“La tortura es algo tan vergonzoso, pero es aún peor si se convierte
en la política oficial de
una democracia. Es una contradicción y es inaceptable”.
Tzvetan Todorov.
Hasta qué punto se pueden vincular la tortura y la desaparición forzada de personas como prácticas generalizadas de funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes en sus tareas cotidianas de seguridad (pública, interior o nacional). Parece ser que llevan años estas prácticas, una sin la otra no podría concebirse, sin embargo, se abordan de forma distinta y con marcos jurídicos que a pesar de ser relativamente nuevos, no han podido fusionarse en una política criminal general de prevención paralela.
Me refiero a las leyes: General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Ambas con cinco meses de diferencia en su publicación hace apenas dos años.
La nula prevención del delito de tortura y de desaparición forzada, así como su persecución penal y castigo han provocado en la población una gran irritación y coraje, máxime cuando éstas son perpetradas por quienes supuestamente son los que velan por salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social (bueno, eso dice la Constitución).
“Levantar y dar Piso”, han sido léxicos que llegaron para no irse en un buen tiempo, forman parte ya de los diálogos de jóvenes, adultos y hasta de adultos mayores, todos idean cada uno a su manera, lo que les sucede al adjetivizar -levantados o desaparecidos-. Para Amnistía Internacional, “Las detenciones y reclusiones arbitrarias siguen siendo generalizadas y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, tales como torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Las detenciones arbitrarias muchas veces incluían la colocación de pruebas falsas, generalmente armas y drogas ilegales, por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley”.
Sin contar hasta el día de hoy con un “Registro Nacional de Detenciones”, parece imposible que las prácticas de detención arbitraria con falsas sospechas que la mayor de las veces termina en tortura y desaparición forzada, pueda ayudar en algo a la prevención de este tipo de conductas propias de países con conflictos bélicos y mucho menos como dicta la norma: “no se consideran como causas de justificación o excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que existan o se invoquen circunstancias especiales o situaciones excepcionales, tales como tiempo de guerra, invasión o su peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, grave peligro, conflicto armado, inestabilidad política interna, suspensión de derechos y sus garantías”.
¿Qué hacer contra la tortura y las desapariciones forzadas? Son delitos que se persiguen de oficio, punto. Porque un torturador es quien, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin, causa dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, comete una conducta que es tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Y la desaparición forzada de personas la cometen, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
TAPANCO: Ninguna político que se considere serio, debe dar por sentado que en las instituciones de seguridad y procuración de justicia que encabeza, no se tortura, y mucho menos que en su territorio no existen fosas clandestinas, es el primer paso para el fracaso en la materia.
Francisco.soni@uaslp.mx Twitter: @franciscosoni