Decía en mi columna del viernes anterior, la aparición frecuente y creciente de los linchamientos en San Luis Potosí es un signo inequívoco del debilitamiento institucional, lamentablemente creo que no me equivoqué, ya que, en los días sucesivos siguió la ola de linchamientos, esta vez, con dos personas incineradas, pero además, se sumó un motín en la penitenciaria, un feminicidio decapitando a una joven estudiante, asaltos a cuentahabientes bancarios, asaltos en la vía pública, todo ello, en la misma ciudad.
Como corolario de lo anterior, San Luis Potosí fue el Estado en el país donde más creció el delito durante el mes de febrero, en un 42%, esto, no es una casualidad, son hechos que percibimos todos.
También en la semana comentaba, el Secretario de Gobierno, Lic. Leal Tobías, que el mecanismo de Alerta de Género no era una “barita mágica” para la disminución de la violencia grupal, creo que tiene razón, ya que ningún mecanismo para la prevención del delito opera por la fortuna o el azar, sino, que son instrumentos racionales para enfrentar un problema social, por lo que, se requiere del factor humano, técnicos con las capacidades y habilidades científicas suficientes, no hacerlo de esta manera, definitivamente sólo con magia y hechizos se obtendrían los resultados esperados.
Pero vayamos por partes, existe ya un consenso en la sociedad potosina que el mecanismo Alerta contra la Violencia de Género no funcionó, aquí, cabe diferenciar una etapa de planeación y diseño del programa (cosa que se hizo desde la Ciudad de México, y, la Secretaria Olga Sánchez Cordero, prometió reformar), otra cosa es, la parte operativa o gerencial del proyecto, y aquí los encargados /as están en San Luis Potosí, son ellos o ellas quienes tienen que rendir cuentas de los pobres resultados.
Lo que quiero decir, se tienen que dirimir responsabilidades acerca de cómo, en qué, y porqué se gastó el dinero de una forma, quién decidió que comprar dos aisladas patrullas era la mejor forma de enfrentar la problemática ¿Por qué mejor no se compraron cientos de brazaletes de geolocalización para mujeres amenazadas o en riesgo? Como verá se trata de mera toma de decisiones de gerentes/as públicos, que al paso de los hechos a la sociedad potosina le están pareciendo estrategias inefectivas.
Clamaba la diputada Benavente, sobre la situación caótica en el penal, para que no se volviera un evento similar a los funestos sucesos de abril de 2013, en donde 13 reos fueron sacrificados; paralelamente, el Secretario de Seguridad Pública Federal, Lic. Durazo, aceptaba que el 50% de los reclusorios en el país están en manos del crimen organizado. Es por ello, que el motín del pasado domingo en la Pila debe ser investigado hasta llegar a sus causas que dieron origen
De los linchamientos, uno pensaría que las autoridades policíacas se toman en serio el problema, pero ocurre lo contrario, hay un desinterés injustificado, lo que manda el mensaje de orfandad social, que cada quien se las arregle como pueda. Empero, las conductas desplegadas por los pobladores, rayan en barbaries atroces, inaceptables en una sociedad democrática, personas asesinadas a golpes, quemadas vivas ante la inacción estatal. Es por ello, que decía que la eventual recomendación de la CEDH, sobre el caso Milpillas sería determinante para regresar al Estado de Derecho, conozco al Ombudsman, Jorge Andrés López, y en lo personal, le sigo dando un voto de confianza.
Es innegable que San Luis Potosí atraviesa por una crisis de seguridad pública, a donde se vea, no obstante, si reparamos en lo que acabamos de mencionar en este artículo, veremos que estamos ante una delincuencia común, y de ella son responsables el Gobierno de Estado y los municipios, así, lo ha hecho ver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuando debatía la Ley de Seguridad Interior), señalando que no todo conflicto que ponga a la sociedad en peligro es competencia de la fuerza militar, sino, sólo aquellos que atenten contra las instituciones y la paz del país.
Además, la Suprema Corte, se ha cuestionado porqué los gobernadores no han dispuesto del mando de las policías municipales para hacer frente a la delincuencia común, cuando haya alteración grave al orden público, y, dejar sólo a la guardia nacional para enfrentar a la delincuencia organizada.
Coincido con el alto tribunal, si el Gobernador de San Luis Potosí, hiciera uso de esta facultad contenida en el artículo 115 fracción VIII de la Constitución, dispondría en automático de casi 8 mil policías, mucho más del doble de los elementos esperados de la guardia nacional, 3 mil. Pero, primero hay que reconocer que estamos en una crisis y que hay una alteración grave del orden público.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes
carloshernandezyabogados@hotmail.com