Simple burbuja
“Todos los derechos asegurados para
los ciudadanos por la Constitución no valen nada, son una simple burbuja, si no son garantizados por un poder judicial independiente y virtuoso”.
Andrew Jackson
¡Cómo han cambiado los tiempos! El 9 de agosto de 2018, al recibir su constancia de mayoría como presidente, Andrés Manuel López Obrador declaró: “En el nuevo gobierno, el presidente de la república no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos”.
Hoy vemos a un presidente furioso con los abogados que llevan juicios de amparo contra sus reformas, a quienes descalifica como “traidores a la patria”, y con los jueces que emiten fallos con los que no está de acuerdo: “Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial [sic] haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”.
Quizá el presidente no lo sepa, pero el amparo es precisamente el instrumento jurídico con el que los particulares pueden defenderse de los actos de la autoridad que “violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte” (artículo 103 de la Constitución).
No es sorpresa que se hayan concedido ya numerosas suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica porque es claramente inconstitucional. El artículo 28 de la carta magna prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, y en la industria eléctrica solo exenta de esta prohibición “la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”.
La Comisión Federal de Electricidad sigue manteniendo un monopolio constitucional sobre las redes de transmisión, a pesar del pésimo trabajo que ha hecho, el cual ha provocado varios apagones importantes. Los tribunales, sin embargo, ya habían señalado que la Política de Confiabilidad del Sector Eléctrico Nacional violaba la Constitución al ordenar prácticas monopólicas para favorecer a la CFE en generación y comercialización. Era claro que los mismos fallos vendrían con una ley que repite las acciones de esa política.
Que el presidente amenace públicamente a los jueces y pida una “revisión de su proceder” es inquietante. No es una amenaza teórica. El gobierno ya forzó la renuncia de un ministro, Eduardo Medina Mora, al congelar sus cuentas bancarias.
El presidente dijo en un principio que no haría una contrarreforma energética porque entendió, quizá, que provocaría una caída de la inversión. También sabía que no contaba con los votos en el Congreso para enmendar la Constitución. Aun así, ha aprobado una ley inconstitucional. Quizá pensó que ganaría tiempo, mientras espera por una victoria en las elecciones de junio, o que el asunto terminaría en una Suprema Corte en la que se necesitan ocho votos de 11 para declarar la inconstitucionalidad. Por lo pronto, hay que aplaudir el valor del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sostenido un criterio jurídico impecable pese a las presiones.
El presidente López Obrador afirmó al recibir su constancia de mayoría: “El ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a los otros”. Hoy debería recordar sus propias palabras.
Arbitrajes
No sé si AMLO logrará someter al poder judicial para avalar la contrarreforma eléctrica, pero las empresas afectadas por este cambio retroactivo de las reglas podrán recurrir también a arbitrajes internacionales. Y el gobierno mexicano no podrá intimidar a los jueces de esos paneles.
Twitter: @SergioSarmiento
