Populismo de ficción

óscar g. chávez

No hubo ninguna sorpresa en que las votaciones de las dos iniciativas propuestas por el gobernador, a través de sus testaferros legislativos, fueran a pasar satisfactoriamente dentro del Congreso; hasta ahora ninguna de sus ocurrencias han sido objetadas por algún legislador crítico, porque simplemente no existen. Han sido, no lo olvidemos, las inconformidades y los recursos ciudadanos los que en varios casos han puesto freno temporal a algunas de esas ocurrencias y es muy posible que en esta ocasión y en ambos casos  vuelva a ocurrir. 

Los diputados en conjunto, y como buena familia, dieron el nihil obstat al llamado impuesto verde, que de una manera sencilla puede ser definido como un gravamen a ciertas actividades contaminantes sobre la atmósfera y también decidieron legislar sobre lo privado imponiendo la exención de cobro a los estacionamientos de los centros comerciales. Esto último, dicho sea de paso, resulta una franca contradicción con lo anterior dado que incrementa el uso de vehículos automotrices.

El año pasado el entonces titular de la secretaría de Finanza, Salvador González Martínez, había señalado, enfatizando la brillante ocurrencia, que estos impuestos (remediación ambiental en la extracción de materiales, emisión de gases a la atmósfera; emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y depósito o almacenamiento de residuos) “difieren del resto de las contribuciones, pues incorporan una finalidad extra-fiscal de protección ambiental y la propuesta va dirigida a cuidar el ambiente en la entidad y no con fines recaudatorios”, con todo y que “…las contribuciones ecológicas representan uno de los instrumentos económicos más usados a nivel nacional para dar solución a la problemática ambiental, ya que tienen la finalidad de contrarrestar los efectos negativos ambientales de la producción o consumo en algunas actividades económicas, por los cuales no se realiza ningún pago o cobro.”

Quizá no alcanzo a comprender, pero con todo y que sea (como dicen) para remediar, yo supondría que cualquier impuesto o sanción pecuniaria lleva implícitamente un fin recaudatorio, no hay de otra. Esto se veía venir después de que anunció que las licencias de manejo y las placas de identificación vehicular serían gratuitas dado que de alguna manera se tendría que remediar la lesión a los ingresos estatales. 

Con todo y que este impuesto, dicen, resulta buena onda, porque se destinará a algo así como plantar arbolitos (que seguro dejarán secar o después algún imbécil director de Servicios Municipales o Ecología ordenará talar) en realidad fuera de lo económico no presenta alguna otra utilidad ya que ni plantear posibles soluciones ni busca remediar alguna problemática ambiental. 

Sanciona pero no remedia y, además, en este gobierno que se presume mañana tarde y diario una profunda (y ficciosa) sensibilidad social, este impuesto lesionará particularmente a quienes viven de la fabricación de ladrillo de barro, ya que no sólo pertenecen a un sector económica y socialmente vulnerable sino que, además, su medio de subsistencia representa uno de los principales contaminantes atmosféricos.

Otra de los absurdos de esta propuesta (y que demuestran su afán de billetitos) es la medición de las emisiones contaminantes sobre las que se impondrán las sanciones, ¿cómo se obtendrán estos datos?, porque hasta donde se sabe este gobierno, pese a la insistencia de la asociación ambiental Cambio de Ruta, no había adquirido un equipo que permita monitorear la calidad del aire, ¿entonces preocupa más lo recaudatorio que la salud de los potosinos?  

Viene otra cuestión, ¿los diputados sabrán bien lo que aprobaron?, ¿leerían la iniciativa o votaron a favor a la buena de Dios?, porque hasta donde se observa no se sanciona otro tipo de contaminación más allá de la atmosférica, ¿qué pasará con otras entidades contaminantes y otros tipos de contaminación? 

En el caso de los estacionamientos de centros comerciales que ahora serán gratuitos, surgen interrogantes respecto a algunas situaciones que seguramente ocurrirán, como el pago por daños a vehículos, el robo de piezas o total, dado que ya no habrá ningún compromiso de las empresas hacia quienes hagan uso del espacio. Igual, el gobernador dice estar listo para atender los posibles amparos, pero que no se le olvide que los amparos no son lo de él, ni de su general de Gobierno, ni de su jurídico de utilería. 

Por cierto ¿cuánto gastan los diputados al mes en estacionamientos?