De vez en cuando, alguna de nuestras columnas motiva interacción con unos cuantos de nuestros lectores. Casi siempre el intercambio de mensajes, correos o llamadas se centra en comentarios al contenido, acuerdos, desacuerdos, precisiones o aclaraciones. Muy rara vez, en cambio, sucede que uno de nuestros textos dé origen a peticiones de más información, explicaciones más detalladas y hasta orientación sobre qué hacer.
Esto último ocurrió respecto de nuestra columna de hace una semana, en la que nos referimos a tres iniciativas de reformas a la Ley Electoral del Estado que recién han comenzado a procesarse en el Congreso y que deberán estar aprobadas o rechazadas a más tardar en los primeros días de junio próximo. Tales propuestas se refieren a que, una, se supriman las Alianzas Partidarias; dos, que para conservar el registro estatal y tener acceso al reparto de diputaciones de representación proporcional (plurinominales) se exija mínimo el 3.7 por ciento de la votación válida emitida, en lugar del 3.0 por ciento que se requiere actualmente y, por último, reducir el número de pluris y aumentar el de mayoría relativa.
Las comunicaciones que más llamaron la atención de su Servidor, incluida la de un joven empresario que se menciona como prospecto de candidato a gobernador, fueron las que planteaban la pregunta “¿Qué se puede hacer para que esas reformas se aprueben?”. De botepronto les contesté que lo platicaran con los diputados que conozcan. Ya con más calma, creo que también podrían hacerlo con integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, e incluso con los dirigentes partidistas que tengan a su alcance.
Lo del Ceepac tiene su razón de ser: la propuesta más amplia de reformas (unas 200 a 140 artículos de los 486 que tiene la Ley Electoral del Estado) presentada hasta ahora en el Congreso es justamente la suya, que además de sus propias experiencias y conocimiento jurídico recoge ideas de sus consejeros, representantes partidarios y juristas especializados. Con fecha 19 de octubre el órgano electoral presentó en 197 páginas su conjunto de observaciones y propuestas de modificación, advirtiendo que se trataba de “un primer avance”, lo que indica que no ha concluido su importante participación en este tema.
En manos de la Comisión Especial para la Reforma Político Electoral, se encuentra además del documento del Ceepac otra treintena de iniciativas, la mayoría suscritas por diputados locales de manera individual o colectiva. Hay dos o tres de particulares. Se supone que las propuestas partidistas están en proceso de elaboración, pero no deben tardar mucho en llegar.
Es decir, todos aquellos ciudadanos interesados en este tema de legislación electoral, están en tiempo de hacerse oir a través de los señores diputados que conozcan, del Ceepac y/o de las dirigencias partidistas.
Para lo que sea útil: la Comisión Especial del Congreso formada para atender la reforma electoral la integran Edson de Jesús Quintanar (Morena) como presidente; Sonia Mendoza Díaz (PAN), como vicepresidenta; Martín Juárez Córdova (PRI) como secretario, y como vocales Paola Arreola Nieto (PT), Martha Barajas García (Panal), María Isabel González Tovar (PRD), Cándido Ochoa Rojas (¿PVEM?), Óscar Vera Fábregat (PCP), Eugenio Guadalupe Govea (MC) y Mario Lárraga Delgado (PES).
Visto el interés despertado por esta temática en general, consideramos oportuno comentar que en relación a la supresión de las Alianzas Partidarias, figura que da vida artificial a partidos que no tienen la suficiente aceptación de los electores para sobrevivir por sí mismos, existe una iniciativa en ese sentido presentada en abril pasado por la diputada Beatriz Eugenia Benavente. En el mismo sentido se pronuncia el Ceepac en su documento de octubre.
En cuanto al incremento del porcentaje de votos necesario para mantener registro y acceder al reparto de diputados locales, del 3.0 al 3.7 por ciento, se encuentra en el avance enviado por el Ceepac, que se hace eco de diversos planteamientos. Al respecto, a reserva de volver sobre este punto en otra ocasión, hay una iniciativa más, cuya autoría no tenemos identificada en este momento, que propone que para conservar el registro se mantenga el 3.0 por ciento, pero que para tener derecho a una curul plurinominal se exija el 8.33 por ciento de los votos válidos. ¿De donde sale esa cifra? Es lo que representa cada diputación de representación proporcional respecto de su total de doce. Una variación sustantiva respecto del total de 27 legisladores por ambos principios. Dudo que prospere por su drasticidad.
En cuanto a reconfigurar la integración del Pleno del Congreso, ya mencionamos que hay una iniciativa (del diputado panista Ricardo Villarreal Loo) para reducir a nueve el número de diputaciones plurinominales y elevar a 18 las de mayoría relativa, la que en todo caso tendría que ser corregida para eliminar el riesgo de que un solo partido pueda tener en sus manos la mayoría calificada, que es precisamente de 18. La solución podría ser dejar 10 pluris y 17 de mayoría.
Sobre este asunto en particular, hay una propuesta mucho más radical, pero nada descartable, de los diputados morenistas Marité Hernández Correa y Edson de Jesús, quienes simple y llanamente proponen desaparecer tres diputaciones plurinominales y que el Congreso potosino pase a tener 24 en lugar de 27 integrantes. ¿Argumentos? Que con su actual composición de 12 y 15, nuestro órgano legislativo tiene un 44 por ciento de representación proporcional (12 de 27) lo que lo ubica por encima de la media nacional que es del 40 por ciento (como la Cámara de Diputados, donde son 200 de 500). Al dejar aquí nueve de 24, la proporción sería del 37.5 por ciento, más cercana a los parámetros nacionales. Es desde luego una buena idea, pero dudo que los partidos acepten dejar ir tres curules de las cómodas. La reforma respectiva requiere mayoría calificada y se necesita que como mínimo se pongan de acuerdo las 3 fracciones mayoritarias (Morena, PAN, PRI). Sin duda esta será una de las propuestas más populares.
Finalmente (por hoy), el singular diputado El Mijis, a veces conocido como Pedro César Carrizales Becerra, hace una planteamiento interesante que reduciría a menos de la mitad el financiamiento público estatal a los partidos políticos. Dado que en el Congreso de la Unión está en proceso una iniciativa para hacer lo mismo a nivel nacional con el financiamiento federal, quizá convenga esperar a ver qué se decide allá y acompasar la legislación local.
COMPRIMIDOS
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que “la mejor política exterior es una buena política interior”, de donde se sigue que “la peor política exterior es una mala política interior”. Los hechos han venido a darle la razón. En materia de violencia criminal y la inseguridad que trae aparejada, la ineficaz, ingenua y hasta contraproducente estrategia de “abrazos, no balazos” ha traido como consecuencia la amenaza creíble de Donald Trump de declarar a los cárteles mexicanos de la droga “organizaciones terroristas extranjeras”, lo que, entre otras cosas, abre el camino para intervenciones militares del país vecino en territorio nacional.
Si la amenaza se cumple, y no hay que olvidar que Trump ha ido cumpliendo la mayoría de las que formula, que solo cancela si cumple sus objetivos, estaríamos ante un escenario peligrosísimo y de alcances insospechados. Sin ir al extremo de operaciones armadas, la categorización de OTE faculta al gobierno norteamericano a proceder punitivamente no solo contra los cárteles sino contra quienes los apoyen, protejan o encubran, lo cual abre un abanico donde lo mismo caben policías, fiscales y jueces que empresarios, banqueros, funcionarios públicos de cualquier nivel y particulares.
Por cierto, no hay todavía manera de saberlo a ciencia cierta, pero no sería nada extraño que esta oleada de violencia asesina que nos azota a los potosinos desde hace algunas semanas, con ejecuciones y narcomantas en número y frecuencia nunca antes vistas, sea producto justamente de esa estrategia federal de no confrontar a los grupos del crimen organizado -salvo cuando no queda de otra-. No se aprecian despliegues militares o de la Guardia Nacional (que prácticamente son lo mismo) para enfrentar esos niveles de sangre en las calles. De nuestra Secretaría de Seguridad Pública no puede esperarse gran cosa. Y ante la falta de prevención y contención, toda la carga le cae a la Policía de Investigación (creo que así se llama ahora), cuando ya los crímenes se cometieron.
Sin mucho hacer ruido, no sé si por estrategia o por deficiente comunicación social, el Comité Directivo Estatal del PRI recién concluyó la renovación de los Consejos Políticos Municipales en todo el estado, habiendo conseguido que en 56 casos se resolvieran con planillas de unidad. Actualmente está inmerso en la renovación de los Comités Directivos Municipales, tarea que planea tener concluida a más tardar antes de Navidad. Además, en los meses recientes la directiva estatal ha estado en 27 municipios para celebrar encuentros con la militancia. Creo que un claro desafío para Elías Pesina y compañía es abanicarse la impresión de que el tricolor en San Luis está entre dormido y moribundo.
Encuestas recientes, de las serias, confirman a nivel nacional que entre los índices de aprobación popular de que disfruta AMLO, que siguen siendo altos, y la intención de voto a favor de Morena, hay una diferencia abismal: de más de 30 puntos. Según el agregador de encuestas Oráculos, la semana pasada López Obrador traía una aprobación del 68 por ciento, en tanto que según El Universal, a la pregunta “Si hoy fueran las elecciones para presidente de México, ¿por cual partido votaría usted?”, unicamente un 36.3 por ciento respondió que lo haría por Morena. Lo que deja claro este último sondeo es que actualmente el partido en el poder se beneficia sobre todo de la falta de competencia. La misma pregunta fue respondida con un 7.2 por ciento para el PAN; un 6.7 para el PRI y un 2.3 para el PRD. Se la ponen fácil.
Es muy difícil para la razón entender que una manifestación contra la violencia de género tenga como expresión más destacada justamente violencia de género. Es verdad, las violentas que causaron destrozos en diferentes ciudades el lunes pasado son minoría en relación con quienes se manifestaron pacíficamente. Justamente por eso el vandalismo de las primeras perjudica grandemente a las segundas, cuyas justas reivindicaciones se pierden en el estruendo.
Hasta el próximo jueves.