Tiempo para reformar
Hace un par de semanas escribí en este espacio sobre la necesidad de abrir la discusión de la reforma político-electoral a la ciudadanía que, en última instancia, es propietaria de su democracia. Tengo entendido que durante las últimas horas el Partido Acción Nacional hizo el anuncio de la presentación de un documento que contiene su propuesta de reforma político-electoral en nuestro país que se suma a la ya presentada por el Presidente de la República y a otra propuesta -que personalmente solo he visto referida en notas de prensa- por parte del Partido del Trabajo. La lectura detallada de los documentos presentados y las notas de prensa indican una verdad incontrovertible: no existe un diagnóstico claro y consensuado sobre las fortalezas y debilidades del sistema electoral, así como de las posibles soluciones que tendrán que implementarse para atender a problemas que aún no han sido definidos.
En el terreno del análisis y la interpretación de las cosas, hay dos antecedentes que pongo a su consideración: el tiempo en el que se proponen -e implementan- estas reformas y la relación que existe en su origen y contenido.
El asunto de la temporalidad requiere un breve ejercicio de memoria política, entre 1977 y 2014, México experimentó once reformas electorales. Algunas de fondo y con alcances de modificación constitucional -que requieren amplios consensos en el Congreso por medio de mayorías calificadas- como las de 1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014, mientras que otras solo modificaron ciertos aspectos puntuales en legislación secundaria -que solo requieren mayorías simples en la Cámara- como las de 2002, 2003 y 2005. Quiero referirme al tiempo en el que se presentan y se logran las reformas de rango constitucional en términos del periodo de la presidencia en turno. Si hacemos cuentas sobre estas reformas encontramos que solo una de las ocho que se encuentran en este rango, ocurrió en el último trienio del mandato (1993) mientras que las siete restantes ocurrieron durante el primer trienio del periodo constitucional de la presidencia. Hay distintas razones que se explican en función del contexto específico del momento en el que se gestaron, la regularidad en estos casos podría describirse en dos situaciones: la primera es que las reformas de gran calado suelen ser producto de acuerdos políticos posteriores a una elección presidencial como respuesta a las demandas de la oposición que buscan mejores condiciones de competencia; la segunda se refiere a la capacidad política de construir consensos en las cámaras. Un presidente entrante suele aprovechar la mayoría que tiene en las cámaras para acordar grandes reformas que serán implementadas durante su sexenio, y esto debe ocurrir antes de la elección intermedia donde suele disminuir la cantidad de escaños que tiene su partido -lo que aritmética y políticamente dificulta la construcción de una mayoría calificada-.
El otro antecedente se refiere a la relación que existe entre el origen de la reforma y el contenido de esta. Usualmente el contenido de las reformas es una respuesta a los reclamos de la ciudadanía y/o la oposición que demandan mejores condiciones de competencia en la contienda. El conflicto político de 1988 dio origen a la creación de una autoridad electoral autónoma, ciudadanizada y profesional que se hiciera cargo de la organización de la elección. Los reclamos del denominado “Pemexgate” y el escándalo de la organización “Amigos de Fox”en el 2000 propiciaron el desarrollo de reglas para evitar el financiamiento irregular en las campañas. La crisis postelectoral de 2006 dio origen a la prohibición del uso personalizado de la publicidad oficial, disposiciones para prevenir episodios de la llamada “Guerra sucia” (¿se acuerda del “ya cállate chachalaca”?) y el desarrollo de procedimientos exhaustivos de recuento de paquetes electorales (¿se acuerda del “voto por voto, casilla por casilla”?). En 2014 se buscó fortalecer la fiscalización -deficiente- a los gastos de los partidos y la presunta compra del voto denunciada en 2012.
El hecho de que en esta ocasión se presenten iniciativas de reformas político-electorales de rango constitucional, a quince meses del inicio del siguiente proceso electoral -en el que se elige una nueva presidencia de la república- y en el que el partido del presidente no cuenta con los escaños suficientes para realizar cambios constitucionales sin necesidad de los votos de la oposición no implica que estas reformas no puedan realizarse. Lo que es claro es que se requiere de una amplísima capacidad de construcción de acuerdos -o de negociación, que no es lo mismo- sobre un universo de temas en los que no parece existir un consenso entre las partes. La historia nos ha enseñado que las grandes reformas requieren de tiempos prolongados de deliberación. Lo otro es el tiempo disponible para implementar los cambios acordados.
En un país con tantos problemas, la salud política también importa. Hay que tomárselo en serio y hacer las cosas de forma correcta. En esto se van los años.
Twitter. @marcoivanvargas
