SEAMOS OPTIMISTAS
Al final del día, y del año, hay que ser optimistas, sobre todo porque los escenarios que dibuja el pesimismo son terribles. El peor de ellos es que en tres semanas más, justo cuando celebre el centenario de su autonomía, nuestra Universidad encare una crisis económica de proporciones tales que, in extremis, podrían conducir a la suspensión de sus labores. No hay manera de imaginar que si tal cosa ocurre, la comunidad universitaria en particular y la ciudadanía en general se queden impávidos.
La visión optimista es que antes de que la crisis escale, la sensatez regrese a Palacio de Gobierno y sus inquilinos principales entiendan, o alguien les haga entender, que no pueden hostigar, presionar, difamar, amenazar y, mucho menos, dañar a la institución de educación superior más grande y antigua que tiene la entidad, por supuestas razones que en realidad son sinrazones, hijas de una vanidad herida porque la UASLP tuvo la temeridad de contratar personal sin antes irles a pedir el visto bueno.
Tengo la sensación de que la liga podrá estirarse todavía un poco más pero que no llegará a reventarse, sea que por iniciativa propia o por inducción los ocupantes de Palacio entiendan que el conflicto entraña muchos más riesgos de pérdidas que de ganancias. También para las autoridades universitarias hay peligros, como el de que el desencuentro se desbarranque y se le vaya de las manos.
En el terreno puramente financiero, contrario a lo que aquí mismo comentamos hace una semana, el gobierno del Estado no ha pagado un adeudo de más de 150 millones de pesos a la Universidad. Según lo ha enfatizado el propio gobernador Gallardo Cardona, no es dinero de las aportaciones federales que llegan a través de la Secretaría de Finanzas sino de las aportaciones estatales no pagadas a lo largo del año.
En una primera aproximación, muchos pueden pensar que si no paga esa suma, seguramente mayor al día de hoy, es dinero que podrá gastar en cualquier otra cosa. La realidad es diferente: El pago de esas aportaciones del Estado están comprometidas en un convenio con la Secretaría de Educación Pública federal a través de su Subsecretaría de Educación Superior, y está previsto que si el gobierno estatal no cumple, el importe no pagado le será descontado al doble de sus participaciones federales del año entrante (un tanto para cubrir la deuda y otro tanto como sanción). Es decir, beneficio económico para la administración gallardista no hay, al contrario, se produciría un perjuicio en sus finanzas.
Por cuanto hace a los escenarios del pesimismo, baste con enunciar uno: Si a principios del año próximo el gobierno gallardista decide no suscribir el convenio similar que estaría vigente en 2023, la SEP queda en posibilidad de igualmente retirarse de la mesa y sencillamente negarse a hacer su contribución, que representa entre el 85 y 90 por ciento de los recursos públicos entregados a la UASLP: algo así como 2 mil 500 millones de pesos.
Si ese fuera el indeseable y catastrófico caso, nuestra Universidad no tendría más remedio que cerrar sus puertas, pues su tercera fuente de financiamiento -los llamados ingresos propios- alcanzarían si acaso para pagar la luz, los teléfonos y algo más.
Apenas si es necesario hacer referencia a las implicaciones sociales y políticas del cierre de una institución pública que otorga educación superior de buena calidad y muy bajo costo a 35 mil alumnos en las cuatro regiones del estado, y que es fuente de trabajo de casi cinco mil académicos y empleados administrativos.
Algo que en Palacio deberían tener claro y prestarle la atención suficiente es que el Rector no se manda solo. Encima suyo tiene un Consejo Directivo compuesto por 60 integrantes, entre los que están los directores y representantes de maestros y alumnos de 18 unidades académicas. En condiciones normales es un cuerpo muy aquiescente con el rector, pero nos aproximamos a condiciones anormales. Existe también una Junta Suprema de Gobierno, de cinco miembros, que sólo actúa en circunstancias extraordinarias como las que podrían presentarse.
Por último, un viejo y distinguido universitario nos decía hace poco que en la institución se tiene consciencia de que es una línea muy sutil la que separa la prudencia de la claudicación.
(Escribimos estas líneas cuando está por iniciar la sesión del Congreso del Estado durante la cual se aprobará, entre otras cosas, el presupuesto de egresos, que hasta donde se pudo saber anoche, no contempla ningún cambio en las cifras de la iniciativa original enviada por el Ejecutivo, incluido lo referente al subsidio universitario).
¿RENUNCIA O DESTITUCIÓN?
No es la primera ni será la última vez que lo diga: con lamentable frecuencia es prácticamente imposible entender lo que dice, sobre todo lo que argumenta, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona; es casi imposible seguir su lógica.
Hace poco más de un mes explotó de indignación porque el todavía director del Interapas, Enrique Torres López, exhibiendo que tiene caca en la cabeza y que es un traidor de los intereses populares (Gallardo dixit), se atrevió a proponer a la Junta de Gobierno del organismo que solicitara al Congreso un aumento del 24.9 por ciento a las tarifas de agua potable.
De hecho, ya en ese momento Gallardo exigió la destitución de Torres López al alcalde y presidente de la Junta Enrique Galindo. Todo indica que mañana, en sesión de ese cuerpo directivo, “se aceptará la renuncia” del defenestrado funcionario.
Galindo logró patear el bote cinco semanas, pero cuando la impaciencia comenzó a consumir a Gallardo, éste movió fichas para que la Auditoría Superior del Estado dijera haber encontrado anomalías en la designación, hace 14 meses, de ETL y amenazara con quién sabe cuántas cosas. Entiendo que la presión se volvió insoportable y se decidió que, como mal menor, hoy ruede la cabeza del sentenciado.
A lo que me refiero sobre las dificultades, en este caso como en otros varios, para entender las líneas de razonamiento del mandatario, es a lo siguiente: El “gran pecado” de Torres López fue proponer un aumento, ciertamente elevado, a las tarifas, pero ni siquiera al Congreso, en donde se toma la decisión final en ese tipo de cuestiones, sino en la Junta de Gobierno. Es decir, el ya casi removido funcionario le propuso a la Junta que a su vez le propusiera a la legislatura el citado incremento.
La votación sobre este asunto se empató cinco votos a favor y cinco en contra. El empate se resolvió a favor del primer bloque porque incluía el voto de calidad del presidente de la Junta, que por ese día lo fue el Secretario General del Ayuntamiento, Fernando Chávez, en virtud de la (¿zorruna?) ausencia de Enrique Galindo.
Así, lo que los hechos demuestran es que la intención -técnica y financieramente sustentada pero muy impolítica- de Torres López no hubiera pasado del primer escalón de la Junta de Gobierno si no hubiera contado con cinco sufragios a favor.
¿Por qué Gallardo Cardona nunca descalificó, denostó o amenazó a esos cinco integrantes de la JG? Misterio sin resolver. De haber sido el caso, lo de cabezas llenas de caca y traidores a los intereses populares hubiera alcanzado también a Fernando Chávez, a la regidora capitalina María de los Ángeles Hermosillo Casas, y a tres representantes del Consejo Consultivo: Juan Servando Branca Gutiérrez, de los usuarios comerciales; Pedro Martínez Abaroa, de los usuarios industriales, y Francisco Miguel Correa Viramontes, de los usuarios domésticos.
¿Por qué a ellos no los alcanzó la furia jupiterina de RGC? Sólo él lo sabe. Tengo para mí una teoría: ni siquiera se enteró de que la propuesta de incremento tarifario era un asunto de responsabilidades compartidas.
Entiendo que hoy sesiona la Junta de Gobierno para tramitar la renuncia de Torres López. Ojalá y efectivamente se trate de una renuncia, porque si la vía es su destitución, va a ser un acto de locura si Galindo (o Chávez si lo vuelve a mandar en su representación), María de los Ángeles, Branca Gutiérres, Martínez Abaroa y Correa Viramontes votan a favor para castigarlo por un hecho que ellos aprobaron y convalidaron.
Finalmente, a propósito de los señalamientos de la Auditoría Superior del Estado, en el sentido de que Torres López debe regresar los sueldos percibidos porque no cumplió los requisitos de ley para su nombramiento hace 14 meses, ese pleito lo gana con una mano en la cintura. ¿Por qué lo digo? Por dos razones: él no se autodesignó, es decir, él no se puso en la Dirección General del Interapas por sus pistolas. Lo puso, ¡otra vez! la Junta de Gobierno, y si mal no recuerdo por unanimidad. También, porque no se quedó en León y allá recibía su salario. Todos los días hábiles estuvo cumpliendo su trabajo. Requerirle el sueldo no prospera en ninguna instancia porque sería violatorio de sus derechos humanos.
Los arranques palaciegos son cada día más desastrados. ¿Y deveras, nadie le advierte nada?
COMPRIMIDOS
Primero vino don Adán Augusto, incluso acompañado de Manuel Velasco; poco después nos visitó Marcelo Ebrard, a quien arroparon empresarios y políticos de diverso pelaje. A doña Claudia la tuvimos que ir a buscar porque ya se veía muy mal que ni un lazo.
Mañana vence el plazo para que el Congreso del Estado interponga el recurso de revisión del amparo concedido a Xavier Nava Palacios. Lo curioso es que no obstante que lo beneficia, el propio XNP hará lo mismo para tratar de que el Tribunal Colegiado entre al fondo del asunto que el juez de distrito no tocó. Si bien les va, habrá alguna resolución hacia mayo o junio.
De ninguna manera es casualidad que la dependencia más opaca del gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sea la que el año próximo recibirá el mayor incremento presupuestal. De mil y cacho de millones de pesos pasará a casi 6 mil. Todo para honrar el apotegma hankista de “Entre más obra más sobra”. Al nuevo Gran Recaudador potosino, el diputado federal Juan Manuel Navarro Muñiz, le van a faltar manos, bolsillos, costales y camiones blindados para cumplir su cometido.
Un poco con el ánimo de amortiguar el golpe que significó la cancelación de los recursos federales para la ampliación y modernización del aeropuerto huasteco de Tamuín, se filtró la información de que casi no lo utiliza nadie, lo cual es cierto, porque el largo de su pista no permite el descenso de aviones comerciales y carece de los servicios elementales de transporte terrestre, manejo de equipaje, restaurante, etcétera. Es decir, el proyecto abortado por el gobierno de López Obrador tenía como propósito convertir un círculo vicioso en otro virtuoso. Les gusta hacerse.
Estaré ausente un par de semanas. Si les parece, nos reencontramos aquí el jueves 5 de enero. ¡Felices fiestas!
