Durante julio y agosto comentaristas y columnas institucionales de diversos medios radicados en la Ciudad de México le dieron algunos piquetes de alfiler a Ricardo Gallardo Cardona en sus aspiraciones políticas, pero lo que hizo aquí el viernes pasado Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, fue darle tremenda puñalada. El lance sirvió de paso para que se volviera a plantear en la conversación pública uno de los mitos políticos más persistentes en estas tierras.
Es fácil entender que hay diferencias sustantivas entre los trascendidos periodísticos, por serios y de buena calidad que sean, y la afirmación pública del funcionario financiero en el sentido de que la dependencia a su cargo investiga actualmente dos denuncias contra Gallardo Cardona, sin abundar en mayores detalles.
Por supuesto que, como de inmediato salieron a decir los prosélitos de RGC, el anuncio de que existen denuncias -de particulares, se precisó- no significa que sea culpable. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, de la visita de Nieto Castillo me quedo con la impresión de que más que otra cosa fue un mensaje de las alturas para el diputado federal potosino.
Un mensaje en el sentido de “serénate, no vas”. Ese “no vas” sería referido a la ansiada candidatura a gobernador por Morena, en alianza con el partido Verde. Si Gallardo Cardona todavía conserva en el bolsillo la postulación del PVEM, puede hacerla efectiva pero sin la menor posibilidad de ganar.
Dicho de otra forma, don Santiago podría ser medio atrabancado y poco cauto en sus declaraciones si se quiere, pero no al grado de venir a poner en entredicho la viabilidad electoral de un personaje que estuviera siendo considerado en las alturas morenistas para contender por la gubernatura potosina. Ilógico.
EL MITO GENIAL
Cada que se ofrece, Gallardo Cardona, sus fans y sus medios, como fue en este caso, salen a gritar que es otra vez la misma historia de hace casi seis años, cuando se le encarceló para evitar que fuera candidato, conseguido lo cual se le declaró inocente, hecho que, dicen, confirma su tesis de que todo fue una oscura maniobra para descarrilarlo de su venturoso camino hacia la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
Esto de que RGC fue declarado inocente de las imputaciones que en 2015 le hizo el Ministerio Público Federal atendiendo a una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, es el meollo de ese mito genial que se actualiza cada que se ofrece.
La realidad es otra. Lo que en esencia dice el magistrado que le concedió el amparo contra el auto de formal prisión que dictó el Juez Primero de Distrito de Hermosillo y que ratificó el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, con sede en la misma ciudad, es que el Ministerio Público se equivocó en los delitos que le imputó, mismos que, por otro lado, están acreditados mediante abundante documentación.
El fallo judicial que permitió a Gallardo Cardona recuperar su libertad en diciembre de 2015, luego de 11 meses de encarcelamiento, consta de 266 hojas. Su lectura resulta tediosa y complicada porque además del oscuro lenguaje judicial, los únicos ejemplares disponibles están testados. Es decir, se suprimen todos los nombres y domicilios de personas, las razones sociales de las empresas involucradas así como la identificación del municipio de cuyas arcas se sustrajo el dinero. Con todo, hay un par de fojas en las que se filtran fotografías y el nombre de RGC.
La historia ahí relatada se puede sintetizar así: La UIF acreditó que entre octubre del 2012 (con unos pocos días de haber tomado posesión) y septiembre de 2014, de las arcas municipales de Soledad de Graciano Sánchez se transfirieron 209 millones de pesos a las cuentas de una clínica. De ahí, se identificaron movimientos por 119 millones de pesos en favor de tres empresas de las que Gallardo Cardona era accionista mayoritario y apoderado legal.
Decenas de páginas dan cuenta detallada de los movimientos bancarios, fechas, montos, cuentas de origen y destino, titulares de las mismas, etcétera. Se acredita incluso que varios millones de pesos fueron retirados de los bancos por la ejecutiva y accionista minoritaria de una de las empresas propiedad de Gallardo Cardona, que era al mismo tiempo funcionaria de alto nivel en el Ayuntamiento soledense.
Gallardo Cardona es encarcelado en enero del 2015 acusado de dos delitos: Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El juez de Distrito que conoce del asunto en primera instancia, considera que hay elementos suficientes para dictarle auto de formal prisión. Esta resolución es luego confirmada por el Tercer Tribunal Unitario de Circuito (ambos con sede en Hermosillo). La defensa se inconforma y acude al Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, también de la capital sonorense, cuyo magistrado decreta la libertad del exalcalde.
Los razonamientos, plasmados en el expediente, para sustentar el fallo de libertad, son de antología. En muy apretada síntesis, el juzgador dice que el delito de Delincuencia Organizada no se acredita, porque para realizar todas las operaciones bancarias el acusado se valió de varias empresas de las que él era accionista mayoritario y apoderado legal, así como de varios individuos socios minoritarios de esas mismas compañías. Pero, ojo, sucede que las empresas de referencia fueron fundadas entre septiembre del 2009 y septiembre del 2010, tres y dos años antes de que RGC fuera presidente municipal de Soledad, por lo que no se puede demostrar que las hubiera creado para delinquir ya que al momento de hacerlo no tenía manera de saber que años después sería alcalde.
Sucede, sin embargo, que en los años de creación de las empresas ya era alcalde soledense Ricardo Gallardo Juárez, lo que probablemente fue el motor para constituir empresas de diversos ramos.
Por cuanto hace al delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la razón del magistrado federal para desestimarlo es gloriosa. Sostiene que el dinero desviado por Gallardo Cardona y socios salió del presupuesto federal, por lo que su procedencia era legal. Consecuentemente, decreta el juzgador, no hay recursos de procedencia ilícita involucrados en la acusación.
Sin embargo, por lo menos en tres ocasiones el magistrado federal desliza su opinión de que en la misma causa y con los mismos hechos se podrían acreditar otros delitos. Reproduzco a continuación, literalmente, tres párrafos de la sentencia de referencia:
En la página 257 de la versión electrónica del fallo, donde se aborda lo relativo a la imputación de Delincuencia Organizada, se lee: “…de donde se infiere que efectivamente el quejoso (nombre suprimido) en su carácter de (cargo suprimido) del municipio de (nombre suprimido), del Estado de San Luis Potosí, distrajo de su objeto para usos propios recursos económicos pertenecientes al Estado, no obstante haberlos recibido en administración, conducta que bien pudiera actualizar algún otro ilícito…”.
Una página adelante, el magistrado insiste: “…de dichos elementos probatorios, si bien se infiere que efectivamente el quejoso (suprimido), en su carácter de (suprimido) del municipio de (suprimido), del estado de San Luis Potosí, distrajo de su objeto para usos propios recursos económicos pertenecientes al Estado, no obstante haberlos recibido en administración, conducta que como se dijo bien pudiera actualizar algún otro ilícito”.
En la página 261, donde se desarrolla el tema del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el juzgador dejó asentado: “…la consideración de la autoridad responsable (el otro Tribunal Unitario que confirmó el auto de formal prisión) de que dichos recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita, ya que, en su concepto provienen de la comisión de un delito, el cual no se precisó, pero que en todo caso, por cuestiones obvias, pudiera referirse a la indebida distracción de las arcas municipales realizada por el quejoso (RGC, añadido nuestro), ello, como se dijo, bien pudiera actualizar una diversa conducta delictiva (otro delito, agregado nuestro)…”.
Es síntesis, viene a decir el letrado, los delitos que se le imputan a RGC no se acreditan, pero bien pudieran acreditarse otros. Ningún intento de actualización de nuevos ilícitos se ha hecho -que se sepa-, pero esa opción está viva.
COMPRIMIDOS
Siguiendo la pista que nos dio un amigo, encontramos que en el transcurso de los últimos 28 años tres Papas distintos han pedido perdón por los pecados cometidos contra los pueblos originarios de América durante el proceso de colonización. Lo hizo Juan Pablo II, en 1992 en República Dominicana; lo reiteró Benedicto XVI en el Vaticano a su regreso de un viaje apostólico a Brasil, en 2007, y más recientemente
en 2015 lo hizo el Papa Francisco durante
su visita a Bolivia. Resulta difícil de entender qué es lo que está pidiendo ahora
nuestro Presidente.
Hasta ayer, cinco de los seis magistrados no ratificados habían interpuesto juicios de amparo para tratar de que quede sin efecto la decisión del Congreso local. Contrario a lo que cabía esperar, los jueces federales no les concedieron la suspensión provisional, por lo que hoy será su último día de labores. El único que hasta ayer no había utilizado ese recurso es el abogado Juan José Méndez Gatica. Esta circunstancia hace muy aconsejable para el Ejecutivo no enviar nuevas ternas, pues corre el riesgo de transitar otro tormentoso procedimiento para designar nuevos letrados que dentro de unos meses sean enviados a sus casas si la justicia federal ampara a los no ratificados. Lo que deben de hacer es completar los supernumerarios. Faltan cinco.
Hay muchas buenas razones para lograr cuanto antes la aprobación en Cabildo de los nuevos planes de desarrollo urbano de este municipio, pero mucho me temo que si lo hace, el alcalde Xavier Nava le va a propinar un duro golpe a sus aspiraciones políticas. Ya no hay espacio para entrar a fondo al tema, pero sin duda que por sobre las bondades de los nuevos ordenamientos prevalecerá en el imaginario popular, y sus enemigos que no le faltan se encargarán de que así sea, de que todo es para beneficiar a las élites inmobiliarias.
Cuesta trabajo entender por qué el Partido Revolucionario Institucional decidió entrarle al juego de las frivolidades y salirnos con que tiene ¡siete! precandidatos a gobernador. Mónica no pasa del primer round; el Ojitos tiene años dale y dale con que no quiere, que su familia no se lo permite y que de entrada le puede costar el divorcio, y a mi estimado Machinena habrá que entregarle ya el decanato de los aspirantes. Sara nunca ha dicho que le interese.
Hasta el próximo jueves.