El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que libera, por lo pronto al Ayuntamiento de la Capital y en unos meses a todos los demás, de la obligación de obtener la autorización del Congreso para enajenar cualquier propiedad municipal o endeudarse por un plazo mayor al de su ejercicio, tiene pros y contras. Quizá la contra más preocupante es que en no pocos municipios gobiernan fieles seguidores de la Doctrina Arturo Brizio. El conocido exárbitro del futbol mexicano sostiene que “autoridad que no abusa de su poder, pierde prestigio”.
Evitar que esa decisión de la SCJN, impecable en la teoría pero llena de riesgos y amenazas en la práctica, se convierta en la inauguración de una etapa de derroches, excesos, saqueos y abusos con las siempre exiguas haciendas municipales, está en manos del Congreso local.
Hay ocasiones en que la política se muestra generosa con sus oficiantes y les ofrece la oportunidad de, sin mayor sacrificio ni menor esfuerzo, hacer algo en beneficio del auténtico interés general. En este caso, la generosidad política consiste en la oportunidad de legislar bien y oportunamente para evitar que la libertad concedida por el máximo tribunal del país se convierta en libertinaje.
Dentro de máximo seis meses, cuando en acatamiento al mandato de la Corte deban quedar suprimidas de la Constitución local las disposiciones que obligan a los ayuntamientos a recabar la autorización del Congreso, la legislatura potosina tendrá la quizá irrepetible oportunidad de hacer bien algo importante, sin muchas complicaciones.
Conforme la legislación vigente, una vez suprimido el sometimiento al Congreso, los ayuntamientos potosinos podrán vender, permutar, donar o enajenar de cualquier manera alguno de sus bienes muebles o inmuebles solamente “cuando ello se haga necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público” (artículo 111 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí). Por su parte, el Reglamento para la Enajenación de Bienes Municipales del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P. dispone en su artículo 5º que “El Cabildo del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. sólo podrá aprobar operaciones de enajenación de bienes municipales cuando se haga necesario para la realización de obras de beneficio colectivo, de asistencia social, o para cualquier otro propósito de interés público” (los subrayados son nuestros).
Como es fácil observar, esos conceptos de “obras de beneficio colectivo”, “para cualquier otro propósito de interés público” y obras “de asistencia social”, son auténticos cajones de sastre donde cabe de todo. Repartir despensas sin límite presupuestal; patrocinar un magno concierto con Lady Gaga o adaptar una ciclovía en Carranza son acciones que pueden hacerse encajar en la asistencia social, el interés público o el beneficio colectivo.
Es factible también que, por decir algo, algún alcalde promueva la venta de un terreno para comprar una suburban del año que estará al servicio del DIF municipal que cumple intachables tareas de asistencia social y de interés público, para que luego mediante un simple oficio la dirección de ese organismo se la comisione al señor presidente municipal por tiempo indefinido. Y tan tan.
En esta materia de enajenar bienes muebles o inmuebles de los municipios, el requisito más importante que deben cumplir los cabildos es que la operación correspondiente se apruebe con el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes.
En la actualidad, ningún partido o coalición que gobierne algún municipio potosino alcanzan esa mayoría calificada por sí solos, pero no hará daño revisar con lupa la legislación atinente (Constitución local, Ley Electoral del Estado y Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otras), para introducir candados que cancelen esa posibilidad. Ya sucede, por ejemplo, con nuestra Constitución que dispone claramente que ningún partido bajo ningún concepto podrá tener más diputados que el número de distritos locales electorales (15), en tanto que la mayoría calificada en el Congreso requiere 18 votos.
Será necesario, para evitar contradicciones legales, revisar y reformar varios ordenamientos más. Entre otros, las leyes del Registro Público de la Propiedad, la del Notariado y la de Bienes del Estado y Municipios, pues incluyen disposiciones
que se hacen eco de las normas que la Suprema Corte suprimió.
En resumen, igual que les ocurre con las reformas electorales en proceso, este asunto del fallo de la SCJN ofrece a nuestros ínclitos diputados la muy valiosa oportunidad de hacer bien algo que es de interés y beneficio para los potosinos: impedir que en los ayuntamientos potosinos el libre manejo de sus patrimonios y haciendas se convierta en dilapidación de bienes, derroche de recursos, malos manejos o simples y llanas raterías.
Sería criminal, o quizá mas bien muy estúpido, no aprovechar esta oportunidad caída del cielo para algo redimirse.
ESTO SE PUSO
CACHETÓN
Por razones más externas que internas, más ajenas que propias, a la administración de Juan Manuel Carreras se le presentaron súbitas complicaciones que van a dificultar mucho, si no es que a cancelar, la posibilidad de que por lo menos dos tercios de los diputados voten a favor de autorizarle la contratación de un nuevo crédito por 700 millones de pesos.
El hecho de que 22 diputados panistas del Congreso de Tamaulipas votaron a favor de autorizar la contratación de deuda pública por 4 mil 600 millones de pesos a su gobernador y compañero de partido, debilitaba mucho la oposición que sobre un tema similar sostenían aquí los legisladores panistas aún antes de que se formalizara la correspondiente solicitud.
Pero dónde viene a suceder que el jueves pasado, seis diputados priistas en acuerdo con 4 morenistas del Congreso de Yucatán, impidieron que se autorizara a su gobernador panista la contratación de un crédito de mil 728 millones de pesos. Este suceso, obviamente, ofrece un nuevo argumento a la fracción albiazul potosina para rechazar la solicitud del gobernador Carreras.
Ya no tienen que hacer piruetas argumentales para justificar por qué aquí se oponen a lo que en Ciudad Victoria apoyaron, tratándose de asuntos similares en su origen y destino. Lo ocurrido en Mérida se las pone fácil para aquí decir “No”: por puro y simple desquite. No será una gesta que salve la patria, pero su lógica se sostiene.
Por otro lado, la fracción de Morena, con sus seis integrantes, a reserva de ver qué dicen sus aliados del PT y del PES, ha recibido instrucciones puntuales, reiteradas y enfáticas de sus dirigencias partidistas local y nacional, en el sentido de que por instrucciones de las más altas alturas pejianas ni se les ocurra votar a favor de endeudamientos estatales con motivo de la contingencia sanitaria y su concomitante crisis económica.
Recientemente un diputado morenista del Congreso de Jalisco votó a favor de un credito y ya la dirigencia nacional de su partido anunció que se va expulsado por traidorzuelo.
Sin los votos panistas y morenistas el Ejecutivo Estatal no tiene manera de sacar adelante su proyecto, aún y si todo el resto lo apoyara. Y yo supongo que para contar con los tres que controla el gallardismo habría que entrar en componendas políticamente muy costosas (¡¿Más?!).
En Palacio de Gobierno no han tomado ninguna decisión final. Mucho dependerá de cómo camine la reestructuración, cuya solicitud está comenzando a procesarse en el Congreso.
Antes de despedirme, debo hacer dos precisiones y explicar un dato. En la columna anterior dije que el terreno de la Ford podría venderse en 350 millones de pesos. Es erróneo: esas tierras valen entre mil 400 y mil 600 millones. El equívoco surgió del hecho de que el Ejecutivo declaró que vendiéndose pagaría la mitad del crédito de 700 millones, o sea 350. En segundo lugar, también hace una semana señalé que los invernaderos de Santa Rita y Villa de Arista valen en conjunto 356 millones de pesos. Ese dato es correcto como valor en libros. Se estima que habida cuenta de que están en producción, arrojan utilidades y tienen contratos comerciales firmados, su valor de venta podría ser fácilmente del doble. Lo que no cambia es mi convicción de que llegado el caso es mucho más aconsejable deshacerse del terreno cuyo mantenimiento y vigilancia cuesta millones de pesos y no los invernaderos que dejan dividendos.
Finalmente, el dato que no tenía a la mano el jueves anterior es por qué los dos últimos años las utilidades de los invernaderos han ido a la baja. Me informan en la SEDARH, con explicaciones detalladas que ya hoy no caben, que en ambos ciclos agrícolas las plantaciones se vieron afectadas por diversas plagas (clavibacter, virus del mosaico y virus del tabaco), lo que redujo su producción.
COMPRIMIDOS
Dos cosas están claras: lo peor de la pandemia no nos ha llegado y en materia de disciplina social y de sentido de responsabilidad colectivo, los potosinos estamos más cerca de los últimos lugares a nivel nacional que de los primeros. Lo de “Quédate en casa”, que lamentablemente comienza a sonar desfasado no obstante su vigencia, simplemente nos valió gorro. Ojalá no tengamos que arrepentirnos después.
“Lo peor” consistiría en una frecuencia y duración de nuevos contagios que colapsen nuestro sistema de salud, lo que se traduciría en saturación de hospitales, mayor número de muertes y mucho sufrimiento. En esa sombría perspectiva, la donación de equipo médico, incluidos varios valiosos ventiladores mecánicos, recientemente hecha por el Grupo México, es de agradecerse por su oportunidad y alto valor médico.
Con ese inoportuno y hasta impertinente tema de una nueva ciclovía en Carranza, tengo la sospecha de que nuestras ilustres autoridades municipales confunden a los ciclistas populares que por necesidad se transportan en ese vehículo, con los ciclistas deportivos por gusto que a bordo de maquinas muy sofisticadas -algunas de las cuales valen miles de dólares- gustan de pedalear sobre todo en el parque Tangamanga, donde hay más seguridad, el aire está más limpio y el paisaje es más grato.
Si Esteban Moctezuma Barragán va a ser el candidato a gobernador de Morena y no quiere iniciar su andadura con impugnaciones, acusaciones de violar la ley y litigios desgastantes, deberá estar viviendo en cualquier punto del territorio potosino a más tardar el próximo viernes 5 de junio. Interesados, ver el artículo 73 fracción II de nuestra Constitución.
Hasta el próximo jueves.