¿QUÉ SERÁ TÚ, QUÉ SERÁ?

Retomo un tema que quedó pendiente de la semana pasada. Dije entonces que había quienes veían en la hiperactividad y desmesuras del gobernador Ricardo Gallardo Cardona una estrategia de crecimiento político para tratar de figurar entre los candidatos a la presidencia de la República en el 2024, pero que tal posibilidad no existe. Me explico.

Gallardo es militante del Partido Verde Ecologista de México, que según diferentes encuestas serias, incluida una muy reciente de Consulta Mitofsky, en estas fechas cuenta a nivel nacional con un muy escaso 2 por ciento de intención de voto. En el 2018, el Verde contribuyó con un mísero 1.8 por ciento de la votación alcanzada por López Obrador. Es decir, una candidatura apoyada exclusivamente por el PVEM serían puras ganas de hacer el ridículo.

El Verde tuvo su primera participación electoral independiente en 1991 y perdió el registro por no alcanzar el porcentaje mínimo. Recuperó su derecho a participar en 1993. Un año después postuló a su fundador Jorge González Torres como candidato presidencial y consiguió poco menos del uno por ciento de los sufragios. A partir de entonces ese partido ha jugado siempre en alianza con otros.

En el 2000 se alió con el PAN y su candidato Vicente Fox; en 2006 anunció que tendría candidato propio en la persona de Bernardo de la Garza, quien a poco andar declinó y se formó alianza con el PRI y Roberto Madrazo; en 2012 repitió arreglo con el PRI y su abanderado Enrique Peña Nieto y en 2018 se entendió con Morena y López Obrador.

En resumen, salvo el frustrante ensayo del 94, puede decirse que el PVEM nunca ha jugado las elecciones presidenciales con candidato propio. ¿Por qué habría de hacerlo ahora? Sobre todo cuando su preferencia electoral individualizada anda en menos de la mitad del 5 por ciento que alguna vez tuvo.

Lo más probable es que para los comicios del 2024 el Verde repita alianza con Morena, partido que desde hace un año abrió su propio juego sucesorio -con las famosas Corcholatas de AMLO- en el que Gallardo Cardona no tiene como única participación la de apoyar prospectos, como ya se vio hace unas semanas con la visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López. 

Además, si bien Gallardo es todavía el único gobernador verde en funciones (Mara Lezama electa en Quintana Roo asume en septiembre próximo) y en consecuencia uno de sus militantes más distinguidos, no es ni con mucho quien decide las cuestiones más importantes en esa formación política. Para eso está el célebre Niño Verde, quien difícilmente querrá provocar las iras jupiterinas que estallan cotidianamente en Palacio Nacional.

Nos parece también inexistente la posibilidad de que en un arranque de locura RGC quiera correrse una aventura electoral en solitario, dada la fragilidad que presenta su condición judicial y la de algunos de sus más cercanos. Imposible imaginarlo diciéndole a don Adán Augusto, algo así como “sabe qué mi corcholata favorita, todo lo que le dije ahora que fue a San Luis era pura vacilada, la neta es que yo quiero pero para mí”. No creo que llamar de Bucareli a la Glorieta de Insurgentes tardara más de medio segundo. 

Cerrada (creo) la posibilidad de que Gallardo Cardona sea un candidato presidencial mínimamente creíble, algo de lo que, suponemos, él debe estar consciente, y descartada la posibilidad de que quiera abandonar la gubernatura para irse de candidato a senador o a diputado federal, a su activismo desatado, a sus derroches, a sus costosas ocurrencias, y a sus excesos entre populistas y populacheros, debe buscárseles explicación en otros terrenos.

(A lo mejor sí quiere dejar la gubernatura pero específicamente para postularse como candidato a presidente municipal de la Capital, cargo que es evidente lo seduce, le fascina y le acelera el ritmo cardiaco).

QUERRÁN PROVOCAR UN INFARTO

El conocido periodista Roberto Rock, columnista y subdirector general adjunto de El Universal, publicó el domingo pasado el texto que viene a continuación. Lo único que no fue escrito por él es lo que aparece entre paréntesis. Eso es nuestro.

(Inicia texto ajeno). Por instrucciones surgidas del despacho de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad de México, se han reactivado causas judiciales contra el primer círculo de colaboradores de su antecesor, Miguel Ángel Mancera, actual senador. Tres averiguaciones independientes, todas incendiarias, han comenzado a generar ya arrestos confirmados. 

Uno de los expedientes más consolidados se refiere a la burda red de espionaje político durante casi toda la gestión de Mancera (2012-2018), contra personajes locales y nacionales, entre los que destacan el actual presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su familia, en particular sus tres hijos mayores, así como la propia Claudia Sheinbaum. 

De acuerdo con las indagatorios consignadas ya en más de 2,000 páginas, por parte de la actual Fiscalía local que encabeza Ernestina Godoy Ramos, la operación funcionó desde inicios de 2013 hasta finales de 2018, y fue montada desde los primeros niveles de la Secretaría de Gobierno (a cargo de Héctor Serrano Cortés entre 2012 y 2015) y la Procuraduría General de Justicia, a cargo de funcionarios que reportaban directamente con la propia cabeza del gobierno capitalino. 

Un exintegrante de la Fiscalía, José Roberto Uribe Ruiz, y uno más, identificado solo como “Jesús Noé N”, han sido detenidos, y el primero de ellos es ya el primer acusado que se conozca en el país vinculado a proceso por cargos de espionaje político. De acuerdo con documentación rescatada, existieron al menos tres centros desde donde se practicaba la escucha de teléfonos, intercepción de mensajería telefónica y seguimiento de actividades de figuras públicas cercanas también a López Obrador, como Bertha Luján Uranga, hoy presidenta del Consejo Nacional de Morena; Martí Batres, hoy secretario de Gobierno capitalino; Ricardo Monreal, actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, así como Marcelo Ebrard, antecesor de Mancera y actual canciller. 

Otra averiguación judicial que exhibe avances concretos se refiere a un desvío millonario por la compra irregular de computadoras portátiles o “tablets”, gestionada desde la Secretaría de Movilidad. Se ha comprobado que la adquisición de miles de estos equipos, entre 2016 y 2017 (cuyo titular en ese lapso fue Héctor Serrano Cortés), se llevó a cabo con precios inflados y que los mismos resultaron inservibles para el propósito al que estaban destinados, entre ellos servicios policiales y de control de la movilidad en la propia metrópoli. 

Una tercera veta de estas investigaciones, reconocida por la fiscal Godoy, es que en las instalaciones destinadas al espionaje funcionaba igualmente una red de funcionarios con los que estaba implicada la consejería jurídica de la ciudad, que detectaba inmuebles abandonados o intestados para alterar documentos en el Registro Público de la Propiedad a fin de hacerse de ellos, apoyados por notarios venales. 

La investigación contra el espionaje telefónico fue inicialmente abierta a inicios de 2013, pero presumiblemente quedó detenida por negociaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados por el entonces coordinador de Morena, Mario Delgado —actual presidente del partido— para cooptar a un grupo de legisladores, varios de los cuales acumulaban imputaciones de irregularidades durante la administración de Mancera. Todo indica que esa cobertura en su favor se ha extinguido. (Hasta aquí el texto de Rock).

(Como es público, Héctor Serrano Cortés ocupa actualmente la dirigencia estatal del PT y es un cercano asociado político de Gallardo Cardona.  Ha dicho que no tiene ningún nexo oficial con el gobierno potosino, lo que quizá sea cierto. Lo que no se explica es por qué entonces utiliza el avión oficial para sus viajes personales).

COMPRIMIDOS

La Secretaría de Finanzas entregó al Congreso local informes financieros oficiales y públicos con corte al 30 de junio. Ahí se asienta claramente que el Pasivo Circulante (básicamente un acumulado de los distintos adeudos a corto plazo) es ahora 3 mil 440 millones de pesos más elevado que hace un año, al pasar de 5 mil 43 millones a 8 mil 483. Sorpresivamente, el gobernador Gallardo Cardona montó en cólera por la difusión de esa información -la hizo Pulso el lunes-. En otra de esas cada vez más frecuentes muestras de extravío mental, el mandatario se indignó con este diario sin reparar en el hecho de que la información, oficial y pública, reitero, fue expedida por un colaborador suyo.

No para ahí la cosa. En sus atropelladas declaraciones del mismo lunes, el mandatario potosino negó enfáticamente que existiera tal incremento, no obstante la existencia de los documentos oficiales que lo contradicen. Para sustentar su dicho, recurrió a un argumento que es algo así como la confirmación irrefutable de una cabeza poco informada, desordenada, desenfrenada y muy confusa. Dijo que cómo iba a aumentar el pasivo si se habían hecho ahorros por mil 500 millones de pesos. Podrá haber ahorrado no mil 500 sino 15 mil o 150 mil millones, pero mientras no le abonen a las distintas deudas, el pasivo crecerá y crecerá. Es como si alguien arguye que no puede tener hambre aunque tenga varios días sin comer porque su despensa está llena.

Una más, y la verdad es que ya hasta pena me da. Dijo el martes el señor gobernador que a las y los adolescentes que se escapen de su casa y provoquen búsquedas oficiales, cuando los encuentren los va a internar en el “Consejo Tutelar” para que dejen de hacer esas cosas. Le tengo una mala noticia: No puede. Mejor dicho sí puede pero no debe. Si lo hiciera, estaría cometiendo, entre otros, un delito tan grave como el secuestro. Por si fuera poco, tampoco puede, en este caso literalmente, porque el “Consejo Tutelar” de menores desapareció hace varios años y fue sustituido por una Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores. En la legislación vigente salirse de casa para irse a donde sea y por lo que sea no es delito. Detener a un jovencito o jovencita por esa razón sería una privación ilegal de la libertad. Antes de que piensen en reformas legales, otra mala noticia: la ley respectiva es nacional, o sea que no puede ser modificada por ningún estado.

Las condiciones de inseguridad no mejoran pero nuestro gobierno reincide en la falta de idoneidad de los funcionarios que pone en las dependencias vinculadas al tema. El flamante Director General de Prevención y Reinserción Social tiene formación como policía investigador. Hace unos años fue director de la Policía Ministerial y no lo hizo mal, y tampoco arrastra mala fama. Pero del nuevo encargo que le dieron hace un par de semanas no sabe nada de nada. Así ¿cómo?

Hasta el próximo jueves.