Rabieta en Palacio
La presentación de un amparo contra la anunciada remodelación del parque acuático "Splash" del parque Tangamanga generó esta semana el anuncio de la asociación civil Cambio de Ruta A. C. de presentar un amparo contra el proyecto. Y eso hizo perder la cabeza al Poder Ejecutivo.
Casi desde que inició el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, la organización liderada por el abogado Luis González Lozano se ha convertido en el "coco" legal de la administración.
Y es que son numerosos los casos en los que la justicia federal ha favorecido al organismo civil, especialmente en cuestiones ambientales, obligando a diversas autoridades a corregir evidentes fallas de origen en los proyectos, entre los que se incluyen obras y actos administrativos.
En el caso del "Splash", el mero anuncio de la presentación provocó una reacción tan airada como autoritaria.
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La misma corrió a cargo del secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, encargado de la dependencia que, según su misión, es la responsable de "conducir la política interna del Estado en un marco de paz y seguridad social, con un respeto absoluto a las garantías individuales de los Gobernados, privilegiando el estado de derecho y el respeto irrestricto a las instituciones públicas y privadas".
Toda esa declaración de principios fue echada por la borda cuando el funcionario acusó a Cambio de Ruta de ser una "organización opositora" y amagó con valorar la imposición de sanciones por ejercer el derecho a ampararse.
El secretario echó mano del monigote favorito del gobierno gallardista, la "herencia maldita", para etiquetar a la organización y reiteró la amenaza de intentar castigar la continua presentación de amparos.
Para ser abogado, Torres Sánchez incurre en varios despropósitos. Cuestionar la legalidad del amparo por el número de expedientes que una persona o una organización impugne acciones gubernamentales por considerar que vulneran derechos y garantías exhibe un profundo desconocimiento de la Ley.
Existen, desde luego, excepciones, pero no tienen que ver con la cantidad, sino con factores como la intención y la procedencia.
Un juez puede aplicar multas contra la presentación de amparos notoriamente improcedentes, cuando se presenten, de mala fe, documentos apócrifos, o haya una evidente frivolidad detrás del amparo, pretendiendo dilatar la aplicación de la justicia.
No ha sido el caso con la, sí, larga lista de amparos presentados por Cambio de Ruta. Y esto, lo comprueban los fallos judiciales contra los actos de la autoridad.
En 2022, con el amparo 132/2022, empezó la serie de amparos favorables contra decisiones de dependencias gallardistas. Detuvo la intención de construir a 40 metros del Área Natural Protegida de Joya Honda, en Soledad, la estatua monumental de Cristo, ante el daño ambiental que provocaría. El proyecto no ha avanzado desde entonces.
En junio de ese año, con el amparo 837/2022 salvó a más de 800 árboles del camellón de Himno Nacional, que la Seduvop pretendía talar sin presentar una justificación legal.
En enero de 2024, Cambio de Ruta objetó la construcción de la Arena Potosí por omisiones en los principios de eficiencia presupuestal, planeación y racionalidad de la obra insignia de este gobierno. Aunque inicialmente el Juzgado Cuarto lo desechó, un Tribunal Colegiado declaró fundada la queja de la asociación, ordenando su admisión para ser analizado de fondo.
En mayo de 2024, las fallas en el proceso legislativo de la municipalización de Pozos, entre ellos la ausencia de una consulta ciudadana, quedaron exhibidas con una serie de amparos que, si bien no detuvieron el acto, si provocaron su atraso. Algunos aspectos del expediente aún están en litigio.
En enero de 2025, la Seduvop volvió a ser derrotada cuando el Juzgado Sexto ordenó detener la remodelación de San Miguelito, iniciada de manera arbitraria y sin respetar la protección que la declaratoria de patrimonio Mundial de la UNESCO le daba al tradicional barrio.
La tala injustificada de vegetación en los márgenes del Río Santiago, sin el respaldo de una Manifestación de Impacto ambiental, le ganó a la Seeduvop otro revés en la ampliación del bulevar Río Santiago, la millonaria obra que beneficiará a uno de los ranchos del gobernador Ricardo Gallardo. Eso fue en abril de 2025.
Y de nuevo con la Seduvop como blanco, en junio de 2025, Cambio de Ruta logró detener las obras de remodelación del parque de Morales, al no cumplir la dependencia con normas ambientales y de transparencia.
En diciembre pasado, la organización logró su última victoria, con un amparo en el que un juez federal ordenó a autoridades estatales y municipales generar un plan de manejo para preservar el área natural protegida Camino a la Presa de San José, tras una década de omisiones.
A la lista se suman otros amparos relacionados con la omisión de designación de funcionarios en órganos de control urbano, con las deficiencias de la Segam en el manejo de la red de monitoreo ambiental.
Tras el recuento, es comprensible el enojo gubernamental con la organización. Pero en Palacio pierden de vista que no es Cambio de Ruta la que ha frenado los proyectos estatales, sino los jueces federales que han validado los argumentos de la organización sobre la inexistencia de omisiones, incumplimientos, abusos e irregularidades en los proyectos impugnados.
En lugar de la indignarse por los reveses, la autoridad estatal debería hacer algo que nunca ha realizado: un ejercicio de autocrítica para tomar conciencia de los yerros exhibidos para no repetirlos.
Pero el gallardismo ha mostrado ya demasiadas veces que es incapaz de hacerlo y por eso prefiere el autoritarismo.
Secretos en venta
El pasado viernes se encendieron las alertas en materia de ciberseguridad, al hacerse efectiva una amenaza del grupo de "hackers" Chronus Team de hacer públicos miles de archivos extraídos de entre 25 dependencias del gobierno federal, de algunos estados e incluso de un partido político, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El reconocido periodista especializado en el tema de los ciberataques a instituciones públicas y privadas Ignacio Gómez Villaseñor, había alertado semanas antes de que pesaba la amenaza del grupo de hacer públicas las filtraciones y, lo que es peor, poner a la venta los datos que supuestamente debían ser protegidos por las dependencias públicas.
No hubo, al parecer, ninguna reacción oficial y los ciberdelincuentes cumplieron la amenaza.
No es menor el golpe, datos fiscales de casi 30.7 millones de contribuyentes, ambrosía para los factureros y los defraudadores discales; expedientes médicos de millones de usuarios del IMSS y de dependencias de salud de estados como Chihuahua; los datos de mujeres que han denunciado abuso en Zacatecas y datos de proveedores de la Fiscalía tamaulipeca.
Hasta a Morena le tocó, pues le extrajeron la base de datos de su estructura política y su padrón de afiliados de todo el país. Unos 36 millones de personas resultarían afectados.
Lo más grave es que, a diferencia, por ejemplo, del escándalo de Guacamaya Leaks, la infiltración de los archivos militares de hace algunos años, el grupo no actuó por motivos ideológicos, sino que, de plano, está vendiendo la información al mejor postor, que en estos casos, suele ser coto de la delincuencia organizada.
No se sabe de dependencias potosinas afectadas en este último ataque, pero el caso puso en la mira una situación ocurrida en noviembre del año pasado, que casi pasó desapercibida aquí y de la que, por supuesto, la autoridad afectada no dijo una palabra.
El 24 de noviembre, en la cuenta de X del grupo @Chronusteam se anunció una fuga del sistema Declaranet, a cargo de la Contraloría General del Estado, que contenía las declaraciones patrimoniales, de situación fiscal y de conflicto de interés de 86 mil 237 funcionarios estatales y municipales obligados a cumplir ese requisito.
La base de datos en formato csv, anunciaba el grupo, contenía el nombre, la CURP, la homoclave y correos electrónicos de los funcionarios.
Pero el grupo no presumió, por ignorancia o porque se lo guardaron, lo más jugoso de la información: la situación real de las propiedades e ingresos de los funcionarios potosinos, uno de los secretos mejor guardados por el Estado.
Se supone que esos documentos son públicos y, de hecho, los funcionarios están obligados a transparentarlos. La propia CGE y el Sistema Estatal Anticorrupción las difunden en sus plataformas, pero hay un truco.
Con el pretexto de la inseguridad, los funcionarios tienen el beneficio de decidir si difunden abiertamente los datos, cosa que casi nadie hace, o si los ocultan haciendo uso de su derecho a la reserva. Casi todos los diputados ocultan así los datos que son sensibles.
Podría ser razonable el criterio de la inseguridad, pero esta ruta también podría facilitar el ocultamiento de fortunas incómodas
Ni la CGE ni el gobierno del estado han hecho referencia al asunto y lo más probable es que sigan en el silencio.
Es casi una regla que aún con la evidencia a la vista, las dependencias afectadas se empeñen en negar la ocurrencia de estas filtraciones. El IMSS y el gobierno federal están haciéndolo en estos días, al descubrirse los datos robados.
Aquí ya hay un antecedente. En julio pasado, la página de la Fiscalía General del Estado en la que se tramitaban las constancias de no antecedentes penales fue vulnerada. Unos 73 mil documentos fueron extraídos, según información del propio Gómez Villaseñor.
La FGE rechazó haber sido vulnerada y hasta reveló que, pese a ser un ente autónomo, la página la manejaba el Ejecutivo.
Hasta ahora, el trámite que antes se realizaba por vía web, cambió a raíz del "hackeo" y ahora se hace de manera directa por el interesado, vía correo electrónico.
Pero pese a los ocultamientos, quizá los funcionarios potosinos no estén tranquilos sabiendo que sus preciados datos están disponibles para quien quiera adquirirlos.
