“Dos conceptos disímbolos
entre sí y siempre equivocadamente relacionados”.
Escribía hace algunos meses en este mismo espacio, lo siguiente: Las vacaciones, los “puentes festivos”, y el mero transitar (por cualquier medio) en las calles y las carreteras en México es cuestión de vida o muerte. Entre el 2007 y 2017 han muerto 60 mil 930 personas en 4 millones 452 mil 295 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, según datos del INEGI. Casi la mitad de muertos que en un sexenio se lleva la guerra contra la inseguridad, con Felipe Calderón 120 mil 934 y con Enrique Peña 122 mil 889 muertos.
Viene encamino una propuesta para una Ley General de Seguridad Vial, se están llevando a cabo Foros Regionales en un parlamento abierto y plural, acá en San Luis Potosí se efectuó el quinto. Ahora bien, respecto al proyecto de la aludida Ley quisiera exponer, que me parece equivocado relacionar la seguridad vial con la seguridad pública. Estipula el proyecto de Ley en el Título Segundo, denominado “Gestión de La Seguridad Vial”, Capítulo I Del Sistema Nacional de Seguridad Vial, la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Vial”. No obstante, habría que plantearnos primero, si la materia de vialidad y sus resultados son un concepto de seguridad pública y una cuestión de policías de tránsito, o una cuestión estrictamente de salud pública.
Nadie puede negar que los tiempos más violentos en materia de seguridad pública, son ahora, y un buen rato más, con un Sistema Nacional de Seguridad Pública SNSP desde hace 22 años, y hoy observamos con tristeza que pasó con dicho sistema.
Enuncian también en el proyecto de Ley: “Es menester realizar una observación y que se refiere a porqué consideramos que la Secretaría de Gobernación debe presidir la Agencia de Seguridad Vial” (Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
Es urgente, pero de ya, deslindar la futura Ley General de Seguridad Vial, de la Seguridad Pública y sobre todo del 21 constitucional. Los policías más corruptos son los Policías de Tránsito, desde la modificación del 115 constitucional en el año de 1983, al considerar como un servicio público la “seguridad pública y tránsito”, esto ha provocado distorsión desde entonces de la seguridad pública, se le adjetiviza como un servicio y no como una función que va de la mano de los tránsitos municipales en los 2,457 municipios que existen. Quedó simbolizada la vialidad en los municipios y pues hoy vemos los resultados negativos, estrictamente recaudatorios y de extorsión las “políticas” municipales en materia de vialidad y de control de alcoholemia en la sangre, que se convierten irónicamente en sangrías nocturnas los dispositivos implementados, por poner solo unos ejemplos.
TAPANCO: Les expuse en mi ponencia a los Senadores y Diputados: Conformar una Agencia Nacional de Tráfico, con agentes (hombres y mujeres) civiles, técnicos en vialidad y movilidad, sin portar armas de fuego y que jueguen un papel transcendental de proximidad social vial y de prevención, así como de la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas a nivel nacional. Para lo anterior, se tendría que crear una Escuela o Universidad de Vialidad, que “produzca”, hombres y mujeres técnicos en la materia. Siguiendo el tipo del CENAPRED, la prevención como función y con cursos de certificación de sus integrantes por niveles, hasta llegar a peritos en hechos de tránsito terrestre. “Agentes de Tráfico” profesionistas que tengan como misión la vigilancia, regulación, auxilio y control del tráfico y del transporte, así como garantizar la seguridad de la circulación en las vías nacionales.
Igual consideré, que conceder la Seguridad Vial a la Secretaria de Gobernación, sería un error, la historia nos ha demostrado cómo un órgano político, no puede ni debe estructurar políticas de seguridad, de ningún tipo, no es su función, en todo caso correspondería a la SCT, que casualmente se instalará en tierras potosinas.
Francisco.soni@uaslp.mx twitter: @franciscosoni