Reforma electoral

La propuesta de reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum se presenta como una respuesta al hartazgo ciudadano con el alto costo de la política, pero también reabre grandes temores sobre la concentración del poder. Por lo que, su viabilidad democrática dependerá de que logre abaratar el sistema sin debilitar la representación de las minorías ni la autonomía del árbitro electoral. El borrador trabajado entre la Presidencia, Morena y sus aliados parte de dos supuestos centrales: reducir el financiamiento público a partidos y recortar el número de legisladores, sobre todo plurinominales. También se discuten ajustes sobre la posible desaparición o fuerte acotamiento a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y cambios en el diseño del INE, aunque se ha prometido preservar su autonomía. 

El principal argumento es que una democracia menos costosa será también más cercana a la ciudadanía. Foros y encuestas coordinados por la Comisión Presidencial muestran un enorme descontento con el gasto en partidos y campañas, así como con el tamaño del Congreso. La idea de "ajustar" al sistema electoral conecta con una sensibilidad social que percibe privilegios en la clase política. Organismos internacionales reconocen que la austeridad puede ser un objetivo legítimo, siempre que no afecte el ejercicio del voto ni la equidad en la contienda. Además, el INE mismo ha propuesto modernizaciones, como voto electrónico gradual, mayor fiscalización tecnológica y mejor coordinación de calendarios, que podrían hacer más eficiente la organización de elecciones. 

Sin embargo, el argumento de conectar ahorro con mejor democracia es débil si no se atienden tres pendientes centrales: 1) Aunque Sheinbaum ha moderado el discurso y ya no habla de eliminar por completo los plurinominales, sigue abierta la idea de reducirlos drásticamente. El problema es cómo hacerlo sin provocar sobrerrepresentación. 2) La comisión presidencial sugiere que la reforma entre en vigor para el proceso 20262027, pero cambiar reglas y estructuras justo antes de la elección más compleja de la historia incrementa el riesgo de errores logísticos y conflictos poselectorales. 3) El debate sobre mantener o no a los OPLEs, así como sobre eventuales cambios en el INE, debe partir del supuesto de reforzar su autonomía y el servicio profesional electoral, no sustituirlos por órganos capturables por mayorías políticas.

Los contraargumentos provienen de la oposición, de organizaciones civiles y de estándares internacionales. Quienes plantean que la próxima reforma electoral mexicana debe partir del principio de no regresividad: ningún cambio debe disminuir el nivel de protección ya alcanzado para el derecho al voto, la pluralidad o la autonomía de las autoridades electorales. Desde esta perspectiva, varios elementos del borrador se ven como posibles retrocesos. La reducción severa de plurinominales y la disminución de recursos a partidos pequeños podrían acotar la participación de minorías y fortalecer la hegemonía de Morena y sus aliados. Además. la concentración de funciones si se desaparecen los OPLEs, aumentaría el riesgo de "colapso técnico" en el INE, obligado a organizar todas las elecciones con menos personal y presupuesto.

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La estructura de poder se apoya en tres pilares: 1) Congreso con diputados y senadores de mayoría relativa y de representación proporcional; 2) sistema de partidos donde las fuerzas grandes dependen de distritos de mayoría y las pequeñas sobreviven de las plurinominales y financiamiento público; 3) árbitro electoral dividido entre el INE y los organismos públicos locales. La propuesta no solo debilita la democracia, sino que: 1) fortalece a la mayoría en el Congreso a costa de la pluralidad; 2) centraliza la autoridad electoral y reduce contrapesos locales. 3) Debilita a partidos pequeños y consolida la ventaja del partido del gobierno frente a la oposición. De no introducir reglas contra la sobrerrepresentación, captura del árbitro y eliminación de minorías, el resultado será un poder más concentrado y menos competencia real.

En conclusión: la propuesta de reforma electoral contiene un avance innegable, reconocer que el sistema es costoso y que la ciudadanía exige instituciones más austeras. Pero mantiene abiertos pendientes críticos sobre representación proporcional, calendario de entrada en vigor y rediseño institucional, y abre la puerta a retrocesos si el recorte de plurinominales, de recursos y de órganos locales se impone sin controles eficientes. La posición defendida puede sintetizarse así: México necesita una reforma electoral, pero no cualquier reforma. El verdadero avance consistirá en combinar el ahorro con tres garantías mínimas: preservar la pluralidad legislativa, blindar la autonomía y capacidad técnica del INE y los OPLEs, y respetar el principio de no regresividad en los derechos políticoelectorales.  

@jszslp