“Todos para uno, uno para todos”.
A. Dumas.
¿Usted oyó o supo de acciones preventivas o de reacción de la Policía Municipal de Culiacán Sin., en los hechos suscitados la semana pasada? Ni yo.
Está en marcha un modelo de policía y de justicia cívica y entre las razones esgrimidas por las cuales ha crecido la delincuencia que son diversas, sin embargo, “desde el punto de vista de la policía, es indiscutible que existen problemas doctrinales, estructurales y legales – principalmente en las municipales y las estatales– que han impedido que puedan desplegar todo su potencial para garantizar la seguridad de los mexicanos en sus propias comunidades, generando una percepción de desconfianza y de ineficacia que genera un círculo vicioso entre la sociedad, las víctimas y las autoridades”.
Todo a pesar de que desde la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales en 2014 las policías tienen la obligación de atender a las víctimas y recibir denuncias, la mayoría (salvo algunos casos aislados) no ha implementado el ejercicio de esta facultad. Del mismo modo desde 2008 las policías tienen facultades para investigar delitos bajo la Conducción y Mando del Ministerio Público y como parte de esta facultad actuar como primer respondiente o incluso como policía con capacidades para procesar la escena del crimen sin embargo, muchas policías no han ejercido esta función o lo han hecho parcialmente.
En Culiacán, tienen una Secretaria de Seguridad pública y Tránsito Municipal que ofrecen servicios tales como: Servicios de consulta médica y pequeñas cirugías; atenciones psicológicas; banda de guerra y escoltas; asesoría jurídica a toda persona que es víctima de un delito; carta de no infracción al bando de policía; constancia de robo comercial, domiciliario o particular; quejas en contra de policías; recepción y atención de quejas, familiares y conyugales; reporte de extravió de personas; resguardo de eventos en salones de fiesta; seguridad a campamentos escolares y vigilancia de eventos especiales.
Atribuciones como: hacer respetar las buenas costumbres y aprehender a los delincuentes en caso de flagrante delito. Como autoridades municipales en la materia: El Presidente Municipal; el Secretario del Ayuntamiento; el Titular de la dependencia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; los Síndicos Municipales; y los Comisarios Municipales.
Y como en Culiacán, así el resto de los municipios en México se pierden en una nebulosa de servicios, actividades, atribuciones y responsabilidades en marcos legales dispersos e incoherentes entre sí, lo que ha permitido y facilitado el enjuague de responsabilidades ¿Qué le toca a quién y cómo?
En Culiacán mínimo estaban en el lugar de los hechos y en franca observación de delitos flagrantes: Militares, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Agencia (Federal) de Investigación Criminal, Policía Estatal, Fiscalía Estatal, Policía Ministerial Estatal, Servicios Periciales, y de colofón la Policía Municipal culiacanense.
TAPANCO: Lo que Usted vio la semana pasada no fue más que una desarticulación de autoridades y de competencias en seguridad pública, emanada de una coordinación constitucional de papel y discurso político. Entretanto, homicidio doloso, robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo parcial de vehículo, robo a comercio, narcomenudeo, robo de vehículo, fraude, extorsión, violencia de género y percepción sobre seguridad, azote en Estados y Municipios.
Una “Ley Nacional de Policía”, este debería ser el tema en la agenda nacional y de ahí partir.
Francisco.soni@uaslp.mx
twitter: @franciscosoni