SI NO SABES, ¡PREGUNTA!
Desde hace 60 años, a partir de noviembre de 1962 para ser exactos, por mandato legal en este país los salarios mínimos generales y profesionales los fija una comisión tripartita en la que están representados trabajadores, empresarios y el gobierno federal. Nada tienen que ver en este tema ni los gobiernos estatales ni los diputados, sean locales o federales. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) cuenta con un Consejo de Representantes, que es al que le corresponde determinar cada año o cada vez que sea necesario, cualquier ajuste en materia salarial. Para determinar cifras, cuenta con una robusta Dirección Técnica. El soporte jurídico figura en los artículos 551 al 574 de la Ley Federal del Trabajo.
A la luz de lo anterior, el anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona hecho la semana pasada, en el sentido de que “los diputados del Partido del Trabajo” (se supone que los locales) presentarán una iniciativa para que el salario mínimo general en la entidad pase en enero próximo de 5 mil 258 a 8 mil pesos mensuales, no solo es un disparate sino, y eso es lo preocupante, una muestra palpable de impreparación, de falta de conocimientos elementales para gobernar y de un irrefrenable afán de anunciar acciones aunque sean totalmente inviables.
En casos como éste lo más fácil es quedarse en la anécdota y convertirla en combustible para la crítica o, si se prefiere, la mofa de la autoridad. Quizá sea más sano abordarlo con seriedad, dado que los riesgos que comporta van dejando de
ser triviales.
Si fuera el único dislate gubernamental sobre la mesa, sin duda sería exagerado convertirlo en materia de conclusiones radicales. Lamentablemente no es así. La absurda pretensión gallardista de legislar localmente en una materia exclusivamente federal y colegiada como lo es la fijación de los salarios mínimos, viene del mismo manantial de otras no menos disparatadas.
Es el manantial de donde han brotado, por ejemplo, la idea de incluir en nuestra legislación la pena de muerte para feminicidas y la castración genital o química de violadores, igual que la de fortalecer “la política exterior del estado” y la de ir a vender mezcal a Líbano. La pena de muerte y cualquier forma de mutilación o tortura están expresamente prohibidas por la Constitución General de la República y por varios convenios internacionales suscritos por México; la política exterior estatal no existe por ser una atribución exclusiva de la federación (Senado y Ejecutivo) y ofertar bebidas alcohólicas en un país musulmán, donde su consumo está severamente restringido, es algo muy loco.
Sin traer a colación otras cuestiones como lo de la inflación que no se sentiría para nada en San Luis gracias a los programas sociales de este gobierno (que alcanzan al escaso dos por ciento de la población), o su extrañísimo orden de prioridades, la visión de conjunto conduce a una interrogante inicial: ¿Se le paralizará el corazón a Gallardo Cardona si admite que hay cosas de las que no tiene la menor idea y pregunta a quien sí sepa? Otra, siendo tan gastalón como es ¿no podría pagar un par de discretos asesores que le resolvieran cualquier duda antes de lanzar al aire sus demenciales propuestas?
Por cierto, en temas tan de carácter jurídico como las inconstitucionales penas draconianas a feminicidas y violadores, la fijación de salarios mínimos estatales y el de convertir el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en la República del Potosí con su propia política exterior, ¿de qué sirven los títulos de licenciados en derecho que ostentan Gallardo Cardona, Lupe Uñas Largas y Néstor Garza Álvarez?
Hasta donde alcancé a conocerlo antes de que lo metieran en prisión, me quedé convencido de que Ricardo Gallardo Cardona no es tonto; para nada, creo que es bastante inteligente en esa modalidad de “chico listo”, pero los hechos comprueban que su inteligencia es anulada por sus fallas de personalidad o de carácter. Tres sobresalen: el gusto por el dinero, el protagonismo desmedido y una soberbia mayor que le impide reconocer sus déficits de preparación.
Hay quienes ya están convencidos de que a final de cuentas lo que más mueve y motiva a RGC son sus afanes caciquiles. Si así fuera, quizá le convenga saber que los dos caciques postrevolucionarios que ha tenido San Luis Potosí, Saturnino Cedillo y Gonzalo N. Santos, fueron hombres bastante cultos. Ambos tuvieron bibliotecas personales interesantes y hablaban otros idiomas. Cedillo incluso tocaba el piano y Santos aprendió francés para irse de embajador a Bélgica.
Me apropio hoy de las frases de dos buenos y apreciados amigos, que no menciono por sus nombres porque no alcancé a consultarlos. Dice uno que “nadie está obligado a saber lo que no le han enseñado” (pero puede preguntar), y por su parte el otro sostiene siempre con sonrisa sarcástica: “¡Pero que osada es la ignorancia!”.
CAYERON FÁCIL
Varios integrantes del Consejo Consultivo Potosí andan inquietos porque tienen la sensación de que están por comenzar a cargar muertos que no son suyos.
Me explico: el CCP quedó constituido formalmente en febrero pasado, y en el marco de acuerdos verbales con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona sus integrantes se pusieron a trabajar para presentar un proyecto de obras por aproximadamente cuatro mil millones de pesos, a gastarse en cinco años. En junio, luego de varios meses de trabajo presentaron una propuesta que incluye sobre todo vialidades y puentes en diversos puntos de la ciudad, encaminados principalmente a resolver problemas ingentes de movilidad hacía la Zona Industrial.
Poco después, ante la decisión del gobierno federal de cortarle los recursos a la vía alterna hacía el mismo sector, que está a medio construir, entre los empresarios y el mandatario se habló de destinar a su terminación parte del presupuesto contemplado para el CCP.
La toma de decisiones se fue haciendo lenta, hasta que finalmente el martes de la semana pasada los consejeros lograron una reunión de trabajo con RGC. Ahí quedó claro que por lo pronto no se invertirá en la continuación de la vía alterna, pues todavía hay esperanzas de que el gobierno federal reanude las aportaciones en 2023.
En resumen, se habló de arrancar en breve un puente atirantado sobre la carretera a Rioverde, lo que sorpresivamente ocurrió tres días después, sin ninguna participación notoria de miembros del Consejo Consultivo y solo de pasada se mencionó en el discurso oficial que esa obra estaba avalada por sus integrantes.
De febrero a la fecha, el tema de las obras públicas se ha enrarecido mucho, sobre todo por la obstinada opacidad gubernamental; su irreductible negativa a transparentar licitaciones, adjudicaciones, nombres de contratistas, costos estimados y reales, etcétera.
Para los integrantes del CCP (dos o tres de los cuales ya no asisten y uno o dos más están a punto de dejar de hacerlo), comenzó a quedar claro que en todo esto hay un factor que los perjudica: la percepción popular de que ellos no se concretan a proponer obras sino que las reparten y algún beneficio obtienen. Entiendo que no es así, pero quizá para evitarse cargar culpas ajenas convendría que hicieran públicas algunas precisiones.
A saber:
¿Los señores consejeros participan de alguna forma en las licitaciones de tales obras, o por lo menos los dejan verlas por encimita? ¿Tienen algo que ver con los fallos y adjudicaciones? ¿Avalan en cualquier medida la capacidad técnica y financiera de los contratistas? ¿Velan porque los intereses legítimos de constructores potosinos (que no sean ellos mismos) se respeten? ¿Manejan el presupuesto, pasan los dineros por sus manos?
Creo que si no quieren salir manchados de lodazales formados por otros -y sin beneficio alguno, ni económico, ni profesional ni de prestigio-, nada les costaría aclarar a la opinión pública cuáles son los alcances reales de su participación en todo este enjuague.
Imposible olvidar que a principios de año, cuando comenzó a fraguarse esto del CCP, el gobierno y sus publicistas lo vendieron como un cambio histórico en la relación gobierno iniciativa privada, como el pleno restablecimiento de la fraternidad entre sectores claves de la sociedad potosina.
Esa lancha está haciendo agua y quienes se treparon ya descubrieron que no va a las playas de la eterna armonía social sino a la carpa de Platanito. ¿Ingenuos? Difícil creerlo.
COMPRIMIDOS
Del tan esperado best seller El Rey del Cash se ha escrito tanto, en un sentido u otro u otro, que luego de leerlo y leer a sus críticos y analistas me quedo con una impresión principal: Según sus filias y fobias, cada quien encontró en ese texto lo que quiso encontrar. Para unos, un torpedo que pegó debajo de la línea de flotación de López Obrador, y para otros una confirmación indirecta de su eterna austeridad, frugalidad y honestidad valiente.
Como se preveía, el oceánico volumen de la información hackeada de la Secretaría de la Defensa por Guacamaya Leaks, ha terminado por dificultar la asimilación de lo que es relevante. Con todo, algunas cosas interesantes resaltan. Por ejemplo: numerosos archivos revelados dan cuenta de que la Sedena tiene buen conocimiento de los principales delincuentes con nombres, apellidos y apodos, conoce con detalle sorprendente sus redes familiares y criminales; incluyen domicilios y razones sociales de establecimientos que frecuentan o utilizan de fachadas, y en algunos casos hasta sus hábitos personales describen. Entonces ¿por qué no los detienen?
El fin de semana los potosinos nos fuimos a dormir con el anuncio de Gallardo Cardona de que ya no reciclaría cartuchos quemados y que para la Secretaría de Turismo se incorporaría a una mujer proveniente de la iniciativa privada. Al despertar el lunes, resultó que la designada sí es mujer, joven además, pero viene del servicio público en Soledad de Graciano Sánchez. La única explicación que encuentro es que para RGC el Ayuntamiento del vecino municipio es su negocio privado.
El sábado anterior la encuestadora Mitofsky difundió unos resultados interesantes. Midió la aprobación del presidente López Obrador por estado y sus principales municipios. Así, mientras que a nivel nacional ese indicador -según la misma casa- es del 60 por ciento, en San Luis Potosí es del 56.8. Es decir, los potosinos aprueban el trabajo presidencial un poco por debajo de la media nacional. En cuanto a los municipios, encontramos Ciudad Valles con el 77.7 por ciento de aprobación; Soledad, con el 69.3, Matehuala con el 60.4, Rioverde con el 50.9 y la capital con el 44.0. Conclusiones: en Valles adoran a Amlo y aquí lo aprecian muy poco.
Hasta el próximo jueves.
