Precariedad Laboral

San Luis Potosí se distingue de otros estados por presentar niveles más reducidos de desempleo entre las y los jóvenes, pero a la vez, existe un deterioro de sus condiciones laborales. Por ello, ante la creciente falta de protección social, la inestabilidad laboral y la expansión de los puestos de trabajo con muy bajas remuneraciones, que aunado a la desigualdad y pobreza que genera el autoempleo, surge la necesidad de elaborar e implementar políticas públicas orientadas al bienestar de las juventudes. 

La gran mayoría de las y los jóvenes de 12 a 29 años que trabaja lo hace como empleados u obreros (74.2 %); si a estos les sumamos los jornaleros (10.1 %) y los trabajadores a destajo (1.2 %), tenemos que 85.5 % de los trabajadores jóvenes son asalariados; en cambio, 6.5 % son trabajadores por su cuenta, 1.5 % patrones o empresarios. Estos datos demandan una política pública diferenciada y contextualizada, no se puede enfrentar el problema público de la precariedad laboral con intervenciones gubernamentales generalizadas. 

En cuanto a las condiciones laborales de las y los jóvenes asalariados, hay un panorama nada alentador, ya que 77 % de los asalariados cuenta con local de trabajo, menos de 20 % tiene alguna otra prestación laboral, además del salario base, y los que cuentan con contrato laboral no llegan a 40 %; así mismo, únicamente 21.9 % de las y los jóvenes asalariados realiza actividades relacionadas con sus estudios, y en su mayoría tiene jornadas de trabajo excesivas (más de 50 horas a la semana), sea por horas extras o porque son obligados por sus patrones.

Al considerar a la precariedad laboral como resultado de contar con local de trabajo, contrato laboral y tener acceso a prestaciones laborales, así como hacer una actividad laboral que se relaciona con los estudios y las horas trabajadas, tenemos que el problema público se presenta en el salario, seguridad social, horas de trabajo, motivo por el cual surge la inestabilidad laboral, todo lo cual se ve reflejado en que a las y los jóvenes no les alcanza su suelo para alimentación, vestido, salud y actividades de recreación. 

En esta precariedad influye el contexto, factores como el tamaño de la localidad de residencia, edad, sexo y nivel de estudios de las y los jóvenes; es mayor en las zonas rurales, las personas más jóvenes, las mujeres y los bajos niveles de estudio; también las características de los puestos de trabajo (sector de actividad, ocupación, tamaño de la empresa), así como los rasgos familiares e individuales de los trabajadores; es mayor en los empleos informales, los que demandan fuerza física y en familias en situación de alta vulnerabilidad.

El sector servicios es el que ofrece mejores empleos a las y los jóvenes; entre ellos está la administración pública y los servicios de educación y salud, en donde hay mayores ingresos y estabilidad laboral, situación que no se presenta en la industria de la construcción, manufacturera, maquiladora y empleos informales; por lo que es en estos sectores donde las intervenciones gubernamentales deben ser de más alto impacto, ya que la calidad es importante y no solo el número de empleos generados. 

La calidad de empleo es determinante en la vida de las y los jóvenes, el no obtener ingresos suficientes impacta en su vida cotidiana, porque no les alcanza para sus alimentos, vestido y actividades de diversión, lo cual se vuelve más grave si ya tienen pareja e hijos, por lo que son susceptibles de ingresar a actividades ilegales como una forma de mejorar sus condiciones de vida; también corren el riesgo de consumir alcohol y otras drogas como una forma de evadir su realidad.

En síntesis, la mayoría de las y jóvenes están expuestos a una precariedad laboral extrema, quienes carecen de condiciones materiales de trabajo seguras, sin contratos laborales y de prestaciones sociales estables, en lo que trabajan no tiene que ver con sus estudios, laboran jornadas excesivas y perciben ingresos muy reducidos; esta situación los hace vulnerables para ingresar a desempeñar actividades ilícitas o al consumo de alcohol y/o drogas. Urgen políticas focalizadas y sujetas a una evaluación permanente de sus resultados e impactos. Próxima colaboración: 15 de junio de 2022.

@jszslp