Tiempos de ajustes
Son tiempos de ajustes. La jornada electoral del pasado mes de junio tuvo como resultado la renovación de legislaturas, gobiernos estatales y gobiernos municipales en gran parte del territorio nacional. San Luis Potosí no es la excepción; el 14 de septiembre se instalará la nueva legislatura del Congreso del Estado, el 26 de septiembre tomará protesta un nuevo gobernador y el 1 de octubre se instalarán los 58 nuevos ayuntamientos en los municipios de nuestro Estado. A nivel federal, la elección tuvo como resultado que el 1 de septiembre se instaló la nueva legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión.
La renovación de las personas responsables de ejercer el poder público en los distintos ámbitos de gobierno, constituye uno de los aspectos fundamentales por los que se organizan elecciones: quien recibe el voto popular debe ejercer una responsabilidad de cara a la ciudadanía a la que se debe. En este espacio hemos comentado ya sobre la crisis de representatividad basada en el notorio alejamiento que ha existido entre los compromisos adquiridos en una campaña proselitista, los programas de gobierno y las conductas y actuaciones de quienes ocupan un puesto de elección popular. ¿Cómo se conducirán en el ejercicio del poder público? ¿De qué manera justificarán frente a la ciudadanía -haya o no votado por ellos- sus actuaciones u omisiones? ¿Se instalarán en la manipulada idea de que quien recibe el mando, en realidad recibe poderes amplios para imponer decisiones según su idea de lo que debe hacerse?.
Hay dos procesos a los que debemos prestar atención, como si se tratara de supervisar al personal recién contratado: qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. En el ámbito legislativo federal y local, resulta fundamental observar la manera en que la conformación de mayorías parlamentarias propicia equilibrios para generar procesos políticos. Esto comienza con el cálculo del peso específico que cada partido político tiene en el Congreso, luego viene la estimación -o suma- de coaliciones parlamentarias que permitirá impulsar mayorías decisoras.
Hagamos un ejercicio de aritmética sencilla: todos los partidos representados en el Congreso tienen cierta capacidad de incidir en la conformación de una mayoría decisora. Incluso, en ciencia política elemental, se conoce como capacidad de chantaje a la posibilidad numérica que tiene un partido -incluso minoritario- para impedir que se promulgue una ley. Ilustro con un ejemplo hipotético: imagine un congreso con tres partidos políticos. El partido A tiene el 40% de los escaños; el partido B tiene el 45% de los escaños y el partido C solo tiene el 15% restante. A pesar de que en este ejemplo el partido C tiene la menor cantidad de representantes, su capacidad de chantaje es determinante: una coalición con cualquiera de los partidos A o B define el sentido de una votación. Si Usted consulta cómo quedó la conformación de los partidos políticos representados en el Congreso, podrá identificar quiénes tienen esa capacidad numérica.
Desde 1997 se ha observado de forma ininterrumpida que la fuerza parlamentaria del partido del Presidente de la República disminuye en la elección intermedia. Le ocurrió a Zedillo en 1997, a Fox en 2002, a Calderón en 2009, a Peña en 2015 y a López Obrador en 2021. Mas allá de este dato cuantitativo, lo que importa es identificar el significado de estos fenómenos. Hay quien piensa -de forma obscena y lamentable, a mi parecer- que el poder que han recibido debe servir para preparar un conjunto de condiciones políticas para la elección del 2024. Consolidar proyectos políticos o sabotearlos, da igual. Por eso debemos prestar atención a lo que hacen quienes ahora se instalan en un espacio de responsabilidad pública.
En los casos de la gubernatura y los ayuntamientos ocurre algo peculiar. Desde un par de décadas es común observar que las administraciones entrantes emprenden un conjunto de acciones a las que denominan “Planes” con una temporalidad específica. Plan de 100 días, por ejemplo. En el mejor de los casos, esos planes constituyen estrategias de transición que permitan tomar las riendas de la administración pública en procesos más o menos armónicos. Hay quienes creen que esos planes tienen el único propósito de realizar una demostración simbólica -o quizás cosmética- de que han llegado nuevos tiempos. ¿Es un asunto de forma o de fondo?. Y no faltan, desde luego, quienes llegan a aprender. Lo que sea que ello signifique.
La política importa. Las instituciones importan. En clave democrática, estos tiempos resultan cruciales: es el comienzo de la materialización de aquello por lo que votamos.
Twitter. @marcoivanvargas
