partidos de oposición. Decimos que se trata de un falso debate porque, apenas, hay una discusión en la opinión pública y en las cámaras legislativas que tiene que ver más con las implicancias procedimentales de esa figura y, aún antes de conocer la redacción final que tendrá la regulación de la misma, se hacen especulaciones al calor de las diferencias ideológicas y malquerencias políticas. No es lo mismo discutir que debatir y, evidentemente, las consecuencias de esos “recursos del método” son distintas. Por lo demás, para zanjar ese falso debate, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha firmado su compromiso de no ir más allá del período para el que fue electo el año pasado y, se entiende, en caso de que sea ratificado en la confianza ciudadana a la mitad de su encargo público.
Una vez que ha quedado claro, por parte del presidente AMLO, que no habrá reelección del ejecutivo federal en 2024, lo que sigue es preguntarse si la figura de revocación de mandato pudiera extenderse a otros cargos ejecutivos como el de gobernador o presidente municipal, habida cuenta que en esos espacios, frecuentemente, se hace caso omiso de practicar el poder obediencial. En la lógica de un ejercicio jurídico-político y democratizador del régimen que postula la 4T, parece más que deseable que también allí se pueda concretar la posibilidad de retirar, anticipadamente, la confianza popular a servidores públicos que, más temprano que tarde, desencantan al respetable, sea porque enseñan muy rápido el cobre, sea porque les da la gana hacer de su responsabilidad política y legal un papalote. Más aún, cuando la gente ya no puede soportar más los estragos de un ejercicio venal o podrido del poder, pedirle esperar el tiempo ordinario electoral, puede conllevar un agravio más.
Mientras no llegue la revocación de mandato a todos esos espacios del poder público en los que se mueven sujetos que apenas “se suben a un ladrillo y se marean”, seguiremos padeciendo desfiguros de no pocos dizque servidores que se atienen al otro famoso dictum: “no te acabes cargo público”, haciendo de las suyas pensando que el poder de que disponen es de una vez y para siempre. Recuérdese el vergonzoso caso del ex-gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, cuando al calor de la fuerte presión por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pidió que el INE le organizara “su” consulta revocatoria de mandato, sabiendo que ese organismo electoral se negaría, pero él se “legitimaría” como un funcionario “responsable”, dispuesto a renunciar… si el pueblo se lo demandara de esa forma. Pero hay otros casos en los que la mayoría de la población ni siquiera ese consuelo tiene, salvo el de -decían los dinosaurios del viejo régimen- “ejercer el derecho a patalear”.
Así las cosas, es deseable que en el Senado de la República se discuta, sin tantos apasionamientos, sin especulaciones, sobre la necesidad de que la mayoría social cuente con un mecanismo de participación directa que le permita ejercer, de manera continua, su poder para calificar, anticipadamente, el mandato que se ha depositado en un servidor público de elección popular. En todo caso, se trata, como bien se dice por allí, de cambiar el “chip” y tener claro que los ciudadanos somos los mandantes y los funcionarios de elección popular los mandatarios, por lo que nos deben obediencia para el ejercicio de sus (en)cargos públicos; nada más, pero nada menos.
