Frente a la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas las cosas no pintan bien y apuntan a peor. En el oficio periodístico nunca es aconsejable el alarmismo, pero hay ocasiones en que no serlo puede resultar irresponsable. Creo que ésta es una de ellas.
Cuatro meses después de descubierto el nuevo virus en China, los científicos de todo el mundo no han encontrado ni una vacuna que evite la enfermedad ni un medicamento que la cure. El remedio más eficaz de que se dispone hasta hoy -el distanciamiento o aislamiento social, el “Quédate en Casa”- lo que consigue en el mejor de los casos es reducir el número de contagios y con ello el número de quienes se enferman, lo que a su vez significa menor demanda de servicios médico/hospitalarios y menos muertes.
Desde un enfoque simplificado que facilita su comprensión: dado que no hay manera de evitar el mal, lo que se intenta en todos lados es “aplanar la curva” de contagios. Esto es, que el inevitable gran número de infectados no se acumulen en un corto plazo (días o semanas) sino que se distribuyan a lo largo de meses. Si ocurre lo primero, no hay sistema de salud en el mundo con capacidad para hacerle frente. Ya lo vimos en el norte de Italia, donde no obstante tener un servicio sanitario robusto -mucho más que el nuestro- se vivieron escenas dantescas y se tuvieron que tomar medidas tremendas sobre a quién dejar morir y a quién no. En la segunda opción, no se resuelve el problema pero se vuelve manejable.
Aquí, en el estado y particularmente en la zona metropolitana de la capital, las posibilidades de aplanar la curva se ven hoy menos factibles que hace dos o tres semanas. Las autoridades no han querido decirlo así, abiertamente, pero llevan varios días insinuándolo, dándolo a entender, y mostrándose ya no preocupadas sino angustiadas.
Y seguimos sin ninguna otra alternativa medianamente eficaz que no sea el “Quédate en Casa”. El porcentaje de potosinos que están atendiendo al llamado ha resultado menor de lo esperado. Por ello, no es gratuito que apenas el martes pasado el gobernador Juan Manuel Carreras haya aceptado en declaraciones públicas la posibilidad de tener que llegar a la aplicación de medidas más drásticas para contener las tasas de contagio. Concretamente, al toque de queda. Es decir, la prohibición expresa de salir de casa sin causa justificada y la aplicación de sanciones a quien viole la disposición.
Apenas ayer, en el contexto del evento para anunciar las acciones de reconversión hospitalaria, el mandatario potosino reiteró que “San Luis Potosí se encuentra ante una crisis inédita e histórica”, y añadió que “aún faltan las semanas más difíciles”. No está exagerando.
A mediados de marzo, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell dio a conocer unas cifras estimadas sobre las dimensiones que podría alcanzar la pandemia del coronavirus en nuestro país (a la fecha no ha ofrecido otras). En síntesis: 90 millones de mexicanos serían contagiados, de los cuales solamente 250 mil desarrollarían la enfermedad. De estos, serían 175 mil los que busquen atención médica, pero 140 mil solamente requerirían tratamiento ambulatorio (en sus casas). Los 35 mil restantes sí necesitarían ser internados en alguna institución hospitalaria, y de entre ellos unos 10 mil 550 demandarán cuidados intensivos.
Obtenidas las proporciones que corresponden a San Luis por su población, encontramos que los contagiados podrían sumar casi 2 millones, pero desarrollarían la enfermedad únicamente entre seis y siete mil. La mayoría serían atendidos en casa y si acaso mil requerirían de hospitalización. De estos, no más de 300 enfrentarían riesgo de muerte y son los que reclamarían cuidados intensivos.
Súbitamente, el pasado fin de semana el doctor Miguel Ángel Lutzow, de la Secretaría de Salud estatal, declaró que existía la posibilidad de que fueran 30 mil los potosinos (no mil como en el cálculo anterior) los que pudieran necesitar atención médica. Sería el infierno en la tierra.
Ante nuestra solicitud de mayor precisión al respecto, ayer a temprana hora recibimos el siguiente texto, de parte del Dr. Lutzow: “Es una proyección de personas que tendrían contacto con el virus durante tres o cuatro meses, en un escenario grave, para preparar el sistema de salud. Muchos no van a desarrollar la enfermedad. Un porcentaje (70%), tendrá la enfermedad y van a acudir a las unidades médicas; de este grupo alrededor del 80% presentaran cuadros leves; otro porcentaje menor (presentarán) cuadros graves y otro grupo menor tendrá que ser atendidos en unidades de terapia intensiva, mientras que otro grupo menor podría fallecer. Se calcula que alrededor del 5% podría requerir terapia intensiva”.
Para no saturar de números a nuestros lectores, un par de datos extraídos del párrafo anterior: Necesitarían de terapia intensiva unos mil 500 potosinos (no mil como en el estimado previo, derivado de las cifras nacionales) y si las proporciones se mantienen, serían 500 y no 300 los posibles muertos. Camas de cuidados intensivos no tenemos ni 200 en todo el Estado. Con los arreglos urgentes que están en curso podrían llegar a 300. Así, todo dependerá de que los enfermos no se aglomeren en unas pocas semanas, porque vamos a ver cosas iguales o peores que en Lombardía.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
¿Qué explica la creciente angustia oficial frente a lo que se ve venir? En pocas palabras, que los potosinos que se están quedando en su casa o han reducido su movilidad son muchos menos de los que se necesita que lo hagan; son también menos de los que se esperaba. Si hay cifras a este respecto, no se han dado a conocer, pero el hecho de fondo es irrebatible.
Frente a mi argumento de que desde hace un par de semanas progresivamente se ha notado el vaciamiento de personas en calles y avenida, plazas comerciales y espacios públicos, la respuesta de alguien del área de salud que conoce bien el tema fue contundente: “esto está ocurriendo en ciertas partes de la ciudad, sobre todo las habitadas por las clases media, media-alta y alta, pero no en las zonas populares y periféricas que tienen una población muy superior”.
Aquí, para no ser injustos ni dar pie a una idea equívoca, hay que precisar que el hecho de que en las zonas populosas sea relativamente poca la gente que se queda en su casa no responde a actitudes de irresponsabilidad. Hay una mezcla de factores que dificultan esa forma de distanciamiento social.
Por principio de cuentas, la cuestión económica: abundan las familias que viven al día, la mayoría de ellas en la informalidad. Son esas que si su jefe o jefa o ambos no salen trabajar sencillamente no tienen para comer al día siguiente. Es un muy amplio sector que carece de ahorros. Los apoyos que vienen repartiendo los gobiernos federal, estatal o municipal, despensas incluidas, llegan a una fracción pequeña de quienes los necesitan.
Luego también, y no es un dato menor, está la cuestión del hacinamiento, del poco espacio disponible en las viviendas de esos densamente poblados fraccionamientos. Me lo hizo notar un amigo observador y lúcido. Estamos hablando de departamentos que a duras penas rebasan los 60 metros cuadrados de construcción y de las casas de interés social que desde hace años no llegan a los 90 metros. Son espacios reducidos que habitan en promedio 5 o 6 personas. Estar todo el día juntos, amontonados más bien, en recámaras y salas minúsculas, disputándose el control remoto del único televisor disponible, entre gritos, llantos y brincos infantiles, puede ser algo insoportable para muchas personas.
Influye también en el comportamiento de quienes se niegan a quedarse en casa, aún si pudieran hacerlo, una forma arraigada de religiosidad. Son los no pocos hombres y mujeres que se persignan, se encomiendan al Altísimo y a la calle, necesiten salir o no. Últimamente, se ha puesto de moda conseguirse unas estampitas religiosas conocidas como “Detente”, para mayor blindaje.
El imperativo sigue y seguirá siendo el mismo: “Quédate en Casa”. O sí de plano no puedes, sal a la calle lo menos posible.
COMPRIMIDOS
En esta crisis el gobernador Juan Manuel Carreras mostró buenos reflejos. Reaccionó rápido y bien. Además de que desde el principio ha traído en friega a su equipo de salud, el sábado antepasado, una semana antes que el presidente López Obrador rindiera su informe, anunció una serie de medidas de apoyo a la economía social de los potosinos, que comprometen 3 mil 200 millones de pesos. Para los alcances financieros del gobierno estatal es un esfuerzo significativo.
Y como el estado no tiene fábrica de dinero ni árboles que den billetes, antenoche comenzaron a circular dos borradores de documentos preparados por la administración carrerista, que seguramente pronto se pondrán en vigor. Se trata de acuerdos para apretarle duro el cinturón al gobierno, conteniendo aumentos salariales, reduciendo compras, viáticos y combustibles; suprimiendo gastos no indispensables, etcétera, etcétera. Yo quiero suponer que meterán al aro también a diputados y magistrados.
De todo lo que se ha escrito y dicho sobre el informe/mensaje de AMLO el domingo pasado, me quedo con una cuestión: cada vez miente, dice medias verdades o sostiene afirmaciones no verificables con mayor tranquilidad. Por ejemplo, eso de dos millones de nuevos empleos en solo nueve meses, simple y sencillamente es imposible. El record histórico, en 2017, sin crisis y con el PIB creciendo al 2 por ciento, fue de 800 mil.
Las crisis sanitaria y económica en curso van a tener efectos político/electorales de gran calado. Pero en tanto no se hagan realidad sus dimensiones, manejo, consecuencias y responsabilidades, es imposible prever en qué sentido. Lo inevitable es que habrá quienes sufran pérdidas y quienes obtengan ganancias. Todo lo que al respecto se anticipe, no pasarán de ser especulaciones, adivinanzas o ensoñaciones.
Si hay en esta ciudad alguien que crea que en cualquier punto de la avenida Carranza sobran lugares de estacionamiento, o llegó hace una hora a la ciudad o debe ir al médico. Superada la urgencia sanitaria y todavía con angustia por las secuelas económicas, se van a presentar amparos de gente perjudicada, muy en especial comerciantes (pequeños en su inmensa mayoría) instalados en esa arteria. Además, nos dicen en el Ayuntamiento que no obstante las repercusiones de semejante medida, fue una decisión autoritaria del Alcalde, que no consultó y ni siquiera comentó con su Cabildo. Supongo que tampoco lo hizo con los afectados.
Hasta el próximo jueves.