PURO CUERNO

Al paso que van las cosas, este año y los 21 meses siguientes que le restan a la administración gallardista, los constructores potosinos van a recibir puro cuerno en cuanto a contratos para ejecución de obras públicas estatales.

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Los hechos y los números así lo indican El 25 de julio del año pasado, con cifras actualizadas al mes anterior, en este mismo espacio publicamos que de 6 mil 031 millones de pesos invertidos hasta entonces por el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en obras públicas a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública (Seduvop), el 63.07 por ciento (3 mil 804 millones) se entregó a constructores foráneos y el 36.93 por ciento restantes (2 mil 227 millones) a potosinos. Es decir, dos tercios para los de fuera y un tercio para los de casa.

    Las cifras anteriores se sustentaron en la documentación oficial derivada de cada licitación, recopilada en diversas instancias, ya que una copia del expediente respectivo es entregada a cada uno de los participantes, incluidos los perdedores, otra a la Contraloría General del Estado, una más a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y otra la conserva la propia Seduvop.

    Advertimos en aquella ocasión que había varias obras, de distintos montos, que no era posible incluir en este tipo de cálculos, por la sencilla razón de que no se licitaron. Se asignaron a dedo y sus presupuestos y costos reales se han mantenido en riguroso secreto, lo mismo que la identidad de los ejecutores. En ese apartado están, por ejemplo, la remodelación de los parques Tangamanga uno y dos, el reacondicionamiento de las instalaciones de la Feria, la regeneración urbana de la avenida Himno Nacional, los trabajos en San Miguelito y la remodelación del Mercado República. No hay manera de saber cuánto se gastó en conjunto, pero sin duda que son varios centenares de millones de pesos, que por lo mismo están completamente fuera del radar.

     Ahora que se han cerrado las cuentas del 2024, con un método igual de recopilación documental, surgen datos difíciles de creer. En los 12 meses del año pasado, la Seduvop licitó obras, ejecutadas en diferentes municipios, por un total de 2 mil 992 millones 350 mil 285 pesos. El 82.6 por ciento de esa suma (2 mil 472 millones 387 mil pesos) se lo llevaron contratistas foráneos, y únicamente el 17.4 por ciento restante (519 millones 962 mil pesos) lo consiguieron empresas potosinas.

      Si entre el inicio del gobierno gallardista en septiembre de 2021 y mediados del 2024, la proporción en monto económico de contratos de obra pública entre constructores foráneos y locales fue de dos tercios contra uno, en el ejercicio anual exclusivamente del año pasado esa diferencia se volvió dramática: cinco sextas partes para los de fuera y solamente un sexto para los potosinos.

Es con base en esas cifras que se puede afirmar lo dicho en nuestro primer párrafo: al paso que van, en este año y lo que resta de la actual administración, a los constructores locales les va a tocar puro cuerno. Si acaso migajas.

     Por lo que a este 2025 respecta, la primera licitación convocada por Seduvop se acaba de adjudicar el lunes pasado y tuvo un solo licitante, foráneo, que prácticamente por default ganó el contrato con su propuesta de 292 millones 166 mil 110 pesos. Se trata de la construcción del nuevo puente elevado entre el periférico oriente y la carretera a Rioverde. La empresa ganadora fue “Construcción y Desarrollo Gaia-Sinergy”, domiciliada en Querétaro.

    Así las cosas, en el arranque de las contrataciones de obras a realizarse en el ejercicio fiscal del año en curso, el tablero indica Visitantes 100-Locales 0. A ver si en lo que resta del año se endereza un poco el barco.

Como reveló en su columna Las Cúpulas del domingo antepasado nuestro compañero Jaime Hernández, esa empresa se constituyó apenas en 2020, y llama la atención que ocho de las diez páginas de su acta constitutiva estén dedicadas a describir sus llamados objetos sociales, o sea que puede hacer y vender de todo. Un año más tarde, justo cuando iniciaba aquí el gobierno de Gallardo Cardona, la firma queretana cambió de dueños. Les quedo a deber los nombres.

      Donde pareciera irles mejor a los empresarios potosinos de la construcción es con las licitaciones que convocó la Junta Estatal de Caminos el año pasado. La buena noticia: los papeles se invierten y los de casa obtuvieron el 77.1 por ciento, mientras que a los de fuera les alcanzó únicamente el 22.9 por ciento. La mala: el presupuesto de la JEC equivale a un 6 por ciento del que manejó la Seduvop. Las migajas son cada vez más pequeñas.

     Finalmente, en el conjunto de obra pública estatal ejecutada durante 2024 a través de la Seduvop, se repite el fenómeno de que lo poco que se adjudica a empresarios potosinos va en su mayor parte a un mismo consorcio de empresas matehualenses que comparten accionistas, representantes y todo lo demás. Efectivamente, de los casi 520 millones contratados con constructores locales, más de la mitad (277 millones 966 mil pesos) beneficiaron a COEDESSA y El Palmar, las grandes favoritas de este sexenio.

ABUSOS Y MENTIRAS

Retomo el tema del abuso de poder perpetrado por el gobierno gallardista en contra del periodista Omar Niño, porque la vez pasada que lo abordé -el 10 de abril- estaba pendiente la toma de algunas decisiones por su parte, y también porque yo no había aclarado una duda que ya pude despejar. Además, confirmé con el propio Omar y otras fuentes alternas, un punto en el que vale la pena insistir.

   En ese orden, dije semanas atrás que ante la proximidad de los lamentables y traumáticos sucesos, Niño no había tomado ninguna decisión sobre cómo proceder ante el agravio; que lo estaba reflexionando y comentando con su abogada y algunos amigos. El lunes pasado me dijo que por principio de cuentas presentará en breve una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otra ante el organismo internacional Artículo 19, que promueve la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas. 

   Lo que todavía no decide, porque se trata de un asunto de gran complejidad, es si procede por la vía penal contra los funcionarios estatales que incurrieron en varios delitos con tal de atraparlo y vejarlo en la Ciudad de México y aquí. Si lo hace ante instancias federales -lo que es factible porque aparecen elementos violatorios de derechos humanos- una investigación seria y profesional podría alcanzar los niveles más altos del gobierno potosino, lo que sin duda implicaría una contra reacción virulenta, que lo mismo podría ser civilizada por la vía legal con la mejor defensa posible que por otras vías más bien delincuenciales.

   Consultando el tema con uno de mis amigos abogados que me asesoran sin cobrar honorarios, me decía que quizá lo mejor para Omar fuera acudir a la vía civil, con buenas posibilidades de conseguir una sustanciosa reparación de los daños y perjuicios sufridos.

   Lo interesante es que en este asunto están involucrados por igual los poderes Ejecutivo y Judicial, así como la teóricamente autónoma Fiscalía General del Estado. Ya veremos que sigue.

   Por lo que hace a la duda pendiente, se trata de si efectivamente para hacerlo comparecer a una audiencia que había desatendido en un juzgado penal del fuero común, se le había liberado orden de aprehensión. Lo habitual en estos casos, sobre todo cuando es la primera omisión, es que el juez o la jueza liberen una orden de presentación, para que el procesado sea precisamente presentado ante el juzgado. Se optó, según he podido verificar, por la orden de aprehensión -algo inusual y excesivo en casos como éste- porque solo con un documento así era posible obtener la colaboración de la policía de la Ciudad de México. De haberles llevado una simple orden de presentación, sin duda que hubieran negado su participación, pues esas son cosas muy menores. Además, el interesado mantiene su domicilio permanente en San Luis Potosí.

   Así pues, las instancias potosinas involucradas decidieron violentar la ley con tal de atrapar al periodista allá, con parafernalia y escándalo, cuando lo más simple, y legal, habría sido esperar a que regresara de su asistencia a las mañaneras, un par de veces a la semana.

   La tercera cuestión mencionada párrafos arriba la plantearé muy brevemente, sin perjuicio de retomarla otro día: sí, sí se trató de engañar a asistentes personales y cercanos a la presidenta Sheinbaum cuando preguntaron por qué se había detenido a Omar Niño y personal del Ejecutivo estatal, al parecer de la Coordinación de Comunicación Social, les respondieron que por acoso sexual en perjuicio de una mujer, algo totalmente falso.

   Cuando se conoció la verdad, hubo mucho enojo en aquellas alturas.

COMPRIMIDOS

Pretender algo de racionalidad en el orden de prioridades del Gobierno del estado es una causa perdida. Hay dependencias oficiales, sobre todo de las del llamado gabinete ampliado, que no tienen hojas de papel para sacar fotocopias ni rollos para el baño, pero alegremente se decide gastar una buena cantidad de millones de pesos para cambiar su identidad gráfica. Por supuesto, de cara a las elecciones del 2027, pero no solo con todo empeño, ni siquiera obsesivamente. Andamos ya en niveles sicóticos. Que se va el eslogan “Potosí para los potosinos”, dicen. Los constructores de casa deben estar llorando inconsolables.

Por cierto, a propósito de las genialidades de estos magos de la comunicación, ¿alguien ha escuchado alguna vez en su vida decir “Yo nací en Potosí” o “Vivo en Potosí”? Es más fácil que muchos paisanos prescindan del apellido y digan “Yo nací en San Luis” o “Vivo en San Luis”. Puras jaladas fuereñas.

Por lo demás, el nuevo lema de “Potosí sin límites” conduce de inmediato a preguntarse ¿sin límites de qué o para qué? Sin límites temporales, valga decir sexenales; sin límites para abusar del poder, sin límites para enriquecerse, sin límites para las ocurrencias, para satisfacer caprichos y para el desorden.

Sin límites para que nomás mis chicharrones truenen. Digo.

Reproduzco una frase reciente de mi admirada Irene Vallejo. 

Aparece en su colaboración de la semana pasada en el periódico Milenio: “Si disminuye entre los ciudadanos el interés por cuestionar, lo sustituyen intereses cuestionables”.

De repente observo los lances, actos y desplazamientos de doña Rita y me queda la sensación de que la chamaquean mucho. 

Sobre todo los vagos malvados de Palacio de Gobierno. 

Observe usted y dígame si no.

Hasta el próximo jueves.