Sin atajos
Hace unas horas participaba en una mesa de conversación sobre candidaturas y derechos políticos de las personas transgénero en México. Un tema pertinente y relevante por aquello que hemos estado insistiendo: una democracia no es tal si no están todas(os). En el desarrollo de la charla se hablaba sobre las deudas históricas sobre las poblaciones vulneradas, sobre las distintas violencias que se viven y los obstáculos sociales, culturales e incluso institucionales que dificultan el ejercicio de los derechos políticos.
Como siempre, algunas demandas de grupos de la sociedad permiten abrir espacios a punta de sentencias. De manera paralela corre la necesidad de contar con una ruta de sensibilización que permita contar con una base social de apoyo y reconocimiento. Si hay voluntad política después vendrá la legislación. Así ha ocurrido con los distintos debates sobre la modelación de la representación política. Así tendrá que ocurrir también en materia del ejercicio de los derechos políticos de la población transgénero.
Y ya que estamos a unas semanas de comenzar las campañas proselitistas en todo el país, quisiera compartir con Usted un problema recurrente que bien podría ser recuperado en las agendas de trabajo (que no son lo mismo que las promesas de campaña) de quienes aspiran a acceder a un cargo de elección popular: hacer que las cosas ocurran.
En la disciplina de las políticas públicas suele entenderse que la acción del estado no se describe o entiende desde una actividad aislada de una institución gubernamental, sino en el encadenamiento de concepciones, recursos, decisiones, actividades y acompañamiento que se orienta a resolver un problema público o a modificar una situación. Si se me permite ilustrar esta idea con un ejemplo cotidiano, hay quienes se entusiasman en hacer creer que legislar sobre determinados temas o asuntos, resuelve los problemas públicos. Cualquier plática sincera con quienes tienen alguna experiencia legislativa puede demostrar que el acto de crear o modificar leyes no termina de resolver un problema, sino que representa uno de muchos pasos que tienen que darse para cumplir un propósito. De lo que estamos hablando es de favorecer un sentido de integralidad de la acción del estado: ¿qué va a pasar después de la legislación? ¿cuántas facultades y obligaciones de las instituciones gubernamentales, cuántos derechos reconocidos en las leyes, no logran concretarse por la ausencia de vías de implementación de lo que está en las leyes?. Facultades sin presupuesto es retórica, dicen. Lo mismo ocurre con los derechos que se reconocen en las leyes, pero que no se hacen efectivos en la realidad concreta.
Del lado de la ciudadanía, conviene favorecer una base de exigencia que demande acciones de estado. De esas completas e integrales. Sin atajos argumentativos ni pretextos.
Twitter. @marcoivanvargas
