Intento hoy dar respuesta a una pregunta que me ha sido formulada en varias ocasiones a lo largo de meses: ¿Cuál creo que sería el perfil ideal del próximo gobernador del Estado? La interrogante pasa por encima de militancias partidistas, afiliaciones grupales o pertenencias sectoriales. Desde esa perspectiva, creo que el mejor mandatario que pudiéramos llevar a Palacio de Gobierno el año entrante sería alguien que quiera, que nos quiera y que se quiera.
Cuando digo alguien que quiera, estoy pensando en alguien que se emocione vivamente ante la posibilidad de ser el gobernador de los potosinos, en contraposición a alguien que venga a buscar esa posición contra su voluntad y resignadamente, porque preferiría estar en otra parte con otro quehacer. Alguien que no vea en la gubernatura potosina una especie de casa chica, como ya nos sucedió con Carlos Jonguitud que consumía más tiempo y neuronas pastoreando al magisterio nacional que gobernando el estado. Tampoco alguien que vea la titularidad del Ejecutivo estatal como un peldaño de corta estancia para irse pronto a posiciones más atrayentes.
Alguien a quien el querer le dure todo el sexenio y no nos salga con que a la mitad ya se cansó, se aburrió, se decepcionó o se hartó, y sigamos en esta absurda circunstancia de, en los hechos, ser gobernados por segundas manos. Ya nos la hizo Fernando Toranzo entregando el poder a Cándido Ochoa y nos la está haciendo Juan Manuel Carreras con Alejandro El Caco Leal Tovías.
Alguien que vea en nuestra gobernanza la culminación de su trayectoria y que por consecuencia se esfuerce en ganar junto con el voto el aprecio de los potosinos. Alguien a quien desde el fondo de su ser le brote el deseo sano e intenso de coordinar y potenciar nuestros esfuerzos colectivos para vivir mejor y no alguien que busque nuestros votos porque no le quedaba de otra. Alguien, por último, a quien no haya que estarle rogando desde ahora para que nos haga el favor de venir de candidato. Esa sensación de tener que implorar que fulano o fulana nos hagan la gracia de interesarse en gobernarnos, nos disminuye, nos devalúa y, por lo menos a mí, ofende.
Planteo alguien que nos quiera en el sentido de alguien que nos aprecie y respete. De alguien que nos guarde respeto esperaríamos que nos considere compañeros de viaje y no súbditos. De alguien que nos aprecie cabría esperar un esfuerzo para conocer bien nuestras carencias, nuestros anhelos y nuestras oportunidades; para orientar con tino las capacidades y empeños comunes, y no que venga a realizar a nuestras costillas sus delirios de grandeza o sus sueños faraónicos. Ya con su alteza real Marcelo de los Santos, cuyo monumento autodedicado en forma de Centro de Convenciones nos sigue sangrando el erario, tuvimos suficiente.
De alguien que nos quiera, aprecie, estime y respete cabría esperar que no vea nuestro siempre escaso erario como botín de guerra; que no llegue con hambre de dinero urgido(a) de saciarla. El buen uso de los recursos públicos siempre ha sido importante, pero lo es mucho más ahora que estamos y estaremos en difíciles condiciones económicas.
De un gobernante que nos aprecie cabría esperar emoción social; genuina preocupación por los que menos tienen, sin que esto suponga en modo alguno distanciamiento o, peor aun, enfrentamiento con los sectores pudientes. La lógica apunta que de un mandatario imbuido de autentico respeto a sus electores no cabría esperar polarización, decisiones hijas del rencor, represalias o diatribas.
Igual, sería alguien de quien esperar respeto a nuestros derechos, esmero en el cuidado de nuestra seguridad, empeño en la eficacia y la eficiencia burocráticas; la aplicación puntual de la ley sin excesos ni arbitrariedad, pero también sin cobardía.
No se trata de ensoñaciones. Hay que poner la vara alta, porque aspirar a menos es convocar a la mediocridad, al saqueo, a la incompetencia, a la molicie, al abandono de responsabilidades.
Debo explayarme ahora sobre lo de que ojalá y nuestro próximo gobernador sea además alguien que se quiera. Igual que con la categoría anterior, en ésta también entiendo alguien que al quererse a sí mismo se respete; que tenga un buen nivel de autoestima.
De entrada, más allá de sus calificaciones para el cargo y la eficacia con que lo desempeñe, nos vendría bien un mandatario que se respete lo suficiente para huir del ridículo. Alguien que en la medida que tenga aprecio por sí mismo valore el pundonor. Escribo esto pensando en el triste papel de un gobernante que termina, en la práctica, convertido en subordinado de uno de sus subordinados.
No existe el delito de fraude político (no confundir con el electoral), pero si lo hubiera tendríamos entre nuestros gobernadores a algunos perpetradores de ese ilícito: piden el voto para gobernar y a poco andar después de haberlo obtenido renuncian al compromiso que adquirieron y ceden los trastos a individuos por los que nadie voto, a los cuales ningún compromiso de campaña obliga.
Entre quienes cumplan la condición de respetarse a sí mismos no cabría esperar mandatarios que por no incomodarse toleran colaboradores ineptos o entregan sus cabezas ante la menor presión de una lideresa sindical. Hay ratos en que dan pena.
Alguien con suficiente sentido del decoro personal que se abstenga de dar razones para ser visto como títere de nadie; alguien con entereza suficiente para cumplir a cabalidad las partes duras de su responsabilidad, como por ejemplo meter a la cárcel a pillos comprobados y desprenderse de “colaboradores” inservibles convertidos en cargas muy pesadas.
Alguien, en resumen, interesado en pasar a la historia con notas de dignidad y reconocimiento. Alguien, también, que no padezca la mentalidad de albañil y crea que pegando muchos ladrillos ya la libró.
EL MAL MENOR
En lo que viene a ser algo así como un himno al mal menor, las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación del Congreso del Estado aprobaron el viernes un proyecto de dictamen para que los nueve magistrados y magistradas del Supremo Tribunal que están sometidos a proceso de evaluación, por haber concluido su primer período de seis años, sean todos(as) ratificados. Esto supone que permanecerán en su cargo nueve años más. La ultima palabra la tiene en Pleno que conocerá de este asunto la próxima semana.
Lo del “mal menor” viene al caso porque entre los enterados hay consenso en el sentido de que por lo menos dos o tres de esos magistrados(as) no han tenido un desempeño lo suficientemente satisfactorio como para merecer la ratificación. No obstante, se optó por concedérselas para no generar vacantes que con toda seguridad desatarían una lucha feroz entre las fracciones partidistas para apropiárselas.
La razón formal que en su momento se expondrá para justificar ésta no muy buena decisión para la calidad de nuestro aparato de impartición de justicia, es que en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado es muy difícil encontrar bases sólidas para negar una ratificación. Esto quiere decir que si el interesado recurre al juicio de amparo, lo más seguro es que gane y tenga que ser reinstalado con pago de salarios caídos. Esta normatividad fue formulada en la Secretaría General de Gobierno a cargo de Alfonso Castillo Machuca, en el sexenio de Marcelo de los Santos, y se diseño para que los magistrados designados en esa época no pudieran ser removidos con facilidad al cambio de administración.
Otro antecedente que facilitó la propuesta de ratificación generalizada, incluyendo a quienes no se la merecen, es que las dos vacantes forzosas que se producirán a mediados de octubre (la de Ricardo Sánchez Márquez por cumplir el máximo de 15 años y la de Martín Celso Zavala porque decidió jubilarse) de inmediato fueron peleadas como botín corsario entre las fracciones. Al final, se acordó que una será para Morena y otra para el PAN. Aunque en estos momentos no hay la plena seguridad de que tales compromisos vayan a cumplirse, habida cuenta de las pésimas relaciones que hay entre bancadas partidistas.
Extraoficialmente, uno de los legisladores más involucrados en esta temática nos confió que otro elemento de juicio para optar por el “mal menor” es la condición de abogado litigante con despacho abierto del presidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar, quien muere por tener magistrados incondicionales. “Son como oro molido para cualquier abogado postulante”.
Nada de que sentirnos orgullosos.
COMPRIMIDOS
El diputado local del Partido Acción Nacional de nombre Rolando “N” quedó ayer sujeto a proceso penal por disposición de un juez del Estado de México con sede en Tlalnepantla, acusado de los delitos de fraude y daño en los bienes. El juez concedió al Ministerio Público y a la defensa tres meses para que hagan acopio de las pruebas que a su interés convengan, al cabo de los cuales se llevará a cabo el juicio. Rolando “N” llevará el proceso en libertad, pero deberá acudir cada mes a firmar ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares del Edomex, con sede en Toluca.
No tengo el gusto de conocer a la licenciada Ada Amelia Andrade Contreras, pero no deja de convocarme a la solidaridad con ella que su poco comedida remoción de la Oficialía Mayor de Gobierno la haya dispuesto su viejo jefe y amigo Juan Manuel Carreras, para tener contenta a doña Bernardina. Podría decirse que en esa costumbre de evitarse problemas no hay amistad que valga.
Es verdad que Jorge Daniel Hernández Delgadillo es de los macabeos originales, pero tengo la impresión de que a diferencia de otros varios que en esa identidad tienen su único mérito para usufructuar buenos cargos en la actual administración, él fue llamado a la Oficialía Mayor en razón de su experiencia y carácter, para evitar que Nina se apropie íntegra y cabalmente de la dependencia.
Los informes de gobierno ya no son lo que eran. Y ahora con esto de las medidas sanitarias menos. Se acabaron aquellos tiempos en que había representante presidencial por todo lo alto, con mensajes cruzados de apoyo y solidaridad -sobre todo en la larga etapa del partido hegemónico-, giras triunfales y banquetes perrones. Lo que queda es poco.
Hasta el próximo jueves.