El Estado (o grupos de Estados) disponen de formas cotidianas para imponer su dominación a los grupos subalternos, y que van desde manifestaciones explícitas de coerción como la violencia institucionalizada hasta el presunto consenso de una cierta legalidad imperante, constituyendo lo que Antonio Gramsci denominara como “proceso hegemónico”. Sin embargo, ese proceso no puede entenderse sin la otra parte, la de una respuesta de los dominados o grupos subalternos que pasa por la resistencia activa o pasiva, pero siempre en un proceso complejo de interacción de fuerzas. Y solamente cuando las clases subalternas se convierten (de alguna manera) en Estado, dice Gramsci, es cuando alcanzan una unidad histórica y superan su disgregación.
Guardadas las proporciones, bien se podría plantear que en la formación estatal mexicana actual se aspira a una cierta unidad de los grupos subalternos para lograr una transformación más equilibrada del poder público con respecto de las clases dirigentes (que incluyen a los denominados poderes fácticos) que, por definición, se mueven en cierta unidad dentro del poder estatal para el ejercicio de su dominación. En ese orden de ideas es que podría entenderse el planteamiento del gobierno de AMLO con relación a la necesidad de ordenar el servicio de generación de energía eléctrica por parte de grupos privados empresariales que se han despachado con ventajosos contratos, más que por una presunta oposición al uso de energías renovables, concediendo que no se comunicó adecuadamente esa intención.
Pero, además, hay que tener presente que la práctica del conflicto de interés ha estado instalada largo tiempo por funcionarios de primer nivel del Estado mexicano, como cuando Felipe Calderón y quien fuera su secretaria de energía, Georgina Kessel, sin mayor empacho se convirtieron, al termino de esa administración, en consejeros de empresas privadas extranjeras como Iberdrola. Aunque Calderón insista que luego se desligó de una empresa filial de la multinacional española, eso no quita que en el imaginario popular se le tenga (entre otras cuestiones) como el presidente que desmanteló a Comisión Federal de Electricidad y realizó negocios para él y sus cercanos. Ese agravio social que se viene arrastrando desde entonces -y que se agudizó con la reforma energética peñista- es el que permite legitimar una acción como la del gobierno obradorista para enderezar el entuerto, además de lograr una mayor productividad y rentabilidad económica, pero esperando que sea precisado mejor el compromiso ecológico.
Lo que interesa destacar es la necesidad de poner en su contexto la acción estatal, para no caer en la descalificación simple de que se trata de ir en contra de un desarrollo sustentable y de defensa medio ambiental, sino de revisar, incluso, los términos en que se ha venido dando el despojo territorial de no pocos mega-proyectos que fueron ofrecidos en su momento como inocuos para la naturaleza y para los medios y modos de vida de muchas comunidades que, en su relación histórica con la formación estatal mexicana, tienen presentes agravios, compromisos, tradiciones y demás formas cotidianas de interlocución con el poder público que pudieran haber quedado “ocultas” (en la idea de James Scott, “Los dominados y el arte de la resistencia”, Ed. Era, México, 2000), pero latentes para ser expuestas como razones válidas para exigir que sea revisado tanto atraco que los gobiernos anteriores permitieron y/o perpetraron. Se podrá decir y objetar que también en el actual gobierno hay “prietitos en el arroz”, pero se ha dado la palabra de investigar para proceder en consecuencia y esa es también una forma de lograr que la hegemonía del poder dominante “no se mande sola”.