Se ha vuelto costumbre que, luego de cada proceso comicial, se proceda a revisar el marco legal electoral. En la entidad potosina han concluido los foros para la reforma que busca corregir los entuertos que arroja cada experiencia comicial, con el propósito de lograr más y mejor participación ciudadana, así como una competencia equilibrada de las fuerzas y actores políticos para dotar de legitimidad los resultados obtenidos. En suma, contar con un instrumento normativo adecuado para procesar una representación política que responda a la confianza y expectativas del conjunto de la sociedad, lo que Robert A. Dahl señalara como “gobierno democrático”, esto es, “de continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos” (citado por Nicolás Loza Otero, “De la hegemonía a la poliarquía”, Suplemento “Política” de “El Nacional”, 30 de mayo de 1991).
Para distinguir esa aptitud entre regímenes políticos, Dahl introdujo el término “poliarquía” como opuesto a “hegemonía” y dibujó dos dimensiones de contraste: la del grado de participación ciudadana en un plano de mayor o menor igualdad en la discusión y control de la política gubernamental, por una parte; y la del grado de apertura al debate público y de lucha política de la oposición, por otra. Así, distinguió cuatro posibilidades que denominó: “hegemonía cerrada” (sin apertura al debate y a la participación), “oligarquía competitiva” (apertura al debate pero no a la participación), “hegemonía representativa” (apertura a la participación pero no al debate) y la “poliarquía” (amplia participación y debate). Sin considerar otras variables (económicas, culturales, etcétera), señaladas por Dahl para contextualizar el alcance del cambio, bien se podría plantear que el momento en el que se inscribe la reforma electoral potosina se asemeja al de una “oligarquía competitiva”.
Una oligarquía competitiva sería la expresión de una cierta apertura al debate pero limitando la participación. Eso es lo que ha ocurrido en el pasado inmediato, no sólo al momento de discutir el derrotero del ordenamiento electoral, sino, sobre todo, del actuar sistemático del cuerpo legislativo, en términos de “legislar” los diputados para ellos y no para la sociedad. En el primer caso, concretándose a “tomar nota” de las inquietudes de los ciudadanos que, de buena fe, acuden a los foros a los que son convocados, pero sin obtener compromisos serios de modificar la ley como no sea para beneficio personal o de facción partidista; en el segundo, generando un fuerte desencanto por la frivolidad con la que asumen la representación y los excesos que rebasan su función. Al final del día, la participación se ve mermada y baste recordar que la anterior legislatura llegó al extremo de congelar un proyecto de ley de participación ciudadana discutido en foros convocados por aquellos diputados. Con esos antecedentes, no sorprende que la ciudadanía termine percibiendo como inocua su opinión.
Sin embargo, la comisión legislativa para la reforma electoral potosina ha ofrecido procesar todas las propuestas de la ciudadanía, incluso las que plantean que no se hagan modificaciones en artículos concretos, como la que ya se ha referido en este espacio, en un tema relacionado con la propuesta de un diputado que pretende modificar el artículo 315 bis de la ley electoral (para permitir la reelección inmediata sin la restricción actual que señala que deberá hacerse por la misma vía -de mayoría o plurinominal- por la que fueron postulados, y no por la que opten o hasta por ambas como es la intención), planteando que se quede como está la redacción, toda vez que si realmente se busca permanecer en la curul con plena legitimidad, los de mayoría deben volver a su distrito y convencer que, en verdad, merecen la confianza de la población.