¿SOBERBIA?

Varios de los favoritos del gallardismo para despachar a partir del 15 de septiembre como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, están bailando en la cuerda floja por virtud de las impugnaciones interpuestas en su contra por aspirantes inconformes. En opinión de conocedores consultados, los que están en mayor riesgo de "caerse" son entre tres y seis. En casi todos los casos, los beneficiarios de esas "caídas" serían gente distante del Ejecutivo Estatal.

Como ya lo informó la presidenta del Tribunal Estatal Electoral, dentro del plazo previsto por la ley se recibieron catorce impugnaciones. Ocho se relacionan con los cargos de jueces, y los seis restantes se refieren a magistraturas del STJE (15 en total) y del TDJ (otras 3). Por hoy nos referiremos únicamente a tres casos que tienen que ver con el primero de estos tribunales, que son los de mayor jerarquía y control de todo el aparato judicial potosino.

Los litigios para desahogar las impugnaciones se llevarán ante el Tribunal Estatal Electoral y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con dos instancias como mínimo y la posibilidad de tres en casos de ciertas características. Sea como fuere, las resoluciones definitivas deben estar emitidas a más tardar unos días antes de que tomen posesión los nuevos magistrados en septiembre próximo.

Entre los afines al gallardismo más consistentemente cuestionados, destaca José Luis Ruíz Contreras, a quien sus detractores le imputan ser inelegible para el cargo de magistrado, que el Ceepac ya le reconoció y entregó la correspondiente constancia de mayoría. El recurso por separado, lo están impugnando los candidatos Juan Paulo Almazán Cue, Héctor Vega Robles, José de Jesús Cárdenas Turrubiartes y Yanet Hernández Trejo.

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Los alegatos de inelegibilidad tienen dos argumentos principales: Primero, que Ruíz Contreras violó el artículo 92 de la Constitución Política del Estado que, dicho en términos llanos, dispone que no podrá ser magistrado quien haya sido Fiscal estatal, salvo que se hubiese separado del cargo un año antes de la expedición de la convocatoria respectiva. Este documento se emitió el 23 de enero del año en curso, en tanto que el también exsecretario de Seguridad Pública renunció a la fiscalía el 2 de mayo (se la calificó y aceptó el Congreso el día 9). El calendario es implacable: entre ambas fechas median menos de 12 meses.

¿Por qué con ese impedimento tan claro se inscribió para candidato? No lo sabemos en este momento, pero sin duda que al presentar sus alegatos de defensa deberá exponer sus razones. Quizá haya entendido, por ejemplo, que la Constitución se refiere a años venusinos. 

Pero en su contra hay algo que quizá pese más: la Constitución y la convocatoria disponen que quienes al registrarse como candidatos estuvieran en servicio en el Poder Judicial, (aunque tengan licencia o permiso), serán inscritos en forma automática y no estarán obligados a formar expediente, salvo que aspiren a un cargo distinto al que ocupan (artículo 92 fracción VII de la Constitución Política del Estado).  

Ruíz Contreras es juez con licencia, se postuló para magistrado y se benefició del pase automático. Misteriosamente ni el Ceepac ni el Comité de Evaluación del Poder Judicial dijeron nada al respecto, no obstante ser algo público y notorio. ¿Contubernio, omisión, indolencia, incapacidad?

Tres de los inconformes que combaten la elección de Ruíz Contreras impugnan también al exsubsecretario de Gobierno Ángel Gonzalo Santiago Hernández y a la extitular del Centro de Justicia para las Mujeres, Mónica Kemp Zamudio. Ambos son jueces con licencia y ambos se inscribieron para magistrados, beneficiándose indebidamente del pase automático, sin tener derecho a ello y también sin que el Ceepac ni el Comité de Evaluación dijeran esta boca es mía.

Como ya decía párrafos arriba, va a ser muy interesante conocer los argumentos de defensa que esgriman Ruíz Contreras, Santiago Hernández y Kemp Zamudio, pero más interesantes y trascendentes serán los fallos de los tribunales electorales, comenzando por el estatal, que como es sabido incorporó dos nuevos magistrados hace un par de meses, a los que podrán acusar de todo menos de ser verdes/gallardistas.

Menciono esto porque entre las numerosas opiniones que he recogido estos días, sobre el extraño comportamiento de Ruíz Contreras, Santiago Hernández y Kemp Zamudio, hay una en el sentido de que cuando se fraguó toda la estrategia del gobierno estatal para el apoderamiento cabal del Poder Judicial, no pensaban que al designar magistrados del Tribunal Estatal Electoral el Senado de la República iba a ignorar olímpicamente las propuestas de Gallardo Cardona y, peor aún, iba a designar a dos abogados jóvenes estrechamente vinculados con la 4T e, históricamente, con las izquierdas potosinas. Hay que recordar que las reformas constitucionales, la expedición de la convocatoria y los registros de candidatos ocurrieron entre diciembre y marzo, y las desfavorables designaciones en el tribunal electoral se hicieron en abril.

Finalmente, por hoy, solo dejar claro que si eventualmente en tribunales les fueran desconocidos sus triunfos a Ruiz Contreras, Santiago Hernández y Kemp, sus lugares por orden de prelación los ocuparían Almazán Cue, Vega Robles y Hernández Trejo, otros que podrán ser acusados de lo que sea menos de gallardistas.      

SIGNOS DE LOS TIEMPOS

En lo que va de este año, el Centro Estatal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del gobierno federal ha expedido 17 licitaciones para la adjudicación de otros tantos contratos de obras. Han participado en total 236 empresas, lo que arroja un promedio de casi 14 participantes por convocatoria. Conjuntamente, la Seduvop y la Junta Estatal de Caminos han convocado a cuatro licitaciones, en las que han participado únicamente cuatro interesados. Es decir, uno por cada evento.

Según nuestras indagaciones, cuatro serían las principales razones para que la inmensa mayoría de los constructores potosinos hayan decidido alejarse de las licitaciones estatales de obras, por atractivos que parezcan los contratos. A saber:

1.- Las licitaciones o concursos estatales son una vil farsa. Los contratos están asignados de antemano a los favoritos de la administración gallardista.

2.- Si participas, te descalifican, y si te inconformas decidido a impugnar los fallos ante las instancias legales, de inmediato te amenazan con que no volverás a ser beneficiado con ningún contrato estatal. Si persistes en tu actitud combativa, individuos de pésima catadura y aparentemente armados, comienzan a rondar tu empresa y hasta tu casa. ¿Así o más claro?

3.- Los moches cada día están más elevados y reducen drásticamente el margen de utilidad. La cantidad que piden los funcionarios encargados de asignar las obras fue por muchos años de entre el 10 y el 12 por ciento; al inicio de esta administración subieron al 20 y actualmente hay casos que rondan el 30 por ciento, y por adelantado. "La única manera de pagar esas dádivas es aplicando sobreprecios disparatados o, peor aún, reduciendo la calidad de los materiales y hasta de la mano de obra, con los resultados que ya hemos comenzado a ver, en el puente elevado de Prados, por ejemplo", me dijo un viejo constructor, y

4.- "No pagan". Tan lacónica expresión pinta de cuerpo entero una de las razones más poderosas de los constructores serios para alejarse de los contratos estatales. Nos explicó uno de nuestros consultados que son tan largos los retrasos en los pagos -llegan a ser años- que los costos financieros evaporan cualquier utilidad. "Te exprimen con el moche y luego te dan la puntilla con el impago".

Las 17 convocatorias lanzadas por la SICT en este año suman un importe global de 803 millones de pesos. 280 millones (34.8 por ciento) fueron adjudicados a empresas foráneas y los restantes 523 millones (65.2 por ciento) a compañías potosinas.

 También en este año, Seduvop y JEC han contratado 4 obras en conjunto, que importan un costo de 370 millones. Una empresa foránea se adjudicó 318 millones, equivalentes al 86 por ciento. A los potosinos que se animaron a entrarle les correspondieron 51 millones, que representan algo menos del 14 por ciento.

Una convocatoria de la SICT tuvo 21 participantes. La que menos, 3. Las dependencias estatales tuvieron, hay que reiterarlo, uno único, un solo participante en sus cuatro licitaciones. "No pagan", dicen.

COMPRIMIDOS

Una felicitación para la fiscal García Cázares, mayormente conocida como Manuelita, y los investigadores a sus órdenes, por la captura de los presuntos homicidas de la señora Sandra Revilla. A una semana de la aprehensión no hay indicios de montaje o fabricación de culpables. Ojalá, para fortalecer la confianza pública, pueda la FGE ser más clara y precisa a la hora de explicar el móvil. Nada cuesta.

Pues lo que parecía ser una versión con escaso sustento, al paso de los días ha cobrado consistencia. Sobre todo porque ya son varios los testimonios de diferentes lugares del estado y en eventos de distinta naturaleza, que coinciden en el punto central: Gallardo papá quiere ser el próximo gobernador, o por lo menos candidato (ya ve que luego le da por perder elecciones). Son cada vez más los potosinos que han escuchado lo que parecen ser los lemas de batalla: "Yo soy mano", "Yo lo hice lo que es", "tengo más méritos". Esto promete ponerse bueno.

Si nota usted que hay un par de diputados locales, una fémina y un varón, que pese a ser de partidos diferentes al Verde se esmeran en destacar como los mejores, más diestros e insuperables lamebotas de Gallardo Cardona, ni se quiebre la cabeza; no es ninguna pirueta ideológica ni una epifanía. Simplemente los traen muy pero muy bien maiceados. Tanto que si sus compañeros quieren entrarle a la polla van a aumentar la deuda pública de por sí desbordada. Quién los viera.

Algunos de esos que dicen ser capaces de seguir la huella de una culebra en el agua, sostienen que el inclemente regateo del Ejecutivo estatal con el presupuesto del Ceepac, en realidad fue una estrategia tan perversa como astuta o una jugada de catorce bandas. Sin dinero suficiente, una de las áreas más propicias para aplicar recortes era la contratación de personal eventual para fungir como auxiliares de casillas y cosas parecidas. Luego, compasiva y solidariamente, el Verde invadió con sus propios chalanes las mesas de votación que carecían de ese tipo de elementos, y a despacharse con el cucharón. Canijos.

Hasta el próximo jueves.